San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 28 de septiembre de 2018 Boletín No. 24
Nuestro país vive una crisis de derechos humanos por la política de seguridad, que constituye el paradigma de una guerra hacia la población civil implementada por el gobierno mexicano, que utiliza métodos de represión policial como las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada, la tortura y otras violaciones a los derechos humanos. Chiapas no es la excepción, la corrupción e impunidad de funcionarios del estado es evidente, así como su actuación a favor de actores con influencia en medios nacionales.
Comunicadores y defensores de derechos humanos vivimos en constante riesgo por nuestra labor: asesinatos, amenazas de muerte, acciones legales en nuestra contra, hostigamiento judicial, así como la estigmatización y los discursos de deslegitimación convergen para perpetuar la actual situación de riesgo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe sobre México reiteró que el posible inicio de investigaciones criminales o causas judiciales sin fundamento contra personas defensoras en represalia por su trabajo, tiene un efecto amedrentador en su trabajo y las causas que llevan adelante. La CIDH reiteró también que el Estado debe asegurar que sus autoridades y terceras personas no manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos judiciales, con el fin de perseguir a quienes se dedican a actividades legítimas, como son quienes defienden los derechos humanos.
El Frayba reafirma su compromiso con las víctimas y sobrevivientes de violaciones de derechos humanos que acompaña en su lucha por la justicia, su testimonio de vida es un ejemplo contra la impunidad.
Reiteramos que el trabajo de periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos, de hombres y mujeres que luchan, resisten y generan alternativas al sistema capitalista, es fundamental para el ejercicio e implementación de los derechos humanos y los derechos de los pueblos en el país.