Comunicado | Postura ONUDH en torno a Guardia Nacional

Parlamento Abierto, Guardia Nacional, 11 de febrero 2019
Senado de la República
Discurso de Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México

Estimadas senadoras, estimados senadores,

Quiero agradecer la gentil invitación a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para participar en esta importante audiencia. Como dije en ocasiones anteriores, por favor, no consideren este agradecimiento como una mera formalidad: la Oficina valora mucho el hecho que su opinión sea considerada por el Congreso como una contribución relevante a la discusión sobre este tema transcendente.

Se trata de mi tercera comparecencia en audiencias sobre el tema. Asimismo, a lo largo de las discusiones, la Oficina del Alto Comisionado ha compartido con el Congreso tres documentos técnicos, mismos que están basados en las obligaciones y estándares internacionales en materia de derechos humanos. Además, la semana pasada se pronunciaron seis mandatos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (Relatorías y Grupos de Trabajo), quienes externaron preocupaciones coincidentes con las nuestras.

Debo reconocer que nuestros planteamientos han sido escuchados parcialmente. Me refiero particularmente a algunos de los aspectos positivos que presenta la minuta en materias tales como la generación de un marco regulatorio homogéneo sobre registro de detenciones y uso de la fuerza. Propuestas, cabe destacar, que deberían ser adoptadas con o sin Guardia Nacional, pero que pueden ser consideradas como contribuciones positivas, aunque colaterales, del proceso de dictaminación. Sin embrago, dichos avances palidecen ante el pretensión central de la enmienda que se analiza.

Los principales argumentos de nuestra Oficina y de varios otros actores, abogados de derechos humanos y expertos en políticas de seguridad, sobre los riesgos asociados (que en México podríamos calificar como “acreditados”) a la utilización de las fuerzas armadas en tareas de  seguridad pública no han logrado convencer a las y los legisladores de cambiar de raíz el rumbo troncal de la propuesta.

Por la responsabilidad que surge de nuestro mandato, voy a intentar, una vez más, resumir nuestros principales puntos de preocupación. Y las preguntas que surgen.

Reflexión primera: 

Si sabemos – e insisto, sí, todas y todos lo sabemos – que lo normal, en un estado democrático de derecho, es enfrentar la delincuencia a través del fortalecimiento de las corporaciones civiles y del sistema de justicia penal, ¿por qué estamos discutiendo una propuesta que prácticamente renuncia (salvo por una débil referencia en los transitorios) a fortalecer la institucionalidad civil en materia de seguridad e incluso aspira a desaparecer la principal corporación civil existente?

La respuesta que escuchamos en discusiones públicas es que las corporaciones civiles son débiles, poco profesionales, entonces que no se puede contar con ellas. Pero si son débiles, si no han crecido suficientemente en los últimos años, ¿no es entonces tiempo para impulsar su crecimiento, profesionalizarles?

La Oficina reitera su convicción de que, si un gran país como México quiere recuperar la tranquilidad, tiene que hacerlo a través del fortalecimiento de los pilares ordinarios de todo estado democrático de derecho, y no robusteciendo lo que debería ser  extraordinario y que lo socava.

Reflexión segunda: 

Si sabemos –e incluso el nuevo Gobierno lo reconoce– que la utilización de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en la última decena de años ha sido un fracaso rotundo, que las tasas de homicidios se triplicaron, las desapariciones se multiplicaron, y que los estados con la mayor presencia militar, como Guerrero o Tamaulipas, siguen siendo los más violentos, entonces preocupa que en vez de programar un retiro ordenado y paulatino de las mismas en tareas que las desnaturalizan y para las que no han sido entrenadas, se proponga crear una nueva corporación con fuertes características militares, y además constitucionalizar y hacer permanentela participación castrense en estas tareas.

La Oficina reitera su convicción, basada en numerosas experiencias internacionales y en la triste experiencia del propio México, de que la formación y mentalidad de las fuerzas armadas (enfocada en combate y eliminación del enemigo, y no prevención, contención, e investigación del delito) no es adecuada para las tareas de seguridad pública, resulta en el quebrantamiento de los derechos humanos y al mismo tiempo favorece la inseguridad, alimentado entonces un círculo vicioso que resulta en los llamados de la ciudadanía desesperada para que se “haga algo”, por ejemplo, para que se suspenden más derechos, retiren más libertades.
Nuestra convicción sigue siendo que México tiene que salir de este círculo vicioso.

Reflexión tercera: 

Si sabemos – y sin duda lo sabemos – que la gran debilidad del sistema de justicia, hoy por hoy, es la impunidad, causada por la mala calidad de la investigación y de la procuración de justicia, ¿por qué entonces en vez de fortalecer a las fiscalías se propone fortalecer a las fuerzas armadas? ¿Por qué en vez de invertir en mejorar la calidad de la investigación se propone convertir al personal militar en investigadores?

¿De verdad estamos convencidos que los investigadores del orden militar, tal vez sólo con ser capacitados en cursos rápidos, van a investigar mejor o estamos aceptando que su “eficacia” se dará a través de los recursos del ámbito militar, la fuerza desbordante?

Reflexión cuarta:

Si sabemos – y pienso que sí, deberíamos saberlo – que las estadísticas muestran terribles índices de letalidad en enfrentamientos entre las fuerzas armadas y supuestos delincuentes, de 10 a 1 y más, incluso de letalidad perfecta, ¡sin sobrevivientes! – índices que no existen ni siquiera en verdaderos conflictos armados entonces sorprende que se insista en fortalecer la lógica militar que privilegia la muerte de personas a quienes considera “enemigos”, en lugar de reconocer sus derechos, empezando por el derecho a la vida.

Reflexión quinta: 

Creo que todas y todas lo sabemos que las dos máximas instancias judiciales en México y en el continente han dictado sentencias recientes, por un lado, invalidando en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, y por otro lado, fijando criterios objetivos sobre el papel excepcional que eventualmente pueden desarrollar las fuerzas armadas en tareas de seguridad. Sin embargo hoy se pretende eludir la sujeción de la política al Derecho y elevar a rango constitucional lo que debería de ser, a lo más, una política extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada -por retomar los elementos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso de la familia Alvarado.

La propuesta, y lo dije e mi última audiencia, no es para una participación extraordinaria, temporal, restringida, subordinada, complementaria y fiscalizada, entonces no pasa la prueba de convencionalidad.

Reflexión sexta:

Si sabemos que la jurisdicción militar carece de independencia e imparcialidad y ha significado un manto en favor de la impunidad por graves violaciones de derechos humanos, entonces ¿por qué se quiere reformar el artículo 13 constitucional para extender los alcances de una jurisdicción que debe tener un alcance limitado y circunscrito a bienes de naturaleza estrictamente militar?

Y finalmente: 

Si sabemos –también deberíamos saberlo– que las instalaciones militares han sido espacios privilegiados para la tortura y los malos tratos, ¿Por qué se abre una puerta constitucional para privar a una persona en instalaciones castrenses?

Por todo lo anterior, formulamos de manera respetuosa las siguientes propuestas al Honorable Senado de la República:

1. Eliminar los componentes castrenses del diseño de la Guardia Nacional. Su definición civil no debe ser desvirtuado, mucho menos desmentido, por los componentes del orden militar que existen en la minuta.
2. Sujetar a la institución a estrictos controles democráticos del orden civil.
3. De contemplarse un papel para las fuerzas armadas, el mismo debe preverse en el régimen transitorio de la reforma, sujetarse un plazo perentorio de vigencia y ser acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos (entre ellos los dictados por la Corte Interamericana en el Caso Alvarado).
4. Generar un programa real de fortalecimiento de todas las corporaciones civiles.
5. Cerrar la puerta a la licencia constitucional para privar de la libertad a civiles en instalaciones militares.
6. No ensanchar los alcances de la jurisdicción militar, misma que debe circunscribirse a un ámbito excepcional, restringido y extraordinario.

Finalmente, permítanme reiterar el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para seguir acompañando las reformas institucionales que México precisa en estricto apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos mediante nuestra asesoría y a través de un diálogo franco y respetuoso que haga posible la recuperación de la tranquilidad y el orden de la sociedad bajo un contexto de respeto a las libertades y derechos de todas las personas.

Muchas gracias por su atención.