Hallazgos preliminares de la Misión virtual de seguimiento de la implementación de las observaciones del Comité Contra la Tortura

La impunidad y la falta de reconocimiento de las víctimas de la tortura persiste en México y no retrocede[1]. La OMCT y la Red TDT, con el apoyo de multiplicidad de organizaciones comprometidas con la lucha contra este flagelo en México, han llevado a cabo una Misión Virtual de seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, adoptadas en 2019, entre el 4 y el 11 de febrero de 2021.

En agosto de 2019, una alta autoridad del Estado mexicano declaró:

“México tiene que abrirse al escrutinio internacional y la tortura debe ser erradicada, ya que lamentablemente se sigue produciendo en los cuerpos de la seguridad pública o de impartición de justicia. No es un asunto menor, toda vez que la tortura es una de las peores prácticas que reflejan la incapacidad del Estado para asumir su responsabilidad en materia de derechos humanos, así como la incapacidad para ejercer una verdadera impartición de justicia”[2].

Reconociendo la importancia de estos pronunciamientos y alentando a que se produzcan de forma más sistemática y generalizada en los altos rangos de las tres ramas, del poder a nivel federal y de todos los estados, la delegación internacional, después de una semana de reuniones con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de tortura (sobrevivientes y familiares), concluye que:

“En la práctica, sigue habiendo una falta de voluntad y de recursos, que se muestra, de forma particular, en la actitud y prácticas, lentas y obstructivas, de la mayor parte de las instituciones implicadas en la seguridad pública, la procuración y administración de justicia, de terminar con esta práctica”.

Por este motivo, entre otras medidas urgentes, resulta sumamente importante que las organizaciones puedan consultar el borrador definitivo, así como la publicación y pronta implementación del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que se espera que constituya un pilar para tener una política pública que coordine instancias y prácticas alrededor de la prevención, investigación, sanción y reparación de este tipo de hechos:

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Hacienda, para que terminen los pasos necesarios de forma inmediata para que pueda ser publicado, por la gravedad que conlleva alargar este proceso por las víctimas de la tortura y el conjunto de la sociedad”.

Los problemas en materia de detección, documentación, investigación y sanción de la tortura son múltiples y abarcan una multiplicidad de actores; entre estos, destaca la ausencia de independencia, imparcialidad y rigor de la gran mayoría de peritos oficiales, quienes siguen desacreditando o minimizando y, por lo tanto, encubriendo, actos de tortura y otros malos tratos, como un estudio reciente establece[3], lo que debe acarrear sanciones penales y administrativas, como urge el Comité contra la Tortura en sus recomendaciones de 2019.

La delegación internacional está gravemente preocupada por la situación de las personas privadas de libertad, particularmente crítica en el contexto de la pandemia de la Covid-19. Medidas, como la Ley de Amnistía, que fueron aprobadas para reducir la superpoblación y proteger a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, así como figuras de sustitución de la pena o preliberación, previstas en la ley vigente, no se han traducido en una reducción de la población penitenciaria. De hecho, la población carcelaria tuvo un aumento significativo, más de 14’000 personas, en 2020, debido al uso abusivo de la prisión preventiva.[4] También preocupa la falta de información pública brindada por las autoridades penitenciarias sobre el número contagios y muertes a causa de la Covid-19, los protocolos y medidas de de higiene, prevención y atención adoptadas.[5]

Preocupa profundamente que las necesidades básicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo son desatendidas de forma sistemática, situación que se ha agudizado con la pandemia[6]. En las estaciones migratorias, que siguen llenándose a pesar de la pandemia, el hacinamiento, la falta de higiene, de alimentación adecuada y de atención médica (incluida la atención de emergencia) son persistentes[7]. Se ha denunciado la securitización de las fronteras y de los controles migratorios, así como el uso recurrente de la fuerza dentro de las estaciones y en los corredores.

Por su parte, la delegación también ha constatado violaciones recurrentes de los derechos humanos de las personas afectadas por situaciones de desplazamiento forzado, quienes viven en condiciones que atentan contra su dignidad y ponen en grave peligro su vida e integridad personal, con un impacto diferenciado en las mujeres y los niños y niñas. Hacemos un llamado a las autoridades federales y de las entidades federativas, como las del estado de Chiapas[8], a que actúen de forma urgente.

La tortura y otros malos tratos también son presentes el marco de las acciones de protesta social. En el caso particular de Jalisco, las protestas se dieron derivadas de la indignación que causó la tortura y ejecución de Giovanni López, quien habría sido detenido de manera violenta “por no usar cubrebocas” en mayo del 2020[9].

Finalmente, es intolerable que se estigmatice y criminalice a las víctimas de tortura, exacerbando su situación de vulnerabilidad y desprotección. Hacemos un llamado a investigar y sancionar estas prácticas, a que se adopten protocolos de atención que no las revictimicen y que faciliten los trámites burocráticos, incluyendo la inscripción al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), y a que aumenten los recursos dirigidos a las necesidades de apoyo, rehabilitación y reparación de las víctimas.[10]

 

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[1] En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las ya existentes, elevaron la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo. Por su parte, en el fuero local, en 2018, se iniciaron casi 4000 investigaciones, pero solo en 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez (ver intervención de la sociedad civil en audiencia CIDH, 4.12.2020, https://www.animalpolitico.com/res-publica/la-tortura-que-persiste-en-mexico/)

[2] Ver Informe de Seguimiento presentado por el Estado mexicano en junio de 2020.

[3] En una muestra de 54 dictámenes periciales, en más del 70% es evidente la pretensión de desacreditar o minimizar lesiones.

[4] https://www.animalpolitico.com/2020/12/poblacion-carceles-crece-record-2020/, Arturo Angel, 15.12.2020.

Para más detalles, ver https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/.

[5] https://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/archivos/4949 .

[6] Para más información sobre la situación de precariedad y violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes, ver Informe de Hallazgos de la Misión de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Sur de México, agosto – septiembre 2020.

[7] Ver también Medidas Cautelares de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 23.10.2020.

[8] https://redtdt.org.mx/mco-a-chiapas-comunicado-de-prensa/, 10.12.2020.

[9] https://www.animalpolitico.com/2020/06/giovanni-joven-murio-policias-jalisco/, 3.06.2020.

[10] https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/la-transformacion-del-retroceso/, Moscoso & López, 05.10.2020. https://www.animalpolitico.com/2020/11/extincion-fideicomisos-afectacion-victimas-apoyos/, Alberto Pradilla, 17.11.2020.