Para: Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación

Olga Sánchez Cordero, designada como la futura Secretaria de Gobernación por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador

Alejandro Encinas, designado como el futuro Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación

Michael Pompeo, Secretario de Estado Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Interior (DHS)

14 de septiembre de 2018

OSCs se oponen a planes de Estados Unidos de dar fondos a México para deportar a personas migrantes no mexicanas, y a las negociaciones bilaterales sobre un Acuerdo de Tercer País Seguro, urgen a gobiernos abandonar los planes.

Las organizaciones de derechos de personas migrantes y refugiadas, de derechos de los niños, de las mujeres, organizaciones humanitarias y basadas en la fe, de México y Estados Unidos, abajo firmantes, rechazan rotundamente el plan de Estados Unidos de dar fondos al gobierno mexicano para deportar a personas no mexicanas a sus países de origen, así como las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Mexico sobre un Acuerdo de Tercer País seguro en materia de asilo.

Según el informe enviado al Congreso estadounidense dado a conocer por los medios, el Departamento de Estado transferiría $20 millones de dólares en fondos de asistencia internacional al Departamento de Seguridad Interior (DHS), para apoyar al gobierno mexicano en pagar gastos de traslado de hasta 17 mil migrantes indocumentados no mexicanos hacia sus países de origen. Este plan se da a conocer después de meses de negociaciones constantes entre ambos países sobre la implementación de un Acuerdo de Tercer País Seguro u otro acuerdo bilateral que evitaría que cualquier migrante que transita por México pudiera solicitar protección al gobierno estadounidense, y le obligaría a volver a México para buscar protección internacional.

Nos oponemos a estas medidas. Aunado a la información sobre colaboración entre las autoridades migratorias de ambos países para obstruir el acceso a protección en Estados Unidos en las puertas de entrada en la frontera entre México y Estados Unidos, estas medidas representan una amenaza para el derecho de cada persona de buscar asilo en el país que considera seguro, además una renuncia de ambos gobiernos de sus obligaciones internacionales de ofrecer acceso a protección internacional a las personas. Forzar el retorno de migrantes desde México o desde Estados Unidos sin revisar las necesidades de protección, es una violación del principio de no devolución (non- refoulement), el derecho de no volver al peligro o la persecución. Dados los niveles de desplazamiento forzado por violaciones a los derechos humanos, corrupción e impunidad en los países del Triangulo Norte de Centroamérica, retornar personas sin revisar opciones de protección, obligaría a miles de solicitantes de asilo a regresar o continuar en peligro, o volverse hacia traficantes de personas para protección, lo que aumentaría todavía más al desplazamiento forzado en el Triangulo Norte.

México está lejos de ser un país seguro para personas migrantes y refugiadas, y obligar a las personas de buscar protección en México rebasaría el sistema de asilo del país, que ya es débil. Organizaciones internacionales y mexicanas han documentado como migrantes y refugiados viajando por México son víctimas frecuentes de delitos como el secuestro, la extorsión, robo y violencia sexual, cometidos por organizaciones criminales, pero también por agentes mexicanos de migración y policías. A pesar de algunas medidas tomadas por el gobierno mexicano para fortalecer el sistema de asilo, el acceso al procedimiento de asilo en México sigue siendo una excepción y no la regla.

La cooperación entre Estados Unidos y México en control de la migración debería priorizar el respeto a los derechos de solicitantes de asilo en ambos países. Asistencia de Estados Unidos para México no debería dirigirse al aumento de detenciones y deportaciones, y no debe apoyar a autoridades migratorias y de seguridad que carecen de mecanismos para hacer sus agentes responsables de los abusos cometidos contra migrantes.

Además, Estados Unidos no debe externalizar la aplicación de sus leyes migratorias a México. En lugar de eso, Estados Unidos debe apoyar los esfuerzos de ACNUR y organizaciones civiles en el fortalecimiento de mecanismos de protección en la región. También debería apoyar asistencia internacional que se dirige a las causas de la migración desde los países del Triángulo Norte con base en un respeto para los derechos humanos. Los esfuerzos de Estados Unidos de implementar un Acuerdo de Tercer País Seguro no deberían significar una renuncia a las propias responsabilidades de ofrecer el debido proceso a los solicitantes de asilo.

El gobierno mexicano actual y la futura administración de Andrés Manuel López Obrador no deberían aceptar fondos de Estados Unidos si estos van dirigidos a incrementar violaciones a los derechos de migrantes o al derecho internacional.

Instamos al Departamento de Estado y DHS que abandonen el plan de dar fondos al gobierno mexicano para deportar migrantes y posibles solicitantes de asilo hacia sus países de origen. Adicionalmente, instamos a ambos gobiernos de cancelar las negociaciones sobre un Acuerdo de Tercer País Seguro y hacemos un llamado al futuro gobierno mexicano de expresar su rechazo estos planes. Ambos países deben cumplir sus obligaciones internacionales y morales hacia personas migrantes y refugiadas, respetando el debido proceso, la unidad familiar y el derecho de buscar protección en el país que consideren seguro.

Firman

Alianza Americas Alianza Binacional Migración y Desarrollo AC Asylum Access México (AAMX) A.C. Calotia, Por una Tierra para Todas y Todos Casa del migrante de Saltillo – frontera con Justicia AC Central American Resource Center (CARECEN) DC Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Chiapas, México) Centro Solidario Tsomanotik A.C. Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A. C. Congregation of Our Lady of Charity of the Good Shepherd, US Provinces Disciples Refugee & Immigration Ministries Estancia del Migrante González y Martínez A.C Evangelical Lutheran Church in America, Advocacy Office Fundar, Centro de Análisis e Investigación Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria International Detention Coalition Interfaith Worker Justice Instituto para las Mujeres en la Migracion (IMUMI) Kino Border Initiative Kids in Need of Defense (KIND) Latin America Working Group (LAWG) National Advocacy Center of the Sisters of the Good Shepherd Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados México Sin Fronteras, A.C. Sisters of Mercy of the Americas – Institute Justice Team Women’s Refugee Commission Washington Office on Latin America (WOLA)