El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (conocido como el Acuerdo de Escazú) apoya la implementación de la Agenda 2030 al prestar especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y establecer mecanismos específicos para la protección de los defensores ambientales. Dicho acuerdo es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Se abrió a la firma de los países el 27 de septiembre de 2018 en la ONU. Mayor información sobre este instrumento puede consultarte en este enlace.

Los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, Relatorías y Grupos de Trabajo, se conforman por personas expertas independientes nombradas por el Consejo de Derechos Humanos para dar seguimiento a temáticas concretas de derechos humanos en todo el mundo, o a la situación de derechos humanos en un país en particular.

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