FJEDD | El Fiscal General incumplió la Ley Orgánica que lo rigió el primer año de su mandato

  • El Fiscal General incumplió la Ley Orgánica que lo rigió el primer año de su mandato. 
  • No se realizó el Plan de Persecución Penal en los términos establecidos por la Ley, tampoco se integró al Consejo Ciudadano de la FGR.
  • No se siguieron las normas para el nombramiento a  fiscales Anticorrupción y de Derechos Humanos.
  • Regresar a esquemas fallidos de organización y gestión al interior de la FGR es una renuncia a combatir la impunidad.

 Miércoles 15 de enero de 2020

Ha pasado un año desde que inició la gestión del Fiscal Alejandro Gertz Manero frente a la Fiscalía General de la República (FGR); su llegada a esta importante institución estuvo  acompañada de la reciente aprobación de una nueva Ley Orgánica de la FGR que el Senado de la República publicó el 14 de diciembre del 2018 en el Diario Oficial de la Federación.

Esta Ley Orgánica representó el inicio de un proceso de transición hacia una nueva forma de organizarse e investigar. La Ley fue redactada en conjunto sociedad civil y el nuevo gobierno y su finalidad fue generar el cambio que México necesita para comenzar a romper la impunidad de los crímenes que más duelen al país, aquellos que implican graves violaciones a derechos humanos y gran corrupción.

Sin embargo, se siguen llevando a cabo las mismas prácticas fallidas de la PGR ahora en la FGR. El reciente informe publicado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Causa en Común, Impunidad Cero y la Fundación para el Debido Proceso, denominado ¿Un año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a un año de la gestión del Fiscal General de la República, da cuenta de incumplimientos graves de la Ley Orgánica como designaciones fuera de la ley, la del Fiscal y de algunos fiscales especializados; la falta de un Plan de Persecución Penal tanto provisional como definitivo en los términos que establece la ley, la ausencia del Consejo Ciudadano de la FGR, la falta de un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva “Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer”, entre otros que se detallan en el documento disponible en http://bit.ly/3aelbb8.

El 18 de enero del 2020 se cumple el plazo para dar al país el primer Plan de Persecución Penal,en el cual tampoco se cumplirán las normas establecidos en la Ley Orgánica.

Una institución como la FGR no puede exigir el cumplimiento de la ley, incumpliéndola. Se manda un mensaje contradictorio a la sociedad.

Las prácticas que vimos este año 2019 no son diferentes a las que históricamente se han llevado a cabo y nos han conducido al altísimo grado de impunidad en el país: ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, algunas con alto grado de complejidad, trabajando solos, sin reales equipos de análisis, sin apoyo de investigación policial, sin contacto con compañeros(as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares, y mucho menos, sin contacto con otras áreas de la institución o de otras instituciones del Estado. Ha habido disminución de presupuesto y de personal. Un Estado que se dice preocupado por la justicia no puede llevar a cabo ni mantener este tipo de prácticas institucionales.

No se ha visto tampoco la aplicación de nuevas metodologías para organizar las áreas e investigar la grave corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos. Se sigue llevando a cabo las mismas prácticas fallidas que mantenían a la PGR y a nuestro país inmersos en la impunidad y la corrupción.

Ante una criminalidad más organizada, violenta y transnacional, es importante probar nuevas metodologías de investigación, estrategias de gestión y organización institucional, es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del Fiscal. La actual Ley Orgánica es el resultado del trabajo conjunto de víctimas, organizaciones y el actual gobierno federal. Por ello es importante darle una oportunidad a la Ley Orgánica del 2018.

El Fiscal General de la República ha declarado que la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y que han resultado ineficientes, sin embargo, aún no contamos con el diagnóstico oficial de una ley con apenas un año de aplicación y nula evaluación. Adicionalmente ha trascendido que presentará un paquete a otras ocho leyes (incluida la Constitución) que implicaría un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía.

Es responsabilidad de los senadores exigir cuentas sobre el cumplimiento de esta ley que apenas cumple un año de vigencia. Más aún cuando significa la transformación de una institución clave para combatir la impunidad y la corrupción de un México sumido en una emergencia humanitaria.

 

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Jazmín Reza
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