Ciudad de México, 16 de enero de 2019
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) considera que, a un año de su entrada en vigor, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas es un logro importante –tal y como lo resaltó el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en sus observaciones de seguimiento–, pero debe pasar de lo meramente formal a una implementación real que aproveche plenamente su potencial transformador y de esperanza.
La ONU-DH reconoce el trabajo de las familias de personas desaparecidas para lograr una Ley General que atendiera lo que constituye una de las mayores tragedias que enfrenta México: la desaparición de personas.
“Desafortunadamente, el primer año de la entrada en vigor de la Ley ha tenido mínimos avances en búsquedas e investigaciones, retrasos en el cumplimiento de los plazos que la propia Ley marca y, peor aún, el hecho de que siguen sucediendo tanto desapariciones forzadas como por particulares”, lamentó el Sr. Jarab.
Si bien se han dado avances en la creación de las instituciones previstas en la Ley General tanto a nivel federal como en algunos estados, su eficacia es aún limitada.
“Lo que hemos visto durante este año que pasó no tiene por qué continuar. Los compromisos expresados por altos funcionarios del actual gobierno federal resultan alentadores. Es necesario garantizar que la Ley General sea implementada de manera efectiva por todo el aparato Estatal. Para ello, se debe contar con el liderazgo de la federación, los recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, el compromiso de los estados y la participación de las familias”, añadió el Representante.
La ONU-DH recuerda la necesidad de adoptar medidas que modifiquen las condiciones estructurales que han permitido la tragedia de las desapariciones.
El Sr. Jarab recuerda que “a partir de 2007, se han registrado decenas de miles de casos de desaparición en el contexto de la estrategia de combate al crimen organizado seguida durante los últimos años”. Este contexto ha recibido ya una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Alvarado. “Es necesario que se adopten medidas efectivas para garantizar la seguridad para todas las personas y evitar que graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones, sigan sucediendo”, puntualizó el Sr. Jarab.
Las desapariciones de la última década se suman a aquellas cometidas durante la llamada Guerra Sucia – desapariciones con motivo de represión política que se encuentran en la impunidad, a pesar de la histórica sentencia de la CoIDH sobre el caso Radilla. La ONU-DH recuerda que el Estado mexicano debe también dar una respuesta a las víctimas de este período.
La ONU-DH reitera su plena disponibilidad para continuar fortaleciendo el sistema de protección de derechos humanos en el marco de las políticas de seguridad.
De manera especial, la Oficina manifiesta su reconocimiento y admiración por las familias de personas desaparecidas que incansablemente buscan a sus seres queridos y trabajan para obtener justicia, verdad y reparación.
FIN