El Observatorio | Mexico: Asesinato de 5 miembros de la CRAC-PC, y detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo dirigentes y integrantes del CECOP y 27 miembros de la CRAC-PC

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO
MEX 001 / 0118 / OBS 003
Asesinato / Detención Arbitraria
Registro sin orden judicial
Tortura y/o Malos Tratos
México
                  9 de enero de 2018
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.
 
Descripción de la situación
 
El Observatorio ha recibido información del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan sobre el asesinato de cinco miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) [1] así como sobre la detención arbitraria de 32 personas defensoras incluyendo los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP)[2], junto con otros tres integrantes del CECOP, y 27 miembros de CRAC-PC. Al menos seis personas detenidas habrían sido víctimas de actos de tortura y/o malos tratos.
 
Según la información recibida, en horas de la madrugada del día 7 de enero dos policías comunitarios de la CRAC-PC del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron asesinados en una emboscada por parte de personas desconocidas en contra de un grupo conformado por varios policías comunitarios de la CRAC-PC. La agresión se produjo cuando los integrantes de la CRAC-PC estaban pasando por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad que estaban llevando a cabo para resguardar una celebración local.
 
Según la misma información, alrededor de las diez de la mañana del día 7 de enero fue desplegado un operativo de seguridad compuesto por más de 100 elementos de fuerzas de seguridad incluyendo policías ministeriales y estatales, así como unidades del ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades vecinas con el fin de requisar las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin orden legal expedida por autoridad competente.

En ese contexto, y coincidiendo con el momento en que un helicóptero sobrevolaba el lugar de los hechos, un agente de la seguridad del Estado habría accionado su arma desencadenando un tiroteo en el que se habría producido la ejecución extrajudicial de tres de los policías comunitarios.
En ese instante, las fuerzas policiales se aglomeraron con el fin de detener a los dirigentes del CECOP, los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, así como a las otras 30 personas detenidas. Durante estos incidentes al menos seis periodistas fueron agredidos por las fuerzas de seguridad que les intimidaron para que no filmaran los hechos llegando a apuntarles con armas de fuego. A varios periodistas les sustrajeron las memorias de las cámaras y un periodista tuvo que ser hospitalizado por las lesiones sufridas.
 
Alrededor de las 5 de la tarde, elementos de la policía ministerial trasladaron al Sr. Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que sus familiares tuvieran conocimiento de su paradero hasta horas más tarde en que pudo saberse que se encontraba en el Centro de Reinserción Social (CERESO) en Las Cruces, Acapulco, junto con otros cuatro detenidos entre los que se encontraban los otros cuatro integrantes del CECOP. Según la información recibida los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz, Vicente Suástegui Muñoz y los otros cuatro detenidos en el CERESO presentaban signos de haber sido sometidos a tortura y/o malos tratos durante las primeras horas de detención. Al momento de publicar este Llamado Urgente 21 de las personas detenidas seguían en la Fiscalía General del Estado y permanecían incomunicadas sin posibilidad de ver ni a sus familiares ni a su defensa. Además, la situación jurídica de las personas detenidas no había sido clarificada.
En este contexto el Observatorio muestra su preocupación por la gravedad de las violaciones de derechos humanos que parecen haberse producido en este caso incluyendo dos asesinatos, tres ejecuciones extrajudiciales, múltiples detenciones arbitrarias, violaciones a los principios del debido proceso, requisas sin órdenes judiciales, así como actos de tortura en contra de las personas detenidas.
 
El Observatorio destaca las dificultades para la defensa de derechos humanos en México que vive una auténtica crisis en lo relativo al derecho a defender derechos como muestra la documentación por parte de la Red TDT de al menos 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 desapariciones de personas defensoras durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto [3]. En este contexto el Estado de Guerrero destaca como una de las entidades federativas en las que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan mayores riesgos.
 
Por todo lo anterior el Observatorio exige que se inicie inmediatamente una investigación efectiva sobre los hechos acaecidos el 7 de enero así como un llamamiento a que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica de todas las personas detenidas, y particularmente la del Sr. Marco Antonio Suástegui Muñoz habida cuenta de los ataques que ha sufrido en el pasado [4].
 
 
 
Acción solicitada:
 
Por favor, escriban a las autoridades  de México instándolas  a:
 
i.                 Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, así como la de los más de 30 integrantes de la CRAC-PC, así como la de todas las personas defensoras en México, incluido las y los periodistas que defienden los derechos humanos; 
 
ii.                Llevar a cabo una investigación inmediata, independiente, exhaustiva, efectiva e imparcial en torno a todos los hechos mencionados, con el fin de que los responsables sean llevados ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial, para que les sean aplicadas las sanciones penales, civiles y/o administrativas previstas por la ley;
 
iii.               Tomar acciones urgentes en concertación con la sociedad civil para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos en Guerrero a través del establecimiento de garantías para la defensa de derechos humanos en el Estado de Guerrero;
 
iv.              Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;
 
v.               De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.
 
Direcciones:
·       Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. E-mail: [email protected]
·       Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior). E-mail:  [email protected]
·       Dr. Raúl Cervantes Andrade, Procurador General de la República. E-mail: raul.cervantes@pgr.gob.mx
·       Sr. Roberto Campa Cifrián, Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Fax: (+52) 55 5728 7400 Ext. 24586. E-mail: [email protected]
·       Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: [email protected]  
·       Sr. Héctor Astudillo Flores, Gobernador del Estado de Guerrero. E-mail: [email protected]ro.gob.mx, [email protected], [email protected]
·       Sr. Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado de Guerrero. E-mail: [email protected], [email protected]
·       Sr. Pedro Almazán Cervantes, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. E-mail: [email protected]
·       Sr. Alberto López Celis, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. E-mail: [email protected]
·       Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail:  [email protected]
·       Sr. Embajador Eloy Cantú Segovia, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: [email protected][email protected]
·       Sr. Embajador Dr. Luis Alfonso de Alba, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: [email protected]
 
Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
 
***
 
Ginebra-Paris, 9 de enero de 2018
 
Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de  ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.
 
Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:
·       E-mail: [email protected]
·       Tel. y fax: OMCT : + 41 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
·       Tel. y fax: FIDH : + 33 1 43 55 25 18 / + 33 1 43 55 18 80
 

 


[1]                En 1995 nacen las bases de lo que poco tiempo después sería la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en el Estado de Guerrero. Dicha organización surge como parte de los procesos de pueblos indígenas en el ejercicio de su autonomía y la defensa de sus territorios. En 17 años, la CRAC-PC logró disminuir en más del 90% la ocurrencia de delitos en la región en la que trabaja. Dicho fenómeno le generó una gran legitimidad y respaldo por parte de los pueblos de la región y de la sociedad civil nacional e internacional que lo han convertido en un referente mundial de sistemas de justicia comunitarios.
[2]                 El CECOP es una organización campesina que desde hace más de diez años se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del Río Papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero.
 
[3]                Véase Comunicado de Prensa de la Red TDT, la OMCT, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y Latin America Working Group de 5 de septiembre de 2017: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2017/09/d24515/.
[4]                En Junio de 2014 el Sr. Marco Antonio Suástegui fue detenido arbitrariamente y de manera violenta en el Municipio de Acapulco por la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE), imputado injustamente de robo y otros cargos fabricados en su contra para prohibirle de llevar a cabo sus actividades en defensa de los derechos humanos de su comunidad. Posteriormente, el Sr. Suástegui Muñoz fue trasladado ilegalmente a distintos penales, inclusive el penal federal de máxima seguridad en Nayarit, violando su derecho a poder elegir su defensa y a poderse comunicar con sus representantes legales y denotando la voluntad de las autoridades de tratarlo como un delincuente de alta peligrosidad, a pesar de que es un reconocido defensor de derechos humanos. El Sr. Suástegui fue finalmente absuelto en noviembre de 2015.
 

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