Chihuahua, San José y El Paso, a 24 de junio de 2019.- El día de hoy, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela Escobedo Ortiz, quien fue asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí Frayre Escobedo.
A partir de la solicitud al órgano interamericano, las organizaciones y la familia de Marisela buscan superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y en evitar que situaciones de esta naturaleza se presenten.
La petición emitida a la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas las violaciones de DDHH que han implicado para Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas cuentan la falta de protección que desencadenó la violencia machista en su contra y el posterior asesinato y desaparición de la joven; la falta de investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el desplazamiento forzado de su familia.
“El gobierno no estaba dispuesto a actuar con la verdad. Fue algo duro de digerir, lo hicimos y buscamos otras vías, como la de hoy, de presentar el caso, esperando que la CIDH lo va a recibir y procesar. Tenemos la verdad de nuestro lado, seguimos siendo víctimas, nos tocó vivir esto, uno de los casos más delicados del país, pero acá seguimos adelante”, expresó Juan Manuel Frayre Escobedo, el hijo de Marisela Escobedo, quien se encuentra asilado por la violencia de la que han sido víctimas.
“El Estado mexicano tiene una deuda profunda con Marisela Escobedo, y a través de ella, con las mujeres del país. A 8 años de su muerte elevamos nuestra solicitud al más alto órgano de derechos humanos de la región, en busca de la justicia que México le ha denegado a Marisela, Rubí y su familia”, declaró Claudia Paz y Paz, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) para Centroamérica y México.
La directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Ruth Fierro, señaló que esta petición busca, además de justicia, verdad y reparación en el caso de la familia Escobedo, la adopción de medidas estructurales en México para garantizar el derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, así como el derecho del acceso a la justicia y protección adecuada del Estado para personas defensoras de derechos humanos en situaciones de riesgo.
A la fecha, han pasado 3.953 días sin justicia para Rubí y 3.112 para Marisela. Con una alta incidencia en violencia familiar, sexual, desapariciones y homicidios, el estado de Chihuahua se encuentra entre los cinco primeros lugares en violencia de género y entre las 10 entidades con el mayor número de feminicidios en el país. En añadidura, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Chihuahua fue el tercer estado más peligroso para ejercer la defensa de los derechos humanos en México, con 17 homicidios de personas defensoras registrados, sólo por debajo de Guerrero y Oaxaca.
Las organizaciones solicitan que se declare que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de la familia a Estados Unidos.
ANTECEDENTES DEL CASO:
Rubí, de 16 años, desapareció a fines de agosto de 2008. Ante la falta de antecedentes, su madre, Marisela Escobedo, dejó todo para convertirse en investigadora y defensora de derechos humanos. A partir de los antecedentes que recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.
Pese a ello, el proceso judicial terminó absolviendo a Barraza. Aunque en segunda instancia se logró una sentencia condenatoria, Sergio ya había huido. Fue entonces que Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla.
El 16 de diciembre de 2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, fue encañonada por un arma de fuego que le dio muerte frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de su familia.
Luego de su asesinato, el riesgo se extendió a la familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México y actualmente se encuentran en proceso de solicitud de asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.