CCTI | Campaña internacional para la liberación de Librado Baños

Librado Jacinto Baños Rodríguez, defensor de derechos humanos, investigador y catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, crítico del capitalismo y promotor por la vía pacífica de un modelo de sociedad más justa, ha asesorado comunidades y movimientos campesinos en Guerrero y Oaxaca y es cofundador de la Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (UCIDEBACC). Con ella promovió y obtuvo, mediante la autogestión comunitaria, vivienda y servicios básicos para familias desposeídas, que conformaron la que ahora se conoce como Colonia UCIDEBACC.

Librado Baños peleó por la tierra para quienes no la tienen, y ese proceso lo confrontó con grandes empresas que se habían aliado con caciques tradicionales y políticos locales, en una intrincada red de complicidades que implican también a autoridades federales, para quienes el ejemplo de la Colonia UCIDEBACC era un grave riesgo que se podía propagar. Derivado de ello, en un proceso viciado de origen y plagado de irregularidades, Librado Baños fue acusado falsamente de secuestro, portación de armas de fuego y otros delitos federales, proceso al que ha estado sujeto desde hace casi cinco años, que lo ha mantenido injustamente en prisión durante ese tiempo, y que se encuentra en su última etapa a espera de la audiencia de vista.

El abogado defensor de derechos humanos fue detenido la madrugada del 25 de agosto de 2013, en una operación que implicó la participación de poco más de 300 elementos policiacos y militares que irrumpieron en la comunidad UCIDEBACC, con lujo de violencia allanaron su domicilio llevándose consigo diversos artículos de valor, documentos personales y de la organización, y golpearon a su hijo menor de edad cuanto intentaba ayudarlo. Los agentes responsables no presentaron orden de aprehensión ni de cateo.

El defensor fue sometido a tortura tanto física como psicológica. En su domicilio, los elementos lo golpearon en reiteradas ocasiones a él y a su hijo menor de edad. Posteriormente, encontrándose en el 47 Batallón de Infantería en Pinotepa, fue amenazado con lastimar a sus hijos y esposa, y nuevamente golpeado por los militares que lo tenían en su poder. El defensor fue incomunicado en instalaciones de la Procuraduría General de la República por aproximadamente 10 horas, sin informar a sus familiares de su paradero.

De entonces a la fecha, el defensor ha sido sometido a hostigamiento y tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior del centro penitenciario; asimismo le han sido negados, dilatados u obstaculizados los servicios y atención médica, dicha situación ha resultado en la pérdida total de la vista, sin que a la fecha la CNDH, la Fiscalía Estatal ni DDHPO hayan fincado las responsabilidades correspondientes, lo que los hace cómplices.

Las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas en su contra han dejado daños irreversibles en el defensor de derechos humanos. La perdida de la vista y el deterioro general de su estado de salud son consecuencias irreparables de la tortura, de los tratos inhumanos y degradantes sufridos a lo largo de estos cuatro años y ocho meses de reclusión.

En 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno federal la liberación de Librado Baños, la atención inmediata a su salud y tomar las medidas pertinentes para la reparación del daño. Nada ha sido cumplido.

El Poder Judicial Federal lo debe poner en inmediata libertad al dictar su sentencia, por lo que iniciamos esta campaña por su liberación inmediata, en la que durante las próximas semanas estaremos visibilizando de distintas maneras el caso de la detención arbitraria del abogado defensor de derechos humanos, campaña que está suscrita por diversos organismos defensores de derechos humanos a nivel estatal, nacional e internacional que suscribimos le presente comunicado.

Librado Baños Rodríguez debe ser puesto en inmediata libertad, el Estado le debe otorgar una adecuada reparación, incluyendo el otorgamiento de compensación y brindarle el tratamiento médico necesario, conforme a lo que mandata la Opinión 19/2015 (México), emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.

Llamamos al poder Judicial Federal a hacer una valoración objetiva del caso, donde sin lugar a duda no hay elementos suficientes para mantener en prisión al defensor de derechos humanos, en consecuencia, se debe emitir una sentencia absolutoria.