Despojo de tierras en el Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, por el Proyecto Integral Morelos
Lic. Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
Miguel Ángel Osorio Chong
Secretario de Gobernación
Rafael Moreno Valle Rosas
Gobernador del Estado de Puebla
Luis Maldonado Venegas
Secretario de Gobierno del Estado de Puebla
Adolfo López Badillo
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla
Lic.Luis Raúl González Pérez
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Javier Esteban Hernández Valencia
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU
ZeidRa’ad Al Hussein
Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU
Dr. Emilio Álvarez Icaza
Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en el estado de Tlaxcala, tiene conocimiento sobre los hechos ocurridos en San Miguel Papaxtla, Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, los cuales son violatorios de los derechos humanos individuales y de los pueblos, así como constitutivos de actos delictivos, por lo cual solicitamos su intervención urgente.
Hechos:
El día sábado 21 de febrero del 2015, alrededor de las 7:15 horas, los pobladores de San Miguel Papaxtla fueron sorprendidos por la amenazante presencia de decenas de elementos de las Policías Estatal, Federal y del Ejército que permanecía en la entrada de la comunidad, a orillas de la carretera.
Minutos más tarde, siendo las 8:00 de la mañana, el señor Claudio Rosas Grande habitante de San Miguel Papaxtla se dirigió a su terreno ubicado en la misma localidad, en el paraje conocido como Tecolotla, para continuar con el trabajo de preparación de su tierra para sembrar, cuando se percató que maquinaria pesada para la construcción de la obra “Gasoducto Morelos” se encontraba invadiendo su terreno, lo que le sorprendió mucho pues él se ha sostenido en su derecho de negar el paso del gasoducto por su propiedad, pese a las crecientes intimidaciones y presiones recibidas por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los empleados de la empresa encargada de la construcción del gasoducto, iban acompañados por personal de la Subsecretaría Jurídica del Gobierno del Estado de Puebla y resguardados en todo momento por elementos de las Policías Estatal, Federal y también por elementos del Ejército.
Al acercarse el señor Claudio a su terreno -ya acordonado y con elementos policiacos vigilantes de la invasión-se le aproximó un funcionario, quien dijo ser del Gobierno del Estado de Puebla, informándole que “…existe una notificación de la expropiación del terreno…”, notificación que nunca recibió. Más cuando se conoció a quién estaba dirigida la expropiación el señor Claudio advirtió que se trataba de una persona distinta, fallecida hace varios años.
Ahora bien, de conformidad con el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o bien empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno, permanezca en él o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica del mismo o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, comete el delito de DESPOJO, al igual que quienes dirigen la invasión así como sus autores intelectuales.
El dueño se presentó ante el Ministerio Público del fuero común de San Andrés Cholula a presentar la denuncia correspondiente en contra de quien o quienes resultaran responsables por el despojo del que está siendo sujeto, así como demás delitos que deriven de la actuación de todos y cada uno de los servidores públicos involucrados y de la responsabilidad de la empresa constructora del gasoducto Morelos. Sin embargo, la Agente del Ministerio Público no pudo realizar la inspección ministerial el día de los hechos, ya que solamente se encontraba ella en servicio y un Pasante cubriendo el turno, además de manifestar que tenían sobrecarga de trabajo.
Siendo aproximadamente las 20:00 horas, los trabajos en el terreno invadido continuaban sin descanso. Cavaron la zanja, soldaron la tubería e incluso pretendían enterrar el tubo ese mismo día. Es importante hacer énfasis en que el despliegue de efectivos militares y de diversas corporaciones policiacas federales y estatales es permanente y ha servido para custodiar el despojo y también para resguardar tales obras.
Antecedentes:
El Gasoducto Morelos forma parte del Proyecto Integral Morelos que busca proveer de energía a la industria que pueda instalarse a lo largo del ducto y de sus futuros ramales. El conjunto de obras que integran el proyecto, es decir las dos termoeléctricas, el acueducto y el gasoducto, han ido imponiéndose en las comunidades a través de la desinformación, el engaño, la amenaza y la criminalización de la inconformidad social.
El gasoducto, en particular, implica un riesgo latente para las comunidades por las posibles fugas o explosiones y por atravesar zonas de riesgo volcánico y de lahares; una vez instaladas las industrias, queda en riesgo el uso y destino de las tierras, aguas y fuerza de trabajo de las comunidades, así como un futuro territorio devastado por la contaminación industrial, lo que podría impactar irreversiblemente en su capacidad para disponer colectivamente de sus propios medios de subsistencia y desarrollar sus condiciones culturales de vida, fundamentalmente campesina.
Las diversas acciones jurídicas y políticas emprendidas para hacer valer los derechos que se resienten violentados, han sido sistemáticamente bloqueadas, negadas y amañadas por lo que entre más avanza el tiempo –y con él la obra como puede advertirse- más se acumulan las violaciones a los derechos humanos y la impunidad de los actos delictivos.
Derechos violentados:
Algunos de los derechos violentados: derecho a gozar de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; derecho de propiedad, derecho de seguridad jurídica y de legalidad, derecho a la integridad personal, derecho de los pueblos a preservar su territorio e instituciones propias para definir los rumbos de su desarrollo.
Por lo anterior, a los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos pedimos que, en la medida de sus atribuciones, externen al Gobierno Mexicano su preocupación ante la gravedad de estos hechos e insten al gobierno mexicano a que:
Se respete, garantice y proteja el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades de la zona afectada por el Gasoducto Morelos, en tanto que los elementos policiales deben resguardar la seguridad e integridad de los pobladores y no de cometer actos delictivos y violatorios de derechos humanos en su perjuicio.
Se detengan los actos de intimidación, amenazas y expropiaciones arbitrarias y carentes de toda constitucionalidad y legalidad, por parte de funcionarios del gobierno de Puebla, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de las empresas constructoras/operadoras del GASODUCTO MORELOS, de capital trasnacional, del propio cuerpo policial estatal y federal así como elementos del Ejército involucrados en los hechos.
Se garanticen los derechos de acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, por lo que hace a los hechos recientes por constituir evidentemente actos delictivos y violatorios de derechos y libertades en perjuicio de los pobladores y propietarios de predios por donde pretenden atravesar el gasoducto, en particular de quien ha sido despojado de su terreno.
Se detenga el avance de la maquinaria en las comunidades, así como equipo de construcción del gasoducto, pues además de alterar el orden y la paz social de nuestro entorno, generarán un daño irreparable en su integridad territorial y comunitaria.
Se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la integridad de los ejidatarios, ejidatarias, pobladores y personas que participan en las diferentes acciones comunitarias y jurídicas emprendidas para denunciar la arbitrariedad e ilegalidad con la que actúan las autoridades y empresas, y se asegure la no repetición de los actos.
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