TENEMOS UNA CRISIS DE DEMOCRACIA

Por: Michael W. Chamberlin

La democracia es el hábitat natural de los derechos humanos. Es en democracia donde los derechos humanos crecen y se multiplican para todas y todos. Sin los elementos básicos de la democracia, los derechos humanos se asfixian, se confrontan, se confunden: que si la libertad de expresión pone en riesgo la seguridad, que si las manifestaciones de protesta atentan contra los derechos de la ciudad, que si la defensa de los derechos humanos ponen en riesgo la estabilidad del Estado, etc.; y se tiende a crear una ley y una institución para cada problema: comisiones, fiscalías, órganos autónomos, consejos ciudadanos, etc., etc., etc.

Los elementos básicos de la democracia son dos, la legitimidad del poder y la distribución del poder. La legitimidad del poder se refiere al cómo y al que, tanto al proceso que lo constituye respetando la voluntad popular, como al propósito y el contenido del ejercicio mandatado del poder. El ejercicio del poder público no tiene otro fin en una república democrática de derecho, que procurar el bien del pueblo, ese bien a partir de la reforma al artículo 1 constitucional se traduce sin lugar a dudas, de manera objetiva, en los derechos humanos. El poder se constituye por el pueblo (artículo 39) y toda autoridad tiene la obligación de proteger promover, respetar y garantizar los derechos humanos, toda producción de normas de cualquier autoridad (leyes, decretos o sentencias) deberá ser creada e interpretada desde los derechos humanos. Ese contenido del ejercicio de la autoridad es la otra cara y por ello condición de su legitimidad.

La distribución del poder se refiere por un lado a la capacidad de decisión de cada miembro de la comunidad política de incidir y participar de las decisiones, participar de su construcción y de sus resultados. Llamaré Poder, con mayúscula, a la tendencia orgánica de expropiar para sí la capacidad de decisión, es decir, la tendencia contraria a la distribución del poder con minúscula, entendido este como capacidad de ejercicio del libre albedrío personal y colectivo. El Poder en su contexto se repite a diferentes escalas y ámbitos, políticos, sociales o económicos. La distribución democrática del poder en su sentido más amplio, se refleja en el principio de “una persona un voto”, donde un voto es referido a tomar una decisión y no (sólo) a elegir a los decisores. En su otro extremo la distribución del poder tiene herramientas de escrutinio cotidiano de la autoridad y de rendición de cuentas (en lugar de una ley de acceso a la información que tolera al Poder). La participación en la construcción de decisiones y sus resultados, y el escrutinio público de la autoridad, requieren hacerse al ras del suelo, en estructuras de poder local donde se ponga el acento a la vida democrática. Es allí donde se pueden hacer ejercicios repetidos de consultas sobre planes de desarrollo o la definición participativa del presupuesto, el referéndum sobre la elección de los miembros de la policía local, etc.; es allí donde el escrutinio de la autoridad puede ser efectivamente público porque su acción está a la luz del día, naturalmente transparente.

El más reciente decálogo del Presidente Peña Nieto, a propósito de las violaciones graves a la vida y a la integridad de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, señala que la debilidad de las estructuras municipales facilita la infiltración del crimen organizado y propone como solución desaparecer los poderes cuando se presuma la infiltración del crimen en los municipios y la desaparición de las policías municipales para fortalecer las estatales. En lugar de proponer fortalecer la vía democrática pretende aprovechar la desgracia para fortalecer el Poder sin poner un remedio a la corrupción de la que también son presas las fuerzas policiales estatales y federales, incluso las fuerzas militares.

En contraste, las legítimas autodefensas (siguiendo la definición, aquellas que tienen su origen en la decisión popular y sirven para protegerla, y no como un Poder para sí) y las policías comunitarias indígenas nos han demostrado fehacientemente cómo la seguridad democrática es más efectiva que la seguridad militarizada que nos han querido vender pero que sólo beneficia al Poder. La comunidad p’urhépecha de Cherán nos ha demostrado que la debilidad municipal está en la falta de participación en la toma de decisiones y que en su contrario radica su fortaleza, no en las armas, porque los sujetos del derecho son los mismos que toman las decisiones para sí y nadie libremente quiere vivir sometido por el crimen. Lejos de institucionalizar la seguridad democrática, el Poder copta a los grupos de autodefensa o los encarcela. Si en Iguala la policía municipal hubiera estado bajo el referéndum y escrutinio de la población como en Cherán o la montaña de Guerrero, no se habría infiltrado el crimen organizado en ella (como no lo ha hecho hasta ahora), y no habría ocurrido la desaparición y ejecución de los normalistas, por el contrario, en Iguala ni la presencia del ejército esa noche, pudo evitar semejante crimen.

Una nota sobre la legitimidad. Hay quien defiende que la legitimidad es dada por la legalidad, desde mi punto de vista eso es fetichismo legal. La legitimidad es anterior y debe ser condición preexistente a la legalidad. La legalidad es sólo el proceso por el cual una decisión legítima (ya vimos las dos condiciones de la legitimidad) se institucionaliza para darle el carácter de observancia obligada a propios y extraños. Particularmente en países como el nuestro donde la creación de normas está alejada de la voluntad popular, pretender que la legitimidad devenga de la legalidad es hacerle el juego al Poder.

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