El día diecisiete del presente mes, aproximadamente a las 14:30 horas, dos defensoras de derechos humanos pertenecientes al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte se encontraban realizando una diligencia dentro de la Fiscalía General del Estado y observaron cómo agentes ministeriales trasladaban violentamente a un detenido.
Posteriormente, al dirigirse a la Unidad de Control Interno, escucharon dentro de la Unidad Antiextorsión actos de tortura, tales como gritos y llantos de un detenido, además golpes y amenazas con palabras altisonantes en contra del mismo. Ante los hechos, las integrantes de la organización, ostentándose como defensoras de derechos humanos, confrontaron personalmente a los agentes por la flagrante violación de derechos humanos que estaban cometiendo, los cuales únicamente de manera violenta se avocaron a decirles que se retiraran ya que se encontraban en medio de una “investigación”.
Posteriormente, las defensoras acudieron a la Unidad de Control Interno para hacer de su conocimiento lo acontecido, en tanto que los dos agentes que confrontaron a las integrantes irrumpieron en la oficina donde se encontraban, exigiéndoles que exhibieran la identificación que las acreditara como visitadoras de derechos humanos. Asimismo, las amenazaron con que podrían ser detenidas por obstruir la investigación, refiriendo que los hechos se relacionaban con el interrogatorio de un testigo protegido.
Cuando los agentes se aseguraron de que no se trataba de visitadoras de derechos humanos, tuvieron una actitud de burla, minimizando los reclamos de las mismas. Esto último ocurrió en presencia de personal de la Unidad de Control Interno.
Cabe resaltar que de los 199 casos de tortura que la organización firmante ha documentado desde el 2011 hasta la actualidad, en 16 de ellos 42 personas han sido acusadas del delito de extorsión y han señalado como responsables a agentes ministeriales y ministerios públicos pertenecientes a la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, y aun después de haber sido constantemente señalados en carpetas de investigación por el delito de tortura continúan laborando en la institución.
Destaca el caso del ministerio público Miguel Ángel Luna López, anteriormente titular de la Unidad Antiextorsión, de quien en mayo del año 2017 se hizo público un vídeo en el que se le observaba torturando a dos personas detenidas, y quien después de la denuncia correspondiente fue destituido públicamente de su puesto. No obstante, continúa laborando activamente en la Fiscalía General del Estado en la Unidad Especializada en Operaciones Estratégicas.
Igualmente, resulta preocupante que el Fiscal General del Estado, el Maestro Cesar Augusto Peniche Espejel, niegue constantemente la práctica de la tortura dentro de la institución argumentando que las alegaciones de tortura de personas imputadas se deben a una estrategia de defensa para buscar beneficios. Reiteramos la urgente necesidad de que exista un compromiso real para la erradicación de cualquier práctica de tortura misma que, tal y como lo constataron las defensoras, sigue siendo reiterada en la procuración de justicia en el estado de Chihuahua.
Los hechos anteriormente narrados ocurren en el marco de la evaluación que el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas realizó al Estado mexicano, misma que resultó en la manifestación de preocupación de parte del Comité por el uso reiterado de la tortura para la procuración de justicia.
Por lo anterior, se instó al Estado Mexicano a garantizar que los presuntos autores de prácticas de tortura y malos tratos y sus superiores responsables de ordenarlas o tolerarlas sean enjuiciados debidamente.
Por lo anterior el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte denuncia:
Y exigimos a:
Reafirmamos el compromiso que tenemos con todos las personas sobrevivientes de tortura.
“En Juárez y en México, no más tortura”
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS PASO DEL NORTE a 23 de mayo de 2019