13 de enero de 2020

Guadalajara, Jalisco.- El Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado en rueda de prensa por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el pasado 6 de enero de 2020, representa el reconocimiento a la problemática por parte del gobierno federal, da visibilidad a la situación a nivel internacional y evidencia por primera vez desde la mal llamada “Guerra contra el Narcotráfico” la situación de Jalisco dentro del panorama nacional en materia de desaparición de personas. Sin embargo, abre serias dudas respecto a las metodologías llevadas a cabo en el registro de las cifras presentadas, particularmente las ofrecidas por las autoridades de Jalisco.
De acuerdo con la información publicada en el informe, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional. En los últimos trece meses suman dos mil 100 personas en esta entidad, de un total de nueve mil 286 personas que desaparecieron entre los años sesenta y el 31 de diciembre de 2019. Esto supone que uno de cada 5 desaparecidos en la entidad no regresaron a sus hogares durante las actuales administraciones, tanto estatal como federal. Durante el segundo semestre de 2019, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) realizó diversas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) para conocer a detalle la metodología usada en el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación. La respuesta proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue que existe un “sistema web de información (…) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma”.

Esta situación demuestra que en la FEJ no existen procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda. Los registros de Jalisco presentan conceptos erróneos en la clasificación de los datos con relación a las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFDP). También son equivocadas las clasificaciones -de acuerdo con el artículo 89 de la LGDFDP- referente a los criterios de la FGJ para determinar cuándo son “Personas No Localizadas” y “Personas Desaparecidas”. Es importante señalar que en la fracción IV de dicho artículo se señala que uno de los supuestos para la presunción del delito es “cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”. Por lo antes expuesto, exigimos que: Primero.- Que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) y el Gobierno de Jalisco transparenten la información y establezcan protocolos y metodologías rigurosas y homologadas para la clasificación y elaboración de sus registros; además de brindar
explicaciones claras sobre los procesos realizados para la entrega de información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acuerdo a la LGDFDP. Segundo.- Que las autoridades estatales y municipales reconozcan su responsabilidad ante la problemática de desaparición cuyo saldo hasta la fecha es la falta de prevención, el aumento en el número de personas desaparecidas, el incremento en el hallazgo de fosas
clandestinas, la existencia de “casas de seguridad”, el allanamiento de domicilios para la sustracción de personas y el alto grado de impunidad en las investigaciones de la FGJ y de la FEPD.
Tercero.- Que se realicen las acciones para posibilitar el apoyo de instancias internacionales, así como de expertos y expertas, organizaciones locales, nacionales e internacionales, esto frente al reconocimiento del Gobierno de Jalisco de atender la grave crisis las personas desaparecidas en la entidad. Lo anterior con el fin de contribuir en la mejora de los procesos de investigación y búsqueda, así como la determinación de los responsables en el marco de los principios de justicia y verdad.

Atentamente:

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.