Pan para el Mundo | México no necesita armas, sino un Estado de derecho que funcione

  • Alemania necesita una ley sobre la exportación de armas

Con ocasión del juicio que comienza mañana [15 de mayo] en Stuttgart en contra de personal de la compañía fabricante de armas alemana Heckler & Koch, Pan para el Mundo llama la atención sobre la desoladora situación de los derechos humanos en México. “Precisamente el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos muestra de manera sintomática el involucramiento de la policía federal, la policía estatal y el ejército en las desapariciones forzadas, actualmente masivas, y en el asesinato de más de 200.000 personas en México”, afirmó Cornelia Füllkrug-Weitzel, presidenta de Pan para el Mundo. Por eso, continuó, es absolutamente incomprensible que el gobierno federal alemán haya concedido autorizaciones para exportar a México el fusil de asalto G36. “Aquí se muestra de manera ejemplar que resulta ajeno a la realidad y una clara forma de autoengaño el querer limitar el permiso de exportación a ciertos estados mexicanos, supuestamente más tranquilos: las armas se usaron presuntamente contra estudiantes pacíficos en uno de los estados más violentos, para el cual ni se solicitó ni se concedió un permiso de exportación. Si el gobierno federal y el parlamento federal de Alemania realmente no quieren exportar armas a regiones en crisis y a regiones con graves violaciones a los derechos humanos, entonces debe echar a andar de manera urgente una ley de exportación de armamento.”

Una delegación de alto nivel de Pan para el Mundo, dirigida por Füllkrug-Weitzel, realizó una visita de diez días a México para evaluar la situación de derechos humanos. La delegación viajó por los estados de Guerrero y de Veracruz y habló con familiares de los 43 desaparecidos y de dos estudiantes asesinados en Ayotiznapa, contra quienes se utilizaron los fusiles de asalto G36 de Heckler & Koch. La situación de los derechos humanos ha empeorado de manera aterradora desde hace años: el enorme número de casos de desaparición forzada choca con la inactividad y la falta de voluntad por parte de las autoridades para buscar realmente a las víctimas o  para investigar a los delincuentes. Esto vale también para el caso de Ayotzinapa, sobre el cual las autoridades continuamente difunden nuevas teorías que a veces incluso se contradicen entre sí, mientras que las declaraciones y recomendaciones de investigadores internacionales son ignoradas y los propios investigadores son expulsados del país.

Las fosas comunes en Veracruz fueron encontradas únicamente gracias a la intervención de colectivos  de familiares,  y  en  contra  de  los  desmentidos  oficiales  por  parte  de  las autoridades. La violencia en Guerrero ha aumentado aún más en los últimos años, a pesar de una militarización masiva del estado. Las compañías mineras tienen concesiones de explotación en zonas controladas por la mafia. Según cifras oficiales existen aproximadamente 35.000 desaparecidos registrados. Pero con base en el hallazgo de osamentas, se calcula que esa cantidad representa sólo entre el 10 y el 25 por ciento del total. Muchos familiares no reportan la desaparición por miedo a más abusos y a la estigmatización. “Quien hace pública la desaparición de sus familiares se arriesga a que otros familiares desaparezcan o sean asesinados. Sobre todo la desaparición de mujeres jóvenes con frecuencia no se denuncia porque los familiares tienen miedo a que sus hijas sean vistas de forma negativa”, dice Füllkrug-Weitzel.

Al mismo tiempo, según estadísticas oficiales del gobierno, tan sólo en el año pasado fueron asesinadas 26.000 personas. En los doce últimos años fueron asesinadas 200.000. Entre las víctimas se encuentran hombres y mujeres activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos municipales, estudiantes y migrantes, así como sacerdotes. A pesar de las leyes existentes sobre la desaparición forzada y para la protección de las víctimas, las instituciones mexicanas no son capaces o no están dispuestas a poner en práctica estas leyes. Una y otra vez la delegación de Pan para el Mundo fue informada de la colusión entre las fuerzas de seguridad, el ejército y el crimen organizado. “México no necesita que se le suministren  armas,  sino  un  Estado  de  derecho  e  instituciones  que  funcionen  y  que implementen las leyes, así como mecanismos efectivos para garantizar la protección a los derechos humanos”, dijo hoy en Berlín la presidenta de Pan para el Mundo. “Esto les debe interesar también al gobierno federal alemán y a la Unión Europea, que quieren llevar a buen término todavía este año la llamada modernización del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM).”

En vista de las inminentes elecciones a principios de julio en México existe el peligro de que el gobierno mexicano quiera cerrar a como dé lugar el caso de Ayotzinapa sin que haya salido la verdad a la luz y sin que se les haya hecho justicia a las víctimas. En este contexto resulta también preocupante que voces críticas, como la del representante del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, haya sido atacado abiertamente por el gobierno mexicano. Resulta urgente el apoyo internacional para el esclarecimiento del crimen y la corrupción.