Tlachinollan | Sin investigación ejecución extrajudicial del estudiante Antonio Vivar Díaz

Continua sin investigación  ejecución extrajudicial del estudiante Antonio Vivar Díaz y la comisión de otras graves violaciones de derechos humanos a un año de la violenta jornada electoral en Guerrero

  • PGR optó por criminalizar los hechos del 7 de junio del 2015 y enviar a reserva la investigación de la ejecución de Antonio Vivar .
  • Las detenciones arbitrarias de 8 personas – incluido un menor de edad – no tienen sustento en el expediente, ni han sido aclaradas.
  •  Víctimas esperan que la CNDH emita recomendación por graves violaciones de derechos humanos cometidas  por autoridades federales, estatales y castrenses.

Tlapa de Comonfort, Guerrero. 7 de junio del 2016. A un año de las  violaciones graves de derechos humanos cometidas en esta ciudad en el marco de una serie de actos de represión y violencia alrededor de la jornada electoral de junio del 2015, la investigación por la ejecución del estudiante Antonio Vivar Díaz, el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía federal y castrenses y los tratos crueles e inhumanos denunciados, no ha tenido ningún avance;  por el contrario las autoridades responsables han apostado por el olvido y la impunidad.

En este marco, la familia de Antonio Vivar, colectivos estudiantiles, sociedad civil organizada y no organizada, se manifestaron el día de hoy en esta ciudad para exigir justicia para la familia de Antonio Vivar, una investigación diligente de los hechos y garantías de seguridad para la población y para aquellas personas que fueron víctimas de la represión en distintas jornadas, de tratos crueles e inhumanos y de detenciones arbitrarias.

Cabe recordar que los hechos  del 7 de junio del 2016 se dieron en un contexto de polarización ante meses de falta de diálogo entre autoridades federales y grupos sociales que reclamaban cambios sustantivos para el estado de Guerrero en el marco del proceso electoral.  Ante esto, entre los días 1º y 7 de junio se documentaron diversos hechos violentos perpetrados por grupos de personas armadas vinculadas a partidos políticos en aquiescencia con actores estatales; de represión por parte de distintas corporaciones de seguridad; y violatorios de derechos humanos en los que participaron elementos de la policía estatal, federal e inclusive de las Fuerzas Armadas, quienes habían sido desplegados en la región con el objetivo de resguardar los comicios electorales[1].

La violencia alcanzó su momento cúspide el 7 de junio del 2015 cuando se documentó la detención arbitraria de al menos 8 personas – incluyendo un menor de edad -, así como tratos crueles e inhumanos, el uso excesivo de la fuerza contra la población en general por parte de elementos de la policía federal y el Ejército y la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz, un joven estudiante  de origen Tu’un Savi  que era activista  del Movimiento Popular Guerrerense (MPG).

En ese contexto, a un año de los hechos, Tlachinollan denunció el desdén de las autoridades federales y su decisión de negarle a las víctimas una investigación diligente y eficaz. Ejemplo de ello es que, aún y cuando los hechos fueron denunciados debidamente por la familia del joven Tu’un Savi ; que existen registros de medios de comunicación sobre los hechos represivos y la brutalidad con la que se actuó; e incluso se inició una queja por parte del Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al día de hoy no existen avances en la investigación sobre ninguno de éstos.

Por el contrario, la averiguación previa a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) – radicada con el número PGR/GRO/CHI/I/1046/2015, indagatoria en la que se acumulara el expediente MOR/SC/05/365/2015 del fuero común con el que se inició la investigación del asesinato de Antonio Vivar – da cuenta de que ésta está encaminada a investigar la quema de una camioneta del Instituto