Firma la petición | Alto al acoso penal en contra de los integrantes de la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechike y de la organización CONTEC A.C.

Viernes 21 de agosto de 2020

Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua
Twitter: @Javier_Corral

César Augusto Peniche Espejel
Fiscal General del Estado de Chihuahua
Twitter: @PenicheCesar

René Frías Bencomo
Presidente del Congreso del Estado de Chihuahua
Twitter: @FriasBencomo

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila
Secretaria de Gobernación
Twitter: @M_OlgaSCordero

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Twitter: @A_Encinas_R

Francisco de Asís Soní Solchaga
Titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Twitter: @SEDATU_mx

Josefina Bravo Rangel
Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
Twitter: @cdpim

El día 13 de agosto alrededor de las 4 de la tarde, aproximadamente 50 personas rarámuri de la comunidad de Bosques de San Elías Repechike, en Bocoyna, Chihuahua, así como quienes les acompañan, fueron detenidas arbitrariamente por policías estatales que irrumpieron en una reunión que celebraba la comunidad en su taller de costura Bowe Najativo —cuya construcción está completada en un 90%—. Los agentes se presentaron ordenando disolver la reunión y abandonar el lugar y ante la negativa de los presentes, los agentes con uso de la fuerza los llevaron detenidos. Pero antes de llegar a la Fiscalía en el poblado de Creel las camionetas que custodiaban la fila de mujeres, niñas, niños y hombres de la comunidad que caminaron más de dos horas por la carretera se apartaron de la fila y se fueron.

Los hechos ocurrieron en el contexto de una denuncia por despojo, robo y delitos contra el medio ambiente, presentada en mayo de este año en contra de miembros de la comunidad ante la Fiscalía General del Estado por la familia Cuesta, quienes se ostentan como propietarios del territorio que desde tiempo inmemorial ha pertenecido a la Comunidad.

A pesar de que ellos mismos han acreditado ante el Ministerio Público que el territorio les pertenece y se encuentra pendiente de resolución un amparo indirecto que promovió la propia Comunidad por omisión de las autoridades del Estado mexicano en otorgarles títulos, la carpeta continúa abierta con mayores consecuencias para los miembros de la Comunidad y quienes acompañan y asesoran su lucha. En dicho amparo los particulares denunciantes se encuentran participando en calidad de terceros interesados.

El supuesto despojo que reclaman los particulares es sobre una pequeña superficie de su territorio, en la cual la comunidad por acuerdo de asamblea realizada el 11 de marzo del presente año, está construyendo el taller de costura Bowe Najativo con recursos obtenidos de la indemnización que lograron por los daños que les ocasionó la construcción del aeropuerto de Creel sobre su territorio y sin haberles consultado; el supuesto robo de los materiales de construcción utilizados en el pequeño salón que albergará el taller; y los supuestos delitos contra el medio ambiente son por el uso de tales materiales para dicha construcción.

A la detención masiva ocurrida el día 13 precedió una serie de presencias y hostigamientos perpetrados por agentes de policía estatales, quienes, de manera continua se han presentado en la ranchería Cerro de la Virgen, donde se eligió la instalación del taller, para asegurar que se detenga la construcción. Resulta preocupante la eficacia de la Fiscalía General del Estado para proteger a los particulares que indebidamente ostentan títulos sobre el territorio de la Comunidad y en cambio ni la Fiscalía ni las instituciones del Estado mexicano hasta hoy han sido eficaces en la protección de los derechos territoriales que desde tiempo inmemorial pertenecen a la Comunidad. Es importante señalar que tanto el Gobernador del Estado como el Gobierno Federal tienen pleno conocimiento del conflicto, sin que a la fecha haya sido atendido en busca de soluciones de fondo.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades:

  1. Alto al acoso penal en contra de los integrantes de la comunidad Raramuri de Bosques San Elías Repechike.
  2. Se cierre inmediatamente la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado que pretende criminalizar a integrantes específicos de la comunidad.
  3. Que sean investigadas por parte de la Secretaria de la Función Pública y el Congreso del Estado todas las irregularidades del Gobierno del Estado cuyas acciones han sido encaminadas a favorecer a los particulares.
  4. Que el Gobierno Federal y Gobierno del Estado realicen acciones efectivas para la solución de fondo del conflicto, lo que es su obligación constitucional.


    Firma la petición

Alto al acoso penal en contra de los integrantes de la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechike y de la organización CONTEC A.C.

El día 13 de agosto alrededor de las 4 de la tarde, aproximadamente 50 personas rarámuri de la comunidad de Bosques de San Elías Repechike, en Bocoyna, Chihuahua, así como quienes les acompañan, fueron detenidas arbitrariamente por policías estatales que irrumpieron en una reunión que celebraba la comunidad en su taller de costura Bowe Najativo —cuya construcción está completada en un 90%—. Los agentes se presentaron ordenando disolver la reunión y abandonar el lugar y ante la negativa de los presentes, los agentes con uso de la fuerza los llevaron detenidos. Pero antes de llegar a la Fiscalía en el poblado de Creel las camionetas que custodiaban la fila de mujeres, niñas, niños y hombres de la comunidad que caminaron más de dos horas por la carretera se apartaron de la fila y se fueron.

A la detención masiva ocurrida el día 13 precedió una serie de presencias y hostigamientos perpetrados por agentes de policía estatales, quienes, de manera continua se han presentado en la ranchería Cerro de la Virgen, donde se eligió la instalación del taller, para asegurar que se detenga la construcción. Resulta preocupante la eficacia de la Fiscalía General del Estado para proteger a los particulares que indebidamente ostentan títulos sobre el territorio de la Comunidad y en cambio ni la Fiscalía ni las instituciones del Estado mexicano hasta hoy han sido eficaces en la protección de los derechos territoriales que desde tiempo inmemorial pertenecen a la Comunidad. Es importante señalar que tanto el Gobernador del Estado como el Gobierno Federal tienen pleno conocimiento del conflicto, sin que a la fecha haya sido atendido en busca de soluciones de fondo.

Por lo anterior, exigimos a las autoridades:

1. Alto al acoso penal en contra de los integrantes de la comunidad Raramuri de Bosques San Elías Repechike.
2. Se cierre inmediatamente la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado que pretende criminalizar a integrantes específicos de la comunidad.
3. Que sean investigadas por parte de la Secretaria de la Función Pública y el Congreso del Estado todas las irregularidades del Gobierno del Estado cuyas acciones han sido encaminadas a favorecer a los particulares.
4. Que el Gobierno Federal y Gobierno del Estado realicen acciones efectivas para la solución de fondo del conflicto, lo que es su obligación constitucional.

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