Equipo Indignación | Justicia Federal ordena a Fiscalía concluir averiguación por corrupción en la Codhey
- Ampara a Carlos Méndez, director de Oasis de San Juan de Dios, quien denunció falsificación de firmas
- Juez Federal determina que la inacción y la dilación son tan graves o más que una negativa, pues dejan en estado de absoluta indefensión a agraviados
- Da a Fiscalía plazo máximo de 45 días para determinar el ejercicio o no de la acción penal
La Justicia Federal amparó al Oasis de San Juan de Dios ante la inacción que ha caracterizado al Ministerio Público en el caso de la falsificación de firmas para cerrar un expediente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) y ordenó a la Fiscalía determinar el ejercicio o no de la acción penal en un plazo máximo de 45 días.
El fraudulento cierre del expediente se dio en un caso grave en el que la negación del servicio médico derivó en la muerte de una persona migrante y la desatención y falta de medicamentos para personas con VIH/Sida puso en riesgo la vida de más de dos mil personas en Yucatán.
A raíz de la denuncia, la Codhey reabrió el expediente y emitió la recomendación 17/2016 dirigida al Secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita; sin embargo, la alteración de documentos y la falsificación de firmas siguió impune.
La denuncia, interpuesta en agosto de 2015 contra Edwin Alejandro Arcila Cordero y quienes resulten responsables, se refiere a un caso que ocurrió en la anterior administración de la Codhey, cuando estaba por concluir sus funciones Jorge Victoria Maldonado y fungía como Secretario Técnico del organismo José Enrique Goff Ailloud, quien abandonó recientemente la Codhey para ocupar el cargo de Fiscal AntiCorrupción en la administración de Rolando Zapata Bello.
El juez Tercero de Distrito con sede en Yucatán notificó ayer 10 de abril la sentencia en la que determinó que la inacción o la dilación son tan graves o más que una negativa, pues dejan al denunciante en un estado de indefensión absoluta.
Casi tres años después de presentada la denuncia por alteración de documento y falsificación de firmas, un juez federal expresa en su sentencia que la autoridad ministerial responsable paralizó la investigación en distintas ocasiones y por diversos lapsos que van desde los dos hasta los catorce meses “siendo que en la última ocasión continuó con su integración hasta que tuvo noticia de este juicio de amparo”.
Las largas parálisis eran brevemente interrumpidas, bajo presión, por distintos e insistentes recursos presentados por quienes suscribimos este comunicado.
El Juez Federal asienta en la sentencia de amparo que: “la omisión por parte de la autoridad responsable para resolver sobre el ejercicio de la acción penal, resulta violatoria de derechos fundamentales y, además, transgrede el derecho de seguridad jurídica de la víctima u ofendido del delito investigado, contraviniendo el derecho también consagrado en el artículo 21, párrafo cuarto, de la Carta Magna, consistente en poder exigir y obtener la persecución de los delitos.”
Además señala que la dilación es arbitraria por no estar justificada y añade que “los efectos jurídicos de la abstención a integrar la indagatoria son idénticos o incluso más graves a los que se producen con una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, con la gran diferencia de que el particular quedará en total y absoluto estado de indefensión…”
En su resolución el Juez especifica que “El plazo de cuarenta y cinco días mencionado, es el que este Juzgador Federal considera prudente y el estrictamente necesario para recabar los elementos de convicción correspondientes y pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal, tomando en consideración que la indagatoria que nos ocupa se inició en el mes de agosto de dos mil quince, por lo que a la fecha en que se resuelve el presente juicio de amparo, ha transcurrido más de dos años ocho meses sin que se emita la determinación correspondiente.”
José Enrique Goff Ailloud aceptó ser propuesto por el Gobernador Rolando Zapata como Fiscal Anticorrupción y, a pesar de las denuncias y comunicaciones que hicimos llegar a las y los diputados distintas organizaciones, el Congreso del Estado lo nombró en ese cargo en noviembre pasado.
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán permanece acéfala desde entonces y está a cargo del despacho Miguel Oscar Sabido Santana, quien fue citado a declarar en el juicio de amparo como tercero interesado en febrero pasado, como también lo fue el actual viceFiscal Anticorrupción.
Oasis de San Juan de Dios / Equipo Indignación
