CODEHUTAB | Graves Violaciones a Derechos Humanos a la Ciudadanía Tabasqueña por parte del Gobierno de Arturo Núñez Jiménez
El 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Tabasco se celebra con un estado sumido en la ingobernabilidad. En donde a diario diversos sectores de la sociedad expresan violaciones graves a los Derechos Humanos, tales como el derecho al trabajo así como al salario digno, a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente de seguridad.
Por tal razón desde hace más de dos años se han venido realizando manifestaciones que con el paso de los días se han ido agudizando al grado de que estas se realizan a diario; en ocasiones a las afueras de las dependencias y en otras bloqueando las principales carreteras y avenidas del estado y la ciudad, respectivamente, y que conforme se acercan los últimos días de este sexenio existe el temor fundado, que por no contar el gobierno con recursos económicos para pagos de salarios, prestaciones, materiales y servicios se tenga un final catastrófico en materia de Derechos Humanos.
En salud, desde hace dos años se ha venido padeciendo desabasto de medicamentos en los hospitales públicos. Conforme ha transcurrido el tiempo también se hizo presente la falta de médicos y enfermeras en los hospitales. Desde hace dos meses en este rubro se ha tocado fondo al grado de que el gremio médico ha solicitado a través de los medios de comunicación el apoyo de los ciudadanos para que donen material quirúrgico para poder realizar sus labores en los hospitales, ya que por no contar con ellos se han tenido que cancelar cirugías, quimioterapias, hemodiálisis, entre otras.
En educación, este sexenio se caracterizó desde el inicio por la falta de contratación de maestros para las escuelas en las diferentes regiones y niveles educativos, situación que se agudizó posteriormente con la falta de pago de salario de los docentes.
En empleo. Con el pretexto, primero del saqueo al estado heredado por la administración de Andrés Granier, y posteriormente, la caída del precio del petróleo durante el sexenio, Tabasco se ubicó en el primer lugar de desempleo a nivel nacional con una tasa 7%, es decir, aproximadamente 70 mil tabasqueños se encuentran desempleados. Derivado de lo anterior en el estado se ha incrementado la pobreza, que impide adquirir los productos de la canasta básica , y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en Tabasco hay un millón 668 mil personas pobres, donde sus principales carencias son la vivienda digna, servicios salud, agua, energía eléctrica Además de esto, el gobierno de Arturo Núñez cayó en sub-ejercicios que derivaron que muchos miles de millones de pesos fueran devueltos a la federación, demostrando con ello la incapacidad, agudizando la situación económica del estado.
En materia de seguridad. El sexenio de Arturo Núñez se ha caracterizado por ser el más sangriento y violento, ya que en los últimos cuatro años se han registrado mil 71 asesinatos violentos en el estado, de los cuales 100 han sido feminicidios, en los últimos tres años se documentaron 243 casos de linchamientos, en donde estuvieron involucrados 323 personas, de los cuales resultaron asesinados, en secuestro se han contabilizado 366 casos en los últimos tres años, según datos extraoficiales, de cada 10 casos solo se denuncian dos. A este contexto se suma que por cuarto año consecutivo Tabasco es líder nacional en robo con violencia, según datos proporcionados por Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
Libertad de expresión. Desde el inicio del sexenio quien fungía como vocero del estado trazó una línea de falta de respecto a la prensa estatal, pues constantemente decía que con dinero baila el perro, esto en alusión a que pretendía con dinero callar la voz de la prensa seria y responsable. Por supuesto, que esta actitud ocasionó un rompimiento con los medios de comunicación serios que no se dejaron comprar por este gobierno y, así comenzó una constante estrategia de agresión a algunos reporteros por parte de dependencias gubernamentales y funcionarios públicos. No olvidar que este año el periodista Juan Carlos Huerta fue asesinado y hasta el día de hoy no se ha dado con el o los autores intelectuales. Este hecho que conmociono al estado se ha tornado muy polémico porque mientras las autoridades se encuentran desahogando sus líneas de investigación, los familiares y la persona que acompañaba ese día al periodista han señalado que detrás de este crimen podría estar un personaje político.
Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia. Este sexenio ha sido el reflejo de un total desinterés por parte del gobierno de Arturo Núñez Jiménez para la atención de la violencia que sufren las mujeres en Tabasco y los obstáculos que en la mayoría de los casos les impone la autoridad para acceder a la justicia. La Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer le notificó nueve recomendaciones al gobierno de Arturo Núñez, a raíz de que el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. solicitó la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Tabasco, quien solamente simuló cumplirlas porque en los hechos a partir de que le fueron notificadas estas recomendaciones la violencia contra la mujer se incrementó de manera alarmante. Los datos de feminicidio así lo confirman: en 2015 se documentaron 25 casos; en 2016, 26 casos; en 2017, 21 casos y en lo que va del año se han documentado al menos 28 más. Lo anterior confirma que las políticas públicas de ANJ para combatir y erradicar la violencia contra la mujer han sido inoperantes y su gobierno incapaz de poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia como lo establece la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El gobierno de Arturo Núñez Jiménez y la Fiscalía General del Estado quedan a deber a las mujeres tabasqueñas el Centro de Justicia para la Mujeres, que se comprometieron a inaugurar en el mes de octubre pasado, sin que hasta la fecha lo hayan hecho a pesar que de que para esta obra desde el año 2014 se destinaron poco más de 24 millones de pesos. Otra de las tareas pendientes, es la capacitación real de servidores públicos con perspectiva de género que garantice plenamente a las mujeres el acceso a la justicia y no que todo quede en una simple asistencia de servidores públicos a una capacitación que no hacer cambiar su visión machista y patriarcal.
La experiencia en el acompañamiento a las mujeres y familiares de víctimas de violencia nos ha mostrado que el tema de violencia de género es un tema que evade la autoridad, al grado que muchos de los casos son turnados a tribunales federales fuera de la jurisdicción estatal con el ánimo de que al emitir resoluciones, que en muchos de los casos son contrarios a la víctima, éstas no puedan reclamar a la autoridad judicial, pues éstas se lavan las manos argumentando que no fueron ellas quienes resolvieron, sino un tribunal auxiliar de otra entidad federal.
Medio ambiente. Tabasco se ha convertido en un cementerio tóxico, en donde es común encontrar montañas de lodos contaminantes en medio de las comunidades, en donde la vida y la salud de los habitantes corren alto riesgo; así también, con un medio ambiente totalmente contaminado que afecta las actividades económicas de la región. Ejemplos claros son, las comunidades de Benito Juárez, primera y segunda sección, de Jalpa de Méndez, y Torno Largo, Paraíso, en donde sus habitantes han sentido en su salud la presencia de cáncer, leucemia, problemas gastrointestinales, bronco respiratorios, hepatitis, entre otros. Todo esto, según la población, atribuible a la presencia de materiales tóxicos en sus comunidades. Donde las autoridades nada han hecho para garantizar el derecho a la vida, a la salud, al patrimonio y a un medio ambiente sano.
Otro problema grave, que evidencia la falta de interés y complicidad de las autoridades, tanto estatales como federales con las empresas contaminadoras, es el caso de los Bitzales, en donde durante seis meses murieron más de 60 manatíes y miles de peces, todo esto atribuido, según sus habitantes, a la presencia de hidrocarburos en el río, ya que desde hace aproximadamente cinco décadas los pozos petroleros de la región se encuentran sin recibir mantenimiento, totalmente corroídos y con fugas que al mezclarse con el agua ocasionaron este ecocidio. Desde un inicio, y sin tener evidencias ni resultados de estudios, el delegado de PROFEPA de manera irresponsable y con el afán de proteger a los responsables, en rueda de prensa dijo que la muerte de todas estas especies no era atribuible a la presencia de hidrocarburos. Tuvieron que transcurrir casi seis meses para que las autoridades ambientales salieran a decir que la causa de la mortandad se debió a la presencia de algas en el río, sin que esto sea creíble entre los pobladores, ya que ellos cuentan con estudios que demuestran la presencia de hidrocarburos y materiales pesados en los manatíes a la hora de practicarles la necropsia.
La contaminación ambiental no solo es atribuible a la actividad petrolera, sino también a los que se dedican a la construcción de fraccionamientos sin cumplir con las medidas y estándares contemplados en la ley, contando con la protección de las autoridades federales y municipales, como es el caso del Fraccionamiento la Huerta y la Colonia Constitución, del municipio de Centro, en donde la empresa constructora, en complicidad con la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento de Centro, presidido por Evaristo Hernández Cruz, pretenden descargar las aguas negras al río Medellín, contaminándolo y, con ello, afectando a todas las comunidades que se encuentran en sus márgenes, como son los Medellines en todas sus secciones, Jolochero, Miramar y Tamulté de las Sabanas. Por lo que el Codehutab solicitó audiencias a la SEMARNAT y al ayuntamiento de Centro con el fin de plantear el problema y que estas autoridades dieran solución, sin que hasta la fecha haya sido atendida nuestra petición.
Pensar que cuidar el medio ambiente es una prioridad de las autoridades municipales, estatales y federales es una falacia, porque basta ver como el ayuntamiento de Centro en un intento por despojar la tierra y territorio de los campesinos, por decreto determinó realizar cambio de uso de suelo ecológico a uso de suelo industrial en todo el corredor de la carretera Villahermosa- Cárdenas, desde el puente Los Monos hasta las comunidades de Plátano y Cacao. En donde los campesinos no podrán usar ya sus tierras para la actividad agrícola, mucho menos para uso habitacional, ya que ahora esas tierras serán utilizadas exclusivamente para la actividad industrial; actividad que los campesinos jamás podrán desempeñar, por lo que se verán obligados a ceder sus tierras a empresas y compañías que realizan obras que, incluso, ya están generando afectaciones graves al medio ambiente y a sus viviendas, debido a que han sido rellenado los vasos reguladores que los protegían de inundaciones. Así también ya se han asentado empresas que están depositando material tóxico que contaminan el medio ambiente.
Todo lo anterior demuestra que en el estado de Tabasco el respeto a los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos brillan por su ausencia, ya que no son respetados por ninguno de los tres niveles de gobierno.
Por lo que en el marco de este 70 aniversario de la Declaración Universal de los derechos Humanos, los tabasqueños más que celebrar, tenemos que lamentar y condenar las flagrantes violaciones a los derechos fundamentales del ser humano por parte del gobierno de Arturo Núñez Jiménez.
Esperamos que el nuevo gobierno estatal que encabezará Adán Augusto López Hernández, que iniciará el próximo primero de enero de 2019, sea garante de los derechos humanos en Tabasco y dé solución a los problemas graves que impiden gozar del derecho a la salud, educación, empleo, seguridad, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a un medio ambiente sano.
Las expectativas hacia el nuevo gobierno son grandes. Las y los tabasqueños esperamos que por fin se concluya con la cadena de sexenios de gobiernos violadores de derechos humanos, y que Adán Augusto López Hernández sea un gobernador que no haga oídos sordos al clamor del pueblo y que, si ésta es su intención rectifique, ya que como gobernador electo ha hecho oídos sordos al llamado de la sociedad civil, pues el Codehutab y otras organizaciones desde el mes de agosto solicitaron una audiencia para abordar estas problemáticas y hasta el día de hoy no se ha obtenido respuesta favorable. Por lo que tememos que su gobierno sea más de lo mismo.
Villahermosa, Tab., a 10 de diciembre de 2018.
La paz es fruto de la justicia
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.
Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C.
Personas defensoras de sociedad civil
