Centro Morelos | Periodistas, víctimas de un estado fallido

Chilapa de Álvarez, Guerrero a 14 de Mayo de 2017

Mientras la policía y el ejército someten a los pueblos que se organizan para auto-defenderse, desesperados ante un  narco-gobierno  que por lógica simple, nunca va a actuar en contra de los grupos de la delincuencia organizada.

 Con indignación nos enteramos de lo sucedido a siete trabajadores dela prensa cuando regresaban de cubrir hechos de interés público, siendo retenidos, golpeados, robados y amenazados de muerte por uno de los grupos que el gobierno dice combatir, y nos preguntamos;  ¿cómo es posible que con los cientos de policías y militares que se mueven por toda la región los delincuentes actúen con tanta libertad? Sin duda nos encontramos ante un gobernador por demás inepto, rebasado por las consecuencias de la corrupción. No es gratuito que el Héctor Astudillo Flores manifieste que el gobierno no puede quedar en medio de la disputa de los grupos de la delincuencia organizada, sin duda se refiere a que el gobierno debe de estar de parte de alguno de dichos grupos, de acuerdo a los intereses personales y de grupo político que domine la región.

Debe ser de mucha preocupación que, el Relator Especial de Naciones Unidad sobre la Situación de Personas Defensoras y Periodistas, afirme que México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, señalando a Guerrero como uno de los Estados con mayor agresiones contra periodistas, quienes al tratar de darle a los lectores información objetiva se ven obligados por su ética profesional a trasladarse a los lugares de los hechos y, siempre sin ninguna garantía o protección por parte del gobierno para asegurar su integridad física y la vida misma, por lo que desarrollan su labor en condiciones de alta vulnerabilidad, ya sea porque la información que brindan afecta o molesta a los gobernantes o por el accionar de los grupos de la delincuencia organizada.

Esperemos que este hecho no quede en la impunidad, ratificando  que la presencia de los militares y policías solo son la parte visible de una estrategia de seguridad fallida como lo es el narco-estado.

Tengamos presente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en su último informe sobre México que; en “los crímenes contra periodistas, la ausencia de protocolos de investigación específicos para perseguir los casos que involucran posibles retaliaciones por el ejercicio periodístico…..la falta de independencia de la justicia permiten que la impunidad sea cada vez mayor, hasta el punto de constituirse una falla estructural de la administración de justicia.”

Manifestamos nuestra más amplia solidaridad para los compañeros: Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Guerrero,  Jorge Alberto Martínez, de la agencia Quadratín; Alejandro Ortiz, del diario digital Bajo Palabra y el periodista extranjero Hans Máximo Musielik, colaborador de Vice News, Pablo Pérez García, colaborador de Hispano Post, Jair Cabrera, colaborador de La Jornada y Ángel Galeana de Imagen TV, deseando que esta agresión no limite su compromiso de informar y, al gobierno le exigimos:

2.- Que se garantice el ejercicio de su labor periodística, su vida y su integridad física y de ser necesario, atraiga el caso la Fiscalía Especializada para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión, y garantizar que las violaciones más graves a la libertad de expresión, siempre sean investigadas por esa fiscalía.

3.- Que el Estado y sus instituciones cumplan, como lo manda el artículo 1° Constitucional con las recomendaciones hechas por diversos mecanismos internacionales en la materia.

 

Atentamente

¡Por Una Sociedad Fraterna y Una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”