Acción Urgente | Ante asesinatos de líderes indígenas Rarámuri exigimos garantizar la seguridad de la comunidad de Choréachi, Chihuahua

2 de febrero de 2017

  • Se hace un llamado urgente a proteger seguridad e integridad de miembros de la comunidad de Choreachi, ante asesinato de líder indígena Juan Ontiveros Ramos, 15 días después del asesinato de Isidro Baldenegro otro líder indígena del mismo municipio
  • Exigimos Que la investigación iniciada por estos hechos se integre diligentemente, a fin de que permita identificar, procesar y sancionar a todos los responsables; y que se garantice la no repetición de hechos similares.

Hechos

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) ha recibido información de Alianza Sierra Madre A.C. Y del centro De Derechos humanos de las Mujeres sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Juan Ontiveros Ramos.

El día 1 de febrero de 2017, Juan Ontiveros Ramos fue encontrado sin vida después de que él y su hermano Isidro fueran atacados un día antes por sujetos armados. Juan estuvo en la reunión del 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el despojo territorial de la comunidad.

Juan Ontiveros también había presentado su testimonio de la problemática local en un vídeo que se entregó a la CIDH en una reunión de implementación de medidas cautelares en octubre de 2015. Las agresiones sufridas por las comunidades y personas defensoras de la región, han sido una tendencia identificada por organizaciones de la región.

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Acción Urgente | Desaparición Forzada de cinco integrantes del Pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacán, perpetrada por la Marina Armada de México y el Crimen Organizado

  

Señores,

Por este medio le hago saber a usted que he recibido información de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) sobre la desaparición forzada de cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, quienes fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Por ello le hago saber las siguientes exigencias, derivadas de la acción urgente que reproduzco al final de este correo:

Que se garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

* * * * * *

México, a 06 de febrero de 2017

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, sobre las condiciones de constante amenaza y vulnerabilidad de los habitantes que ponen en riesgo su vida e integridad personal.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

Enviar llamamientos a:

Presidente Enrique Peña Nieto. FAX: (+52) 55 5093 4901. Email:

Ing. Silvano Aureoles Conejo, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán.
(+52) 443 322-90-00 Ext. 109 E- mail:

Lic. Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior).
Fax: + (+52) 55 5093 34 14. E-mail:

Sr. Roberto Campa Cifrian, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. Email:

Paulo Abrao; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1889 F St. N.W.
Washington, DC, U.S.A. 20006 / E-mail: / Teléfono: (202) 370-9000 /
Fax: (202) 458-36

Sr. Jan Jařab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las
Nacione. Correo-e:

Dr. Raul Cervantes Andrade, Titular de la Procuraduría General de la República
(PGR), Teléfono: (+ 52) 53460000

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Antecedentes

La comunidad de Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo en Chihuahua, tiene graves antecedentes de ataques a personas defensoras de derechos humanos, así como hostigamiento general a los pobladores. Esto se debe a la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada y por otros grupos, desde hace aproximadamente 40 años. En este contexto sobresale, un grave recrudecimiento de la violencia, que hace primordial emitir un llamado de emergencia para resguardar la vida e integridad del resto de los habitantes de la comunidad de Choréachi.

El homicidio de Juan Ontiveros Ramos se da 15 días después de que Isidro Baldenegro, otro líder indígena del mismo municipio, fuera asesinado. Estos dos casos se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año; y dan cuenta del despojo territorial dentro de la sierra tarahumara que sigue sin ser atendido.

Las agresiones hacia la comunidad Choréachi, son un problema sin resolver de mucho tiempo. Desde hace 2 años ya se había denunciado como una situación de emergencia cuando el 20 de febrero de 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humano por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos núcleos familiares. Tras determinar la gravedad del caso, la comisión solicitó a México que adoptara las medidas necesarias para preservar su vida y para que pudiesen realizar su labor de defensa de derechos humanos sin ser objeto de violencia, asimismo, pidió que se investigara los hechos ocurridos para de esta forma evitar su repetición.

Así mismo, valoramos las palabras que emitió en su informe de cierre de misión de 24 de enero, el Relator Forst:

“Durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena Rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades.” Por tales motivos, el experto “Llam[ó] a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente todos los delitos contra los defensores de los derechos de los pueblos de la Sierra Tarahumara.” Las organizaciones firmantes del presente comunicado hacemos nuestro el llamado de Michel Forst y urgimos a las autoridades estatales y federales a actuar en consecuencia.

 

Ante estos hechos demandamos lo siguiente:

  1. Que se proteja a la comunidad de Choréachi y se brinde seguridad a la vida y el patrimonio natural y cultural del pueblo rarámuri.
  2. Que se garantice la integridad física y moral de la familia de Juan Ontiveros Ramos
  3. Que se cumplimenten las órdenes de aprehensión que están pendientes en relación con el asesinato de Jaime Zubías y Socorro Ayala en tanto tienen relación con estos hechos.
  4. Que la investigación iniciada por estos hechos se integre diligentemente, a fin de que permita identificar, procesar y sancionar a todos los responsables; y que se garantice la no repetición de hechos similares.
  5. Que se cumplan los acuerdos adoptados en las diferentes mesas sostenidas, y que redunden en tanto en la garantía que la comunidad recupere su territorio como en el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH y la seguridad de quienes se encuentren en el Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
  6. Que se ponga en marcha el plan de contingencia derivado de la alerta preventiva a favor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, adoptada por la Junta de Gobierno del mecanismo de protección en la materia.

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Enviar llamamientos a:

Presidente de la República

Enrique Peña Nieto

Secretario de Gobernación

Osorio Chong

Subsecretario de derechos humanos

Roberto Campa

Fiscal del Estado de Chihuahua

César Augusto Peniche

Gobernador del Estado

Javier Corral