El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México
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Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. (Frayba)sobre el asesinato del Sr.Samir Flores, defensor de derechos humanos indígena náhuatl, comunicador comunitario del municipio de Temoac, e integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Tlaxcala y Puebla (FPDTA).
Según la información recibida, el Sr. Samir Flores fue asesinado con dos impactos de arma de fuego en la madrugada del 20 de febrero de 2019 en su vivienda, ubicada en el poblado de Amilcingo, Municipio de Temoac, Morelos.
Según la misma información, el asesinato del Sr. Samir Flores ocurre en el contexto de la realización de una consulta organizada por el gobierno federal en los municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala, para la aprobación del Proyecto Integral Morelos (PIM), que consiste en la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos termoeléctricas por parte de empresas transnacionales. Las comunidades indígenas se han opuesto a la construcción de este megaproyecto, al considerar los impactos negativos al medio ambiente y la salud de sus habitantes, y el Sr. Samir Flores era una de las principales personas que lideraba la organización y oposición comunitaria al mencionado proyecto.
El Observatorio destaca con extrema preocupación que después de aproximadamente 90 días de Gobierno de la actual administración, la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas se haya incrementado de forma alarmante. Según datos del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – Espacio OSC, se han registrado 14 asesinatos de personas defensoras y periodistas desde diciembre de 2018 a la fecha
[1]. Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha destacado que en menos de dos meses de 2019, se han producido al menos ocho homicidios de personas defensoras y periodistas, lo cual representa prácticamente un tercio de los casos registrados en todo el 2018, año en que la ONU-DH registró 12 asesinatos de periodistas y 13 asesinatos de defensores”
[2].
El Observatorio condena firmemente el asesinato del Sr. Samir Floresy exige a las autoridades mexicanas realizar una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley.
El Observatorio también insta a las autoridades mexicanas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de la familia del Sr. Samir Flores y de todas las personas integrantes del FPDTA, así como la de todas las personas que defienden los derechos humanos en México.
Acción solicitada:
- Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. Samir Flores, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
- Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de los integrantes del FPDTA, y de todas las personas que se oponen al Proyecto Integral Morelos, así como de quienes defienden los derechos del territorio en México;
- Poner fin de manera inmediata a todo tipo de hostigamiento en contra de las personas defensoras de la tierra y del territorio, así como en general en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos México;
- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;
- De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.