Preocupación por hostigamientos y difamaciones en contra de Cosyddhac

Lic. César Horacio Duarte Jáquez

Gobernador del Estado

Palacio de Gobierno

Aldama 901

31000, Chihuahua, Chih.

Fax: 01-614-4293300, extensión 11066.

Sr. Gobernador:

El 16 de febrero del presente año, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A. C. le dirigió una carta a usted manifestándole su preocupación por los hostigamientos y difamaciones en contra de una organización de esa Red, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., y su presidente el P. Javier Avila Aguirre, S. J., y en contra del Vicario General de la Diócesis de la Tarahumara, P. Héctor Fernando Martínez, del Vicario de Pastoral Indígena de la mencionada Diócesis, P. Gabriel Parga Terrazas, y de tres organizaciones más: Consultoría Técnica Comunitaria, Alianza Sierra Madre y Tierra Nativa.

Dichos hostigamientos y difamaciones aparecieron al haber sido nombradas estas personas y organizaciones como asesoras de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas afectados por la construcción de un aeropuerto en la comunidad de Creel, Municipio de Bocoyna, Chih, y la introducción de un gasoducto que atraviesa el territorio de algunas comunidades rarámuri. Es una obligación del gobierno realizar una consulta como mecanismo de diálogo entre empresas, autoridades y las comunidades indígenas de acuerdo a lo que establece la Constitución en su Artículo 2º y por diversos convenios internacionales firmados y ratificados por México.

Se le mencionaba que usted estaba perfectamente enterado del proceso que se ha llevado en relación a los señalamientos en contra de estas personas y organizaciones, al mismo tiempo de la oferta que le hizo al P. Javier Avila, S.J. de aclarar usted mismo a los medios de comunicación la verdad de los hechos y la exacta participación tanto de las personas como de las organizaciones en cuestión.

Sabemos que a la fecha no se ha cumplido con esa oferta, y su silencio nos preocupa pues habla de mucha indiferencia hacia la sociedad civil y las organizaciones que trabajan con esas comunidades; además que situaciones como las referidas dan lugar a incrementar el riesgo que enfrentan de por sí los defensores de derechos humanos en su trabajo.

Le recordamos, Sr. Gobernador, que el P. Javier Avila A., S.J. es beneficiario de medidas cautelares, lo cual conlleva una obligación reforzada de protección.

Constatamos que la situación de homicidios y ataques en contra de defensores y defensoras de derechos humanos es generalizada en el estado de Chihuahua y cada día crecen las estadísticas de muertes injustas y sin aclarar, lo cual preocupa aún más.

Por todo lo anterior atentamente le solicitamos aclare la verdad de los hechos para que cese el hostigamiento y las campañas difamatorias hacia los defensores y defensoras de los pueblos indígenas.

Atentamente:

Fernando Ríos

Secretario Ejecutivo de La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.