Ginebra, Ciudad de México, Nueva York, Paris, San José, Stuttgart y
Washington DC
21 de febrero 2019
Las organizaciones firmantes que integramos el Observatorio
Internacional sobre Derechos Humanos en México queremos expresar nuestra
gran preocupación por la posible reforma a la Constitución mexicana para
crear una Guardia Nacional como nuevo organismo de seguridad pública,
medida que agravaría la militarización de la seguridad en México.
La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana
durante los últimos dos sexenios ha traído como consecuencia un
considerable aumento de las violaciones a derechos humanos cometidas en
este contexto. El trabajo de documentación realizado por las
organizaciones firmantes permite afirmar que los crímenes de derecho
internacional cometidos por miembros del Ejército permanecen
prácticamente en absoluta impunidad.
Además, la discusión actual en el Congreso contradice los estándares
internacionales y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos y del Sistema de las Naciones Unidas, los cuales
establecen que las tareas de orden y seguridad pública deben estar
reservadas a las fuerzas policiales civiles, dado, entre otros motivos,
que el entrenamiento de las fuerzas militares no está concebido para
desempeñar las tareas de seguridad ciudadana con una perspectiva
conforme a los derechos humanos.
En el año 2010, las sentencias de la Corte Interamericana en los casos
Rosendo Cantú y Fernández Ortega, evidenciaron hechos en los que la
participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana en
México, derivaron en violaciones a derechos humanos. Más recientemente,
las sentencias contra el Estado mexicano emitidas a finales de 2018 en
los casos de tortura sexual contra 11 mujeres en San Salvador Atenco por
parte de agentes policiales, y las desapariciones forzadas en el caso
Alvarado Espinoza a manos de miembros del Ejército en Chihuahua, no solo
reafirmaron la urgencia de la emisión de un marco jurídico para regular
el uso de la fuerza con apego a los estándares internacionales, sino
también la importancia de fortalecer los cuerpos civiles para el
establecimiento de una política de seguridad basada en estándares
internacionales.
Aunado a ello, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, la Corte
señaló que la intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública debe atender a criterios de estricta proporcionalidad y
excepcionalidad. Igualmente, la sentencia en el caso Alvarado Espinoza
reafirma que la seguridad ciudadana debe reservarse primariamente a los
cuerpos policiales civiles. En el caso Atenco, la Corte reiteró lo que
múltiples organismos internacionales han instado hacer al gobierno
mexicano: fortalecer las fuerzas civiles de seguridad. En este mismo
sentido se pronunció el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada
en noviembre de 2018.
Como coalición de 11 organizaciones internacionales comprometidas con
los derechos humanos, hacemos un llamado al presidente Andrés Manuel
López Obrador para buscar alternativas al plan de reemplazar a la
policía federal civil con una nueva fuerza, que estaría controlada
mayormente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Observatorio Internacional considera esencial la lucha contra la
impunidad prevaleciente y la construcción de un plan de seguridad
nacional sostenible, en el cual el fortalecimiento de las instituciones
civiles y del sector judicial sean la base para construir el cambio
estructural que necesita México, al ser los elementos claves para
fortalecer el Estado de Derecho.
ACAT France
Amnesty International
Brigadas Internacionales de Paz, pbi
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Due Process of Law Foundation, DPLF
Latin America Working Group, LAWG
Open Society Justice Initiative, OSJI
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
World Organisation Against Torture (OMCT)
