Samir Flores: un año de impunidad
- Al cumplirse un año del asesinato del defensor del territorio Samir Flores, predomina la impunidad: no se ha garantizado una investigación pronta y adecuada que busque llegar a la verdad de los hechos.
- Ignorando la negativa de las comunidades, el Proyecto Integral Morelos no ha sido cancelado. Otras comunidades y defensores se han visto afectados por ello, como es el caso de Miguel López Vega, originario de Zacatepec, Puebla.
La madrugada del 20 de febrero de 2019, Samir Flores Soberanes, comunicador indígena y defensor del territorio, quien participaba con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-MPT) en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, fue asesinado a balazos a las puertas de su casa. Samir Flores fue puesto en riesgo directamente por las acciones y decisiones del nuevo gobierno, razón por la que su asesinato ha marcado un hito en la administración de Andrés Manuel López Obrador. En este contexto, el primer aniversario de su artero asesinato debería ser una oportunidad para que el gobierno envíe muestras de distensión a los pueblos que han visto amenazado su modo de vida.
Esto en virtud de que el mismo presidente ha sido poco sensible a las demandas de la comunidad de Amilcingo, mismas que relativizó al realizar, a tan solo unos días del asesinato de Samir, un ejercicio de consulta que minimizaba la participación del núcleo de la comunidad al involucrar a la población aledaña, que en realidad no sería afectada.
Nos parece lamentable que, a un año de los hechos, las autoridades estatales aún no han ofrecido resultados ni avances de una investigación pronta, adecuada y apegada a los derechos humanos. Así pues, en el primer aniversario del artero asesinato de Samir, persiste la impunidad. Asimismo, señalamos que a más de catorce meses de gobierno han sido asesinadas 21 personas defensoras, lo que es una expresión clara de que continúa la crisis de violencia para esta población. Aún más, nos parece sumamente delicado que ante una dinámica de gran vulnerabilidad para las personas y colectividades defensoras de la tierra y el territorio, no se abran espacios de diálogo y construcción colectiva que no impliquen la imposición de un modelo de desarrollo ajeno a las comunidades.
Las comunidades de este país lo han dicho fuerte y claro: están dispuestas a luchar a toda costa por la defensa de sus territorios, si el único modelo de desarrollo que se les ofrece es uno de índole extractivista y cuyo beneficio es solo para el gran capital transnacional. Desde su sabiduría, los pueblos originarios se han constituido como la base cultural y social del gran pueblo que somos como país.
Es fundamental que ningún proyecto pase por encima de ellas y ellos por muy importante que sea para cualquier proceso político. La base de cualquier modelo de desarrollo legítimo es la posibilidad de que las personas y las comunidades puedan elegir un desarrollo compatible con sus raíces culturales y sus modos de vida.
La consulta llevada a cabo en Amilcingo, así como las otras consultas relacionadas con megaproyectos en nuestro país tienen un sentido legitimador para los proyectos que han sido difundidos ampliamente como puntas de lanza de la actual política de desarrollo. Sin embargo, es evidente que han sido realizadas con una visión estrictamente procedimental, sin apego a los estándares internacionales a los que el Estado mexicano está obligado, ni buscando el consentimiento de las comunidades.
Por ello hacemos un llamado a que se incorpore a las comunidades en el diseño mismo del modelo de desarrollo y no sólo para decir que sí a una idea que no responde a sus necesidades y que pone en riesgo su propia existencia y el derecho que tienen a su tierra y territorio.
Aún estamos a tiempo de dialogar. Corresponde al Estado mexicano generar las condiciones para ello y evitar que sus proyectos más importantes, lo sean a costa de la imposición y el exterminio del pueblo al que quiere proteger.
