CIDH Morelos | ¿Quién es quién en los derechos humanos en Morelos?

Desaparición forzada

Infografía que muestra una parte de la realidad que los gobernantes tratan de ocultar.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía General Región Oriente, Metropolitana y Sur Poniente, a través del IMIPE, las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado son 1742 y 1425 hombres. Aún están en calidad de desaparecidas 207 mujeres y 333 hombres. Es decir, un total de 540 personas.

La Fiscalía Región Oriente reporta datos desde el 2009, la Fiscalía Región Metropolitana desde el 2011 y la Fiscalía Región Sur Poniente desde el 2008. Es así que constatamos que no hay una Base de Datos única para registrar la Desaparición Forzada en el Estado, asimismo, tampoco se cuenta con un registro de todos los casos ocurridos en el Estado, pues aunque solicitamos la información desde el año 2000, sólo nos proporcionaron ésta información.

Así pues, durante los tres últimos sexenios, de Sergio Estrada Cajigal (2000-2006), Marco Adame Castillo (2006-2012) y Graco Ramírez (2012-2018), no se reconoció la problemática de la Desaparición Forzada en la entidad, ni realizó acciones para investigar, prevenir, atender, sancionar y erradicarla. Hasta que el 15 de julio de 2015 se aprobó la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para el Estado de Morelos (http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LDESFORZADAMO.pdf), se emitió su Reglamento el 12 de enero de 2016 http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Ejecutivo_Central/PGJ/oja4/5363_0.pdf). Sin embargo, no se cumplieron sus disposiciones de crear los mecanismos para su funcionamiento: “CUARTA. En un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir del inicio de vigencia del presente Reglamento, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Estatal, deberá de emitir las convocatorias correspondientes a fin de designar a las personas representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil ante el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario y el Comité Consultivo del Mecanismo Estatal para la Atención de Víctimas y Familiares de las Personas Desaparecidas, según corresponda, conforme lo establecido en el presente Reglamento”

En cuanto a las y los titulares de la Fiscalía General Estado, antes Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),  podemos decir que:

Uriel Carmona Gándara, Fiscal actual (2018). Se comprometió en una reunión con el Sub-Secretario de Derechos Humanos de Gobernación atender el tema. Sin embargo no se han visto resultados todavía. No se ha creado la Comisión de Búsqueda ni se ha nombrado a su Titular que debió iniciar su función el 16 de abril del 2018, como lo establece la LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS

(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_171117.pdf)

Javier Pérez Durón (2015-2018). Eximió al Gobernador Graco Ramírez de cualquier responsabilidad en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla. Dejó la Fiscalía sin un solo consignado por ésos hechos.

Rodrigo Dorantes (2013-2015). En su periodo se descubrió la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, donde fueron inhumados 150 cadáveres que habían sido depositados de manera irregular por la propia Fiscalía.

Pedro Luis Benítez Vélez (2009-2012) y Mario Vázquez Rojas (2012). Se suscitó el caso de Jethro Ramsses Sánchez Santana, desaparecido, torturado y asesinado en 2011. Fue detenido por Policías Municipales de Cuernavaca  y entregado a la Policía Federal, quienes lo entregaron a elementos del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar. Su caso estuvo en manos de ambos procuradores.

Francisco Coronato Rodríguez (2006-2009). Durante su período, el 25 de abril de 2009, detienen y desaparecen a 4 jóvenes. Se responsabilizó a la Policía Ministerial del Estado.

Los anteriores titulares de la PGJ fueron José Luis Uriostegui Salgado (2000), Guillermo Tenorio (2000-2004), Hugo Bello (2004-2005) y Claudia Aponte Maysse (2005-2006). En sus periodos no hubo ninguna acción encaminada a investigar y erradicar la Desaparición Forzada.

Finalmente podemos decir que los gobernantes están obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes  en beneficio de la población y que asumen un cargo público para garantizar los Derechos Humanos, así como rendir cuentas de su actuación al frente de las instituciones.

¡Ni una persona desaparecida más, ya basta de impunidad!

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C.