México, D.F. a 30 de noviembre de 2014.- En un contexto de graves retrocesos en la vigencia de los derechos humanos, dos juezas federales resolvieron 3 amparos y declaran inconstitucional la Ley de Movilidad del Distrito Federal porque vulnera el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación en el contexto de manifestaciones públicas.
Las resoluciones protegen de la aplicación de los artículos 212, 213 y 214 de la Ley a colectivos de estudiantes, personas defensoras y periodistas. Estas disposiciones les obligaban a brindar aviso por escrito y con 48 horas de anticipación sobre la realización de una manifestación, así como la prohibición de utilizar vías primarias de circulación continua y habilitaba a la policía del DF a adoptar “las medidas necesarias” para el cumplimiento de la Ley.
Lo anterior, apreciaron las juezas, genera un efecto inhibidor en el ejercicio del derecho a la protesta social. Las autoridades no solamente deben proteger las manifestaciones públicas que transmitan expresiones favorables a ellas, sino que también deben garantizar las manifestaciones de descontento o desaprobación social que en principio son lícitas.
Destacan que la protesta social está protegida por la libertad de expresión, en tanto implican la circulación de ideas y juicios de valor inherentes a la legitimidad democrática. No se pueden calificar de ilegales las manifestaciones que son confrontativas o desagradables, ni aquellas que emitan críticas contra personajes públicos, políticas gubernamentales e incluso las que muestren un rechazo social hacia las instituciones del Estado.
También determinaron que no es permisible invocar antes de una manifestación el mantenimiento de orden público y la paz social como una restricción para el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación, porque el orden público no es un concepto que deba contraponerse a la vigencia de los derechos humanos, sino debe ser coherente con los valores propios de una sociedad democrática.
Las resoluciones judiciales demuestran que en el Distrito Federal existe un clima desfavorable para ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación en el espacio público, situación que ha sido replicada en varias entidades de la República.
A la par de normas abiertamente inconstitucionales, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Procuraduría de Justicia local (PGJDF), en coordinación con la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, han emprendido una serie de acciones que configuran un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y agresiones físicas y psicológicas contra manifestantes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto de manifestaciones.
A partir de la documentación de agresiones policiales en protestas recientes se evidencia la agresión generalizada contra manifestantes, detenciones arbitrarias, el uso de delitos ambiguos como “ultrajes” y “ataques a la paz pública”, o bien, delitos graves como “tentativa de homicidio”, “motín” y “asociación delictuosa”. Asimismo, han sido vulneradas las garantías del debido proceso, particularmente de las personas remitidas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Contrario al discurso oficial, quienes han puesto en riesgo la integridad y seguridad de las personas que confluyen en las manifestaciones para exigir justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y sus familiares, han sido las autoridades y no los manifestantes.
El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social exige a la Asamblea Legislativa la derogación de todas las disposiciones normativas que restrinjan o inhiban la protesta en el Distrito Federal. También, a las autoridades, tanto federales como del Distrito Federal, respeten y garanticen los derechos de todas las personas que participen de las manifestaciones públicas que se llevarán a cabo el 1 y 6 de diciembre. Esto tomando en consideración que ha sido evidente desde el inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera el afán de criminalizar la manifestación pública y enfrentarla mediante la fuerza pública, el generar legislación que restringe la protesta social y el uso indebido del derecho penal en este contexto. Las organizaciones que conforman este Frente muestran su preocupación ante esta actitud, ya que se ha recrudecido en las últimas manifestaciones.
También exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, tengan una actitud proactiva en prevenir la repetición de agresiones por parte de las autoridades. De la misma manera, demandamos a las corporaciones policiales Federal y capitalina que se abstengan del uso arbitrario de la fuerza en manifestaciones y de realizar detenciones arbitrarias. Que la PGR y la PGJDF dejen de utilizar el derecho penal como mecanismo de control y castigo. Finalmente, el Poder Judicial debe actuar y restituir en la libertad a las personas que estén procesadas injustamente tan sólo por participar en las expresiones de descontento social.
Frente por la libertad de expresión y la protesta social.
Conformado por
ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.