Ciudad de México, 22 de febrero de 2019.-

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) saluda el acuerdo alcanzado en el Senado de la República sobre los cambios constitucionales en materia de Guardia Nacional.
Gracias a la apertura del Congreso de la Unión, diversos actores han tenido la oportunidad de expresar
sus puntos de vista. Desde el inicio del proceso legislativo la Oficina compartió su preocupación por el
carácter militarizado de la propuesta original sobre la base de las obligaciones internacionales del Estado
mexicano. De igual forma, la ONU-DH tuvo la oportunidad de promover de manera constructiva
alternativas de solución.

“La versión adoptada por el Senado representa un avance positivo que elimina algunos de los principales
puntos de preocupación y retoma varias de las recomendaciones formuladas por la Oficina y otros
actores relevantes,” sostuvo Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH.
Entre las mejoras destaca el giro desde un diseño predominantemente de corte militar hacia otro de
carácter civil en la naciente corporación de seguridad. De particular relevancia es que se hayan eliminado
algunos componentes que atentaban contra la esencia civil de la Guardia Nacional, se haya fortalecido
el mando civil y se hayan incorporado elementos de control de carácter democrático.
La colocación de componentes del orden militar sólo en los artículos transitorios, lo cual preserva la
integridad del texto constitucional permanente, y la recuperación explícita de algunos estándares del
“Caso Alvarado” resuelto recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atenúan
significativamente los riesgos de la propuesta original. Aun así, dicho régimen de transitoriedad deberá
sujetarse, en los hechos, a estrictos mecanismos de supervisión de naturaleza civil que permitan la
prevención de violaciones a los derechos humanos y su detección cuando éstas ocurran, así como su
investigación y sanción adecuadas.
La minuta aprobada por el Senado respeta el carácter excepcional, restringido y limitado de la
jurisdicción militar al no modificar al artículo 13 de la Constitución. De igual forma, la Oficina saluda que
se haya garantizado la imposibilidad de privar a personas de la libertad en instalaciones militares y que
toda persona detenida deberá ser puesta a disposición de la autoridad “civil”. Ambos temas fueron desde
el inicio dos de las prioridades sustantivas de la ONU-DH.
Además, la ONU-DH saluda que la nueva versión mantenga dos avances significativos alcanzados
desde la minuta adoptada por la Cámara de Diputados: la generación de dos marcos normativos de
alcance nacional sobre uso de la fuerza y registro de personas detenidas. Dichos temas retoman
reiteradas recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos.
“El hecho de que las y los integrantes del Senado hayan materializado un consenso que hace días
parecía inalcanzable en un tema tan sensible y relevante para el pueblo de México es en sí mismo digno
de reconocimiento. La voluntad de diálogo y la disposición de construir colectivamente y en pluralidad
son métodos propios de toda sociedad madura que aspira a procesar sus diferencias de forma reflexiva
por la vía democrática”, agregó Jan Jarab.

Adicionalmente, la ONU-DH desea resaltar las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil,
de especialistas en materia de seguridad y derechos humanos y de las víctimas de graves violaciones
a los derechos humanos, particularmente de quienes se han articulado en el Colectivo Seguridad Sin
Guerra, así como de los organismos públicos de derechos humanos. Su papel ha sido determinante
para enriquecer la deliberación en el Congreso. La ONU-DH anima al Estado mexicano a mantener el
espíritu de apertura y participación cívica que ha permitido la consecución de este acuerdo en futuros
procesos.
“De implementarse correctamente la reforma constitucional, en estricto apego a los derechos humanos
y preservando el carácter civil de las corporaciones de seguridad, se iniciaría un camino para superar el
paradigma militar en la seguridad pública en México y retirar gradualmente a las Fuerzas Armadas de
tareas que le son impropias,” concluyó Jan Jarab.

La ONU-DH anima a la Cámara de Diputados a aprobar los cambios positivos adoptados por el Senado
de la República. Adicionalmente, la Oficina refrenda su plena disposición para seguir acompañando los
esfuerzos del Estado mexicano en la construcción de una política de seguridad ciudadana, así como
para brindar su asistencia y colaboración técnicas en la elaboración de las leyes que se derivarán de la
reforma1 y en el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de seguridad pública.

FIN

Guardia Nacional