El ADN autoritario en la incapacidad del estado para enfrentar desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Opinión del IMDHD, por Edgar Cortez

Estas dos últimas semanas han dejado en claro que el Estado mexicano no quiere ni puede investigar de manera eficaz las desapariciones forzadas y tampoco las ejecuciones extrajudiciales. Revisemos por qué.

En el caso de Tlatlaya, el 30 de junio fueron ejecutadas extrajudicialmente 21 personas y lo primero que hicieron las autoridades fue determinar que no había delito que perseguir pues las ejecuciones habían sido resultado de un enfrentamiento. En esa decisión se actualizó el uso político de la justicia pues era una decisión netamente política y no el resultado del trabajo de investigación.

Tan sólo unos días después, el 2 de julio, la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia exigió una explicación clara para despejar si no estábamos, de nueva cuenta, ante ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares.

Sólo un par de meses más tarde, el trabajo de investigación periodístico echó abajo esa versión y obligó a que se reabriera la indagatoria de manera trompicada. La primera respuesta provino de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) quien informó que siete militares y un oficial habían sido presentados ante la justicia militar para responder por delitos contra la disciplina institucional pero nada había hasta entonces sobre la justicia civil, que era la principal obligada en investigar, dada la reciente reforma al fuero militar.

Posteriormente la Procuraduría General de la República (PGR) informó que consignaría a tres militares por los homicidios en Tlatlaya. Tal determinación se sustenta en la versión de que sólo estos tres son los responsables de las muertes. De nueva cuenta no parece que una investigación rigurosa y a fondo dé la respuesta sino más bien la determinación política de resolver el caso con unos pocos “chivos expiatorios”.

El caso nos recuerda cuan vigente están las añejas prácticas de las procuradurías de justicia: se actúa sin ninguna transparencia y para proteger al poder político. En este caso sólo la presión pública obligó al Gobierno Federal a abandonar la reiterada práctica de resolver estos casos mediante la versión oficial de que había sido un enfrentamiento.

Muchos aspectos aún están pendientes. ¿Cómo investigar objetivamente en una escena de los hechos totalmente descuidada? ¿De qué manera se ha asegurado la cadena de custodia de las evidencias que existen? ¿Cuáles han sido las hipótesis de investigación exploradas y cómo se llegó a la que se da ahora por válida? ¿Qué responsabilidad tienen los mandos superiores que deben realizar supervisión y control sobre la actuación de los militares? ¿Qué hay de la responsabilidad que las autoridades civiles que debieron investigar de inmediato esas ejecuciones extrajudiciales?

El viernes 26 de octubre fueron desparecidos inicialmente 57 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en Guerrero, 14 de los cuales aparecieron posteriormente pero 43 hasta el día de hoy permanecen desaparecidos. Frente estas desapariciones forzadas, pues intervinieron policías municipales, lo primero fue tratar de minimizar los hechos diciendo que tal vez los estudiantes estaban escondidos o tratando de llegar a sus domicilios de manera que la búsqueda tardó en comenzar. Cuando finalmente el gobierno del estado inició la búsqueda fue sin un plan y una estrategia para lograr ubicar a los estudiantes desaparecidos.

La primera referencia que hizo Enrique Peña Nieto respecto del caso sucedió cuatro días después de los hechos y manifestó que el estado de Guerrero debe asumir las consecuencias y el Gobierno Federal apoyaría al primero. Esta posición resulta contraria a lo establecido en el artículo 28 de la Convención Americana. 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

Esto quiere decir que el Gobierno Federal no puede excusarse en la actuación del gobierno local para no proteger derechos humanos. En este caso el Ejecutivo Federal, ante la manifiesta incapacidad local para encontrar a los desaparecidos, debió intervenir de inmediato y con todos sus recursos para localizar a los estudiantes. Sólo una semana después de los hechos la PGR decidió atraer el caso e iniciar la investigación.

Además ambos gobiernos se olvidan de la sentencia de Campo Algodonero, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra México, donde se obligaba a que éste cree un mecanismo eficaz de búsqueda de personas desaparecidas que debe cumplir con las siguientes características:

i) implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
ii) establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona;
iii) eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
iv) asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
v) …
vi) priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda…
Esta sentencia fue dictada hace más de cuatro años y está claro lo lejos que está el país de cumplirla para garantizar los derechos de las personas desaparecidas.

Este déficit alcanza también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pues sólo hasta el 3 de octubre solicita medidas cautelares cuando debería ser la primera en llamar al Estado para que se ajuste a los criterios establecidos en las sentencias del mismo sistema.

El día de hoy el presidente Peña Nieto en conferencia de prensa declaró que ha dado instrucciones para que el Gabinete de Seguridad colabore para “encontrar” a los culpables pero desafortunadamente no hizo compromiso alguno para encontrar a los estudiantes desaparecidos. Constatamos una vez más que lo supuestamente importante es castigar a los culpables, cosa muy poco probable y olvida lo fundamental para las familias y la sociedad: encontrar a los desaparecidos.

Han pasado más de tres meses y en el caso de Tlatlaya no hay una versión creíble de lo sucedido y luego de nueve días, nadie sabe la suerte de los estudiantes desaparecidos. Todas las instancias nacionales y también las internacionales hasta ahora son insuficientes para dar respuestas adecuadas y ciertas a las desesperadas familias víctimas de estos hechos.

Estas dos terribles realidades, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, muestran que tanto en el gobierno local como en el federal funciona el ADN autoritario pues estas graves violaciones a los derechos humanos se quieren resolver mediante explicaciones oficiales y no mediante investigaciones o bien castigando a unos pocos “chivos expiatorios” para no tocar a los verdaderos responsables de estas tragedias.

Lo sucedido en Ayotzinapa y en Tlatlaya echa por tierra cualquier optimismo, estamos enfrentado una profunda crisis de derechos humanos.

@EdgarCortezM