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Grave incremento en violencia contra las mujeres en 2018: políticas públicas aún ineficaces para atender la emergencia

  • La violencia contra las mujeres no sólo no ha disminuido en el último año, sino que se observa la persistencia en el incremento al menos desde 2015.
  • Sumamente graves las iniciativas que desde el campo legislativo pretenden criminalizar los derechos de las mujeres, resultando en sí mismas fenómenos de una violencia institucional inaceptable.
  • La Red TDT llama a establecer un diálogo constructivo que nos permita luchar como sociedad contra el grave flagelo de la violencia contra las mujeres.

2018 resultó un año dolorosamente grave en materia de violencia contra las mujeres por el inaceptable incremento en indicadores clave que nos permiten dimensionar la profunda persistencia de este fenómeno en nuestra sociedad. Si bien esta situación nos coloca frente a un grave problema social que atañe a todas y todos, la información para 2018 ofrece datos objetivos que nos permiten afirmar que las políticas públicas implementadas por el Estado mexicano para combatir este fenómeno siguen resultando ineficaces a pesar de la existencia de algunos avances, a pesar de la fortaleza y claridad de las reivindicaciones de distintos sectores de mujeres en torno a la profunda implicación de estos números en nuestra vida privada y pública.

La ENVIPE (Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública) publicada el 25 de septiembre de 2018 señala que la incidencia delictiva de los delitos sexuales contra las mujeres es de 2,733 delitos por cada cien mil mujeres, cifra significativamente mayor a los 1,764 delitos estimados en 2016. Con base en estos datos podemos afirmar que el Estado mexicano no ha sido capaz de establecer estrategias eficaces que combatan adecuadamente un fenómeno tan grave.

Para llegar a esta conclusión, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) ha sistematizado diversos indicadores con información de fuentes oficiales e internacionales. El análisis de estos datos arroja evidencia que confirma que la violencia contra las mujeres no sólo no ha disminuido en el último año, sino que se observa la persistencia en el incremento al menos desde 2015, según datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Sin embargo la gravedad de las cifras nos puede orillar a tratar de reducir el fenómeno a la mera estadística, con lo que se podría soslayar su impacto real en la vida cotidiana de las mujeres y, con ello, su relevancia política. Esto se demuestra con el hecho de que en los estados donde está activada la AVG y aquellos en los que se ha negado su activación, los indicadores clave muestran comportamientos similares, lo cual nos da elementos para cuestionar la eficacia del actual modelo.

Por otra parte detectamos una resistencia institucional en el Estado mexicano a clasificar como tales los feminicidios. Ello a pesar de que este delito ha sido tipificado a nivel federal en 2012 y en los 32 estados de la República desde finales de 2017. En este contexto, las políticas públicas existentes persisten en su carencia de perspectiva de género y diversidad sexual. Este fenómeno se replica en las instancias de procuración e impartición de justicia, dando como resultado una deficiencia para investigar, conforme a estándares internacionales, los delitos que violentan a las mujeres.

Nos preocupa un enfoque generalizado que trata de generar la percepción de que se atiende el problema, más que de un compromiso real para ello. Esto queda claro cuando observamos que en general no se cuenta con personal capacitado dentro de las procuradurías y fiscalías de la República mexicana, pero tampoco vislumbramos voluntad política para combatir estas carencias. Por ello consideramos que es necesario que se revisen los procedimientos de investigación científica y la metodología por parte de estas instancias.

También resultan sumamente graves las iniciativas que desde el campo legislativo pretenden criminalizar los derechos de las mujeres, resultando en sí mismas fenómenos de una violencia institucional inaceptable. En esta lógica, la reforma a la constitución local aprobada ayer en el Congreso de Nuevo León es emblemática de las políticas regresivas que privilegian valoraciones morales de grupos de poder por encima de la necesidad impostergable de unirnos como sociedad para combatir la violencia hacia las mujeres.

Los datos aquí presentados pretenden contribuir a un diagnóstico nacional para atender una problemática que atraviesa fuertemente la lógica de violencia que ha caracterizado a nuestro país especialmente en los últimos dos sexenios. Es evidente que los distintos enfoques y sistematizaciones de información tanto oficiales como independientes, deben de establecer un diálogo constructivo que nos permita luchar como sociedad contra el grave flagelo de la violencia contra la mujer

#NiUnaMás
¡Vivas nos queremos!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).