En Chiapas, los altos índices de violencia económica, psicológica, física, sexual y feminicida contra las mujeres continúan en aumento. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio recoge que de acuerdo con los datos del SESNSP, en 2020 se registraron en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio.

El municipio de Tonalá es uno de los 7 que en Chiapas mantiene la Alerta de Violencia de Género desde 2016. La impunidad y la falta de perspectiva de género y derechos humanos por parte de los operadores de justicia permiten que la violencia contra las mujeres continúe y se acreciente, lo que resulta preocupante.

Es en este contexto que denunciamos las decisiones que el Juez de control Enrique Jorge Madrid Arriaga dentro de la causa penal 07/2020 radicada en el Juzgado de Control y Enjuiciamiento del distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, concedió a favor del imputado de nombre Abigael “N” y que ponen en riesgo la seguridad de Carolina, víctima del agresor y sus hijos. 

Carolina, denunció penalmente a su entonces pareja, desde 2018, en tres ocasiones por sufrir distintas formas de violencia de género —el arrebatamiento de sus hijos, violencia económica, física, verbal y psicológica—, el año pasado el agresor fue detenido después de que se presentara frente a su casa con un arma blanca amenazándola de muerte.

El Juez argumentando que el imputado debía garantizar los alimentos de tres menores —a pesar de que existen antecedentes de omisión de esta obligación—, sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por otras, dentro de las que se encuentra la prohibición de acercarse a la víctima —medida que antes el agresor no había cumplido—, decisión que ignora el largo historial de agresiones y violencias cometidas y pone pone en grave peligro a la víctima e hijos.

Frente al riesgo inminente en que se encuentra la víctima que ha sufrido daño físico, psicológico y emocional durante años, condenamos las omisiones y falta de perspectiva de género y derechos humanos que el Juez de Control ha tenido en la aplicación de la ley para proteger y garantizar los derechos de las mujeres.

Por ello, realizamos las siguientes exigencias: