Un año después del arbitrario e irregular inicio de operaciones de la megagranja porcícola en Homún, suspendida por la Juez cuarta de distrito, la empresa PAPO intentó un nuevo recurso para levantar dicha medida aduciendo que ahora sí ya se encuentra concluida y en condiciones de funcionar la planta de tratamiento de agua y solicitó que se revoque la suspensión dictada como medida cautelar en el amparo promovido por representantes de niñas y niños de Homún.
La Juez Cuarta de Distrito, Miriam de Jesús Cámara Patrón, en resolución publicada ayer 9 de octubre, resolvió mantener la suspensión dictada como medida cautelar para proteger el derecho de la infancia y evitar daños irreparables a la salud, al agua, a un medioambiente sano y a sus derechos como integrantes de un pueblo maya.
La empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO) se construyó en un área particularmente sensible, precisamente la zona de recarga de la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, la cual es un área protegida, e intentó iniciar operaciones a pesar de la oposición del pueblo maya de Homún expresada en una autoconsulta realizada precisamente hace 2 años, el 8 de octubre de 2017, y a pesar de los recursos iniciados en contra por la irregular obtención de permisos.
Hace un año, ante el inicio de operaciones de la megagranja porcícola, habitantes de Homún realizaron una clausura simbólica en las instalaciones de la empresa, manifiestación que obtuvo como represalia inmediata la clausura de los cenotes de los directivos de Kanan Ts’onot, realizada por la PROFEPA.
La empresa PAPO ha intentado múltiples recursos para forzar la operación de la megagranja porcícola, entre ellos la recusación contra la Juez cuarta de distrito, que no procedió.
La Juez expresó que la suspensión obedeció no únicamente al hecho de que la planta de tratamiento se encontrara inconclusa, por lo cual las razones para otorgar la suspensión prevalecen.
Adicionalmente es importante destacar la consideración de que no se trata de si la granja estaba completamente construida para funcionar, sino el adecuado funcionamiento de dicha planta para operar, lo cual requiere de conocimientos técnicos-científicos: “En tales circunstancias, aun demostrándose que la planta de tratamiento de aguas residuales se encuentra totalmente construida, ello no genera certeza científica absoluta sobre lo idóneo de su funcionamiento y la minimización máxima del riesgo que las actividades de la granja representan para el medio ambiente y los integrantes de la comunidad de Homún, Yucatán, y comunidades aledañas”.
Dentro de la resolución dictada por la Juez se menciona “con excepción de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, quien manifestó que era cierto lo alegado por la parte tercera interesada, las restantes autoridades responsables, al rendir sus informes previos al incidente de revocación a la suspensión, manifestaron que no les constaba los hechos alegados por la parte incidentista”. Una vez más, vemos como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, antes SEDUMA, marca un posicionamiento claro de respaldo a la megagranja en vez de ser un garante del medio ambiente y poniendo de esta manera en riesgo al pueblo maya de Homún.
Por último es importante señalar no sólo que dicha resolución de mantener la suspensión de operaciones de la granja se da a un año de que fue dictada por primera ocasión, sino que también es a dos años de que el pueblo maya de Homún organizó su autoconsulta en la que dijo No a la megagranja porcícola.
Cabe recordar que, por la relevancia del caso, el pasado 7 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió atraer el juicio que se refiere a la suspensión, con lo cual el máximo órgano de justicia del país estudiará la suspensión otorgada como medida cautelar ante las amenazas al derecho al medio ambiente sano, al agua y a la salud de niñas y niños del pueblo maya de Homún.