Hermosillo, 25 de mayo de 2020.- El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en Hermosillo dictó medidas favorables a Bacanuchi, en el Río Sonora, para resolver de manera urgente la falta de atención médica en la comunidad, como respuesta al juicio de amparo promovido por seis niños, de entre nueve y doce años de edad, y sus madres, como sus representantes legales.
En el amparo se alegan violaciones al derecho a la salud, a los derechos de la infancia, al derecho a la información, y al derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, en relación con los derechos a la movilidad y a la vivienda; además, se resalta la existencia de violaciones derivadas de medidas regresivas del Estado mexicano.
Bacanuchi, en el municipio de Arizpe, de alrededor de 200 habitantes , contaba con un Centro de Salud Rural que había operado desde 2002, aproximadamente. Sin embargo, hace tres años, las autoridades cerraron el Centro de Salud sin explicaciones. Desde entonces, las y los habitantes de la comunidad se ven obligados a automedicarse, o a trasladarse por dos o tres horas (dependiendo del estado del camino) a Cananea o Arizpe para obtener atención médica básica. De acuerdo con sus testimonios, estos viajes pueden costar entre $1,300 y $4,500 pesos, tomando en cuenta los gastos de gasolina, hospedaje y medicinas.
Cabe destacar que la comunidad está sumamente aislada desde 2016, cuando la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, cambió los caminos de acceso para construir una megaobra, la nueva presa de jales, a 20 km de allí. A Bacanuchi tampoco llega el transporte público.
Los niños y sus madres, con el acompañamiento jurídico de PODER, presentaron el amparo el 7 de mayo pasado, tras no recibir una respuesta satisfactoria a sus demandas en la Secretaría de Salud del estado y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En el escrito del juicio se solicitaba la suspensión de plano a favor de todos los niños para que pudiesen contar con servicio médico en la propia comunidad y abasto de medicamentos.
El amparo fue interpuesto en contra de la Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora, la Gobernadora del Estado de Sonora, el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Tres, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Ayuntamiento de Arizpe, el Director General de Transporte Público del Estado de Sonora, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la Junta de Caminos del Estado de Sonora y, a reserva de poder contar con mayor información, la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora.
Si bien el juicio fue admitido a trámite, previo a la admisión el Juzgado decretó la suspensión de plano a favor de uno solo de los niños. La parte quejosa interpuso un recurso para que se incorporara a los demás niños a la suspensión, insistiendo en que la prestación de servicio médico debe ser en la propia comunidad y subrayando las dificultades en los traslados |