Segundo informe: Protección a defensores de DDHH y Periodistas

A pesar del rezago y falta de atención a casos recibidos, que derivaron en su restructuración en marzo de 2014, el Segundo Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto declara que el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas atendió el 100% de las solicitudes de incorporación recibidas:

“28 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 71 a periodistas. Del total, 58 se tramitaron por procedimiento ordinario y 11 por extraordinario, en 30 casos no se incorporaron al no cumplir con los requisitos de la normatividad en la materia”.

Para saber más al respecto, lee el artículo de Edgar Cortes:

Autor: Edgar Cortez

El 1 de septiembre fue entregado al Congreso el Segundo Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto y ahora es necesario examinarlo para saber qué se informa y en qué medida da cuenta de la realidad social y política del país. Revisemos lo que se refiere al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Este Mecanismo inició sus trabajos el 12 de noviembre de 2012 y para marzo de 2014 entró en crisis, pues ya acumulaba un buen número de casos de los que no se tenía la evaluación de riesgo, otros más que ya habían sido evaluados no recibían las medidas ya que los recursos económicos necesarios no estaban disponibles, además de la salida de buena parte del personal, entre otras dificultades.

Luego de este serio tropiezo, el Mecanismo entró en un proceso de reorganización que comprende, entre otras medidas: Incorporación de nuevos integrantes, adoptar una nueva metodología para evaluar el riesgo y capacitar al personal en la misma, llevar adelante un programa para atender el rezago en las evaluaciones de riesgo y asegurarse que las medidas de protección se apliquen de manera inmediata. Este proceso está en marcha, pero aún le resta mucho para lograr que el Mecanismo alcance un nivel satisfactorio.

Luego de estas informaciones de contexto entremos al análisis de lo que dice el Segundo informe de Gobierno respecto del Mecanismo. En dicho documento se presentan los siguientes seis aspectos:

“[El mecanismo] atendió el 100% de las solicitudes de incorporación recibidas (99), 28 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 71 a periodistas. Del total, 58 se tramitaron por procedimiento ordinario y 11 por extraordinario, en 30 casos no se incorporaron al no cumplir con los requisitos de la normatividad en la materia”.

Este primer punto no corresponde con la realidad pues una de las deficiencias existentes hasta la fecha es el rezago de atención a los casos recibidos. Como parte del programa de atención al rezago el 17 y 18 de julio la Junta de Gobierno revisó las evaluaciones de riesgo y acordó medidas de protección para  41 casos y en una siguiente sesión, 28 y 29 de agosto, hizo lo propio respecto de 44 casos. En total 85 casos. Sin embargo el rezago aún persiste, se calculan unos 60 casos en esa situación, a los que habría que sumar las nuevas solicitudes de los meses recientes.

“Se implementaron 281 medidas de protección acordadas por la Junta de Gobierno a favor de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos incorporadas en el Mecanismo”.

Respeto de este punto vale decir que sólo hasta el mes de mayo pasado se liberaron los recursos provenientes del fideicomiso para poner en marcha las medidas y esa tarea aún no está concluida.

“El 30 de septiembre de 2013, se firmó un convenio de colaboración con la organización internacional Freedom House para el fortalecimiento del Mecanismo, a través de la especialización técnica y metodológica, y la restructuración organizacional”.

Esta contribución es la que está haciendo posible la capacitación al personal en la nueva metodología y el acompañamiento para asegurarse de la calidad del trabajo, pero es necesario decir que los recursos que sostienen este apoyo provienen de la cooperación norteamericana y por lo pronto concluye en cosa de uno o dos meses. El gobierno federal insiste que la protección a personas defensoras y periodistas es una prioridad, pero la asesoría especializada se condiciona a la cooperación internacional y no se aseguran recursos propios para este propósito.

“Del 26 al 30 de mayo de 2014, se impartió a todo el personal del Mecanismo y su Junta de Gobierno el ‘Seminario para el Fortalecimiento de las Capacidades del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’ con duración de 40 horas”.

En efecto dicho taller se realizó y fue uno de los primeros pasos de la reorganización del Mecanismo, aunque a decir verdad buena parte de quienes integran la Junta de Gobierno estuvieron ausentes.

“Se firmaron convenios de cooperación con las 32 entidades federativas del país con el objetivo de alcanzar efectividad en las medidas de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Es cierto que todos los estados, a excepción del Distrito Federal, han firmado el convenio, pero eso no significa que los gobiernos estatales se comprometan con la seguridad de periodistas y defensores; incluso algunos estados se niegan a cumplir los acuerdos del Mecanismo, por ejemplo Sonora. En otros, estados como Veracruz o Michoacán, los casos que llegan al Mecanismo se multiplican.

El compromiso de otras autoridades federales y otros gobiernos es clave para que las medidas funcionen. Por ejemplo el Mecanismo ofrece la medida de “botón de pánico” que es una vía para alertar a autoridades de seguridad o personas de confianza que están en riesgo y se debe actuar de inmediato para proteger a la persona, entonces que esa medida funcione depende sobre todo de las autoridades que deben actuar de inmediato.

“El 5 de noviembre de 2013 se publicaron en el DOF las Reglas de Operación del Fideicomiso ‘Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas’ con el objetivo de hacer transparente y del conocimiento de la población, el funcionamiento y la operación del fideicomiso”.

Las reglas a las que se alude son las que regulan el funcionamiento del fondo que se integra por recursos públicos y con el cual se debe asegurar que se cumplan con las medidas necesarias para la protección de personas defensoras y periodistas. Conviene precisar que el fideicomiso existe desde el origen del Mecanismo y tardó 18 meses para accionarlo, es decir, para que los recursos fluyeran y las medidas se concretaran.

El informe omite decir que hasta el 1 de septiembre de 2014, los periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos son grupos en riesgo creciente y que buena parte de sus agresores son servidores públicos estatales.

También guarda silencio sobre la impunidad prevaleciente, pues la gran mayoría de agresiones contra quienes forman estos grupos no son investigadas y en consecuencia tampoco sancionadas.

La visión triunfalista y carente de autocrítica puede hacer que se repitan los errores y una nueva crisis nos alcance