Violencia contra las mujeres,
un problema histórico

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más presentes en el mundo (ONU Mujeres, 2015). Se manifiesta en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, tanto en escenarios públicos como privados, y se traducen «en la criminalización y judicialización de las mujeres por ejercer su derecho a decidir, el feminicidio, la trata de personas y los crímenes por odio y homofobia, entre otras» (Red TDT, 2015). Esta violencia, más que acciones individuales o al azar, está arraigada en estructuras sociales y trasciende geografía, edad, estatus socioeconómico y nivel educativo (ONU, 1993).

La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que éstas gocen de sus derechos fundamentales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este tipo de violencia se clasifica como «violencia basada en el género», ya que está motivada por «la estructura de discriminación y la cultura de subordinación y dominio patriarcal» sobre las mujeres por el simple hecho de serlo (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012). La violencia basada en el género también es ejercida contra lesbianas, bisexuales, personas transexuales, transgénero, intersexuales e incluso entre varones que no cumplen con el mandato de masculinidad hegemónica.

La violencia posee un componente social. En parte es resultado de un comportamiento aprendido en contextos de desigualdad social, ya sea por género, edad, raza, clase social u otra característica específica. Estos actos no reconocen los derechos y la dignidad de las personas, y están basados en la desigualdad del poder.

Una oposición binaria básica, la de mujer/hombre, genera una simbolización de todos los aspectos de la vida. El género es el conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características «femeninas» y «masculinas» a cada sexo, a sus actividades y conductas, y a las esferas de la vida (Lamas, 2002). Mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es “propio” de cada sexo (Lamas, 2002).

Las relaciones de género desde la educación patriarcal, son las relaciones del poder que ejercen los hombres hacia las mujeres, entendiendo éstas como «una forma de desigualdad social, articulada a otras desigualdades (de clase, etnia, orientación sexual, generacional). Estas relaciones de poder afectan en los ámbitos de la salud, la sexualidad, la reproducción, el trabajo y la participación social y política» (Lazos, 1996).

Históricamente, la violencia contra las mujeres ha sido normalizada y considerada como un asunto del ámbito privado sobre el que el Estado no debía ni podía intervenir. Fue hasta que el movimiento feminista reclamó que la violencia contra las mujeres cometida principalmente por las parejas en el ámbito privado era un problema público, ligado a la negación de los derechos humanos de las mujeres, que se empezaron a generar las agendas e instrumentos internacionales y nacionales para atenderla junto con sus consecuencias (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012).

Causas de la violencia contra las mujeres

De acuerdo con el Estudio de fondo sobre todas las formas de violencia contra las mujeres (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006), la violencia contra las mujeres es un mecanismo mediante el cual se logra la perpetuación del sistema patriarcal; al mismo tiempo, es una consecuencia de esta subordinación. La ideología patriarcal, un sistema de creencias que guía la forma en que las personas entendemos y valoramos el mundo y por lo tanto «proporciona una base para la evaluación de conductas y otros fenómenos sociales; y sugiere respuestas de comportamiento adecuadas» (Facio & Fries, 2005), justifica la inferioridad de las mujeres como algo natural. Es decir que la violencia contra las mujeres es también una forma de violencia estructural (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012). De igual forma, la ideología patriarcal mantiene y agudiza otras formas de dominación.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer reconoce que históricamente las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que han generado la dominación y discriminación contra las mujeres por parte de los hombres, se manifiestan en la violencia en su contra, siendo ésta «uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre» (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012). Esta violencia impide que las mujeres puedan lograr una igualdad jurídica, social, política y económica en la sociedad.

Estas formas de violencia están invisibilizadas y naturalizadas, por lo que permanecen impunes y favorecen su expansión y repetición (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012). En la mayoría de las culturas conocidas se considera a las mujeres, en distintos grados, inferiores a los hombres, encontrando las justificaciones y mecanismos necesarios para mantener y reproducir esta condición. Aún con la diversidad, podemos encontrar cuatro rasgos comunes en todas ellas: 1) una ideología y lenguaje que explícitamente devalúan a las mujeres; 2) hechos simbólicos y mitos que otorgan significados negativos a las mujeres, aunque no siempre de forma explícita; 3) estructuras que excluyen la participación de las mujeres de los espacios de poder; y 4) un pensamiento dicotómico que divide las cosas, las jerarquiza y sexualiza y «erige al hombre en parámetro o paradigma» (Facio & Fries, 2005). Las instituciones sociales (el Estado, la familia, la educación, las religiones, el derecho) han servido para la conservación y reproducción de esta violencia hacia las mujeres.

La cultura patriarcal culpabiliza a las mujeres y mercantiliza sus cuerpos, legitimando las prácticas de violencia contra ellas al tratarlas como objetos, esto conduce a violaciones a los derechos humanos como:

«La discriminación laboral y económica, violencia institucional, violencia física y psicológica; y se agudiza con la feminización de la pobreza, la precarización del trabajo y la falta de reconocimiento del derecho de las mujeres a la tenencia de la tierra y la participación social y política» (Red TDT, 2015).

Existen otros factores que pueden aumentar las posibilidades de que se ejerza violencia contra las mujeres y niñas. A nivel individual, por ejemplo, el acceso a la educación, la falta de autonomía económica, el desempleo, la discapacidad. A nivel comunitario, entre otras, la aceptación de los papeles tradicionales asignados a cada género, las sanciones diferenciadas contra las mujeres, la pobreza, los vínculos sociales débiles.

También reproducen la violencia contra la mujer, «algunas expresiones religiosas que consideran a las mujeres personas inferiores a los hombres o bien las catalogan como seres pecaminosos a los que hay que contener, dominar y castigar» (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012). De igual forma, algunas prácticas culturales pretenden justificar esta violencia, tal es el caso de las «creencias vinculadas con las “prácticas tradicionales nocivas” (como la ablación o mutilación genital femenina, el matrimonio de niñas y la preferencia por los hijos varones), los crímenes cometidos en nombre del “honor”, las penas discriminatorias impuestas en virtud de leyes de inspiración religiosa, y las limitaciones a los derechos de la mujer en el matrimonio» (Asamblea General de Naciones Unidas, 2006). Esto continúa ocurriendo en distintas regiones del mundo y de México pese a que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, obliga que los Estados deben de condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de evitarla.

La liberación de los mercados y mundialización de las economías, también ha generado contextos de desigualdad económica en los cuales las mujeres son más vulnerables a la violencia debido al acceso restringido a fuentes laborales, a salarios en igualdad con los hombres, la tradición de no ser consideradas en la herencia de propiedades o a la dependencia económica hacia ellos, reduciendo la capacidad para «actuar y tomar decisiones». También favorecen la violencia contra las mujeres las doctrinas sobre la privacidad[1] y la inacción del Estado para prevenir, atender y sancionar esta violencia.

 

[1] Se refiere a que las situaciones de violencia contra las mujeres que ocurren en el ámbito familiar y privado no son de la incumbencia ni responsabilidad del Estado

Tipos y modalidades de la violencia

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se reconoce que la violencia contra las mujeres puede ser física, sexual y psicológica. De acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), legislación mexicana, la violencia contra las mujeres puede ser física, sexual, emocional o psicológica, económica y patrimonial. Algunas leyes estatales también consideran la violencia obstétrica y la violencia política contra las mujeres. De igual forma, la Ley General establece que las modalidades de la violencia se ejercen en el ámbito familiar, en el laboral y educativo, en la comunidad, institucional y feminicida.

Estos tipos de violencia se interrelacionan y comparten factores de riesgo, y afectan a las mujeres durante toda su vida. La violencia contra las mujeres puede tener distintas manifestaciones en escenarios, países y regiones específicas (ONU, 1993). La forma de violencia más común a nivel mundial es la violencia en el ámbito privado cometida por la pareja (ONU Mujeres, 2015). Sin embargo, esta 

 

 

ha tomado interés público debido a la magnitud de la problemática del feminicidio en la actualidad. De igual forma, gracias a lasdenuncias del movimiento feminista, se han visibilizado otros tipos de violencia, tanto en el ámbito privado como en el público.

En el artículo segundo de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también se considera la violencia perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que esta ocurra. Es decir, que la violencia puede ser perpetrada dentro de la familia, en la comunidad, por cualquier persona, o cometida y tolerada por el Estado, en cualquier ámbito (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012).

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

    Algunas formas de violencia son
    (ONU Mujeres, 2015):

      • El acoso sexual y las agresiones sexuales no conyugales
      • La violencia contra la pareja
      • El embarazo forzado y el aborto
      • La explotación sexual
      • La trata y el tráfico de mujeres
      • Las prácticas tradicionales nocivas (los llamados crímenes de honor, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, precoz y forzado)
      • Los asesinatos/feminicidios relacionados con el género

      El hogar es donde niñas y niños experimentan por primera vez la desigualdad de género. Los estereotipos basados en el género respaldan el empleo de la violencia y la coacción contra ellos. La violencia en la vida de las niñas y los niños puede expresarse de forma directa o indirecta. Cuando niños y jóvenes sufren violencia, aumenta la posibilidad, de manera pronunciada, de que vuelvan a experimentarla, ya sea como víctimas de la misma o ejerciendo violencia al llegar la vida adulta (UNICEF, 2014).

      Consecuencias y costos

       

      La violencia de género tiene consecuencias muy diversas. El impacto va más allá del sufrimiento no visible y del efecto en la calidad de vida y bienestar de la sobreviviente y su familia. Los costos pasan por la salud (física y mental), el trabajo y las finanzas. Las consecuencias son inmediatas, de corto plazo e intergeneracionales. Impacta tanto individualmente como a la familia, comunidad y sociedad en general.

      La violencia contra las mujeres tiene repercusiones que rebasan a la víctima directa. Las y los hijos pueden sufrir consecuencias negativas de la violencia, aunque no en todos los casos. Las y los hijos que viven violencia son adultos que tienen a tener más probabilidades de ser víctimas o autores de violencia contra las mujeres (no en todos los casos). Es un problema intergeneracional, y por lo tanto es necesaria la atención integral.

      Más allá de la familia, la violencia contra las mujeres tiene efectos comunitarios y sociales. Reduce la productividad e implica el uso de presupuestos públicos para su atención. Obstaculiza la reducción de la pobreza y la generación de desarrollo. Es por esto que la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y todas las prácticas nocivas son parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU Mujeres, 2015), ya que es parte de las preocupaciones más importantes de la comunidad internacional.

      Algunas consecuencias que señala ONU Mujeres (2015) son:

       

      • Lesiones y enfermedades físicas
      • Enfermedades mentales
      • Problemas sexuales y reproductivos
      • Abuso de sustancias
      • Habilidades para el funcionamiento social deficientes
      • Reducción o pérdida de oportunidades educativas, laborales, sociales o de participación política
      • Gastos económicos
      • Muerte de mujeres y sus hijas/os

      La violencia contra las mujeres en la actualidad

      Hoy en día aún existen condiciones y características individuales, colectivas y sociales que están relacionadas con el incremento de la violencia contra las mujeres, como políticas y leyes discriminatorias y desiguales contra las mujeres. Además de continuar las normas sociales que permiten la violencia (ONU Mujeres, 2015).

      Aun con los avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las poblaciones de la diversidad sexual en los últimos años, nos encontramos con grupos conservadores que pretenden mantener la visión hegemónica patriarcal, perpetuando los estereotipos y normas sociales que mantienen la discriminación y violencia contra las mujeres y la diversidad sexual, poniendo así en riesgo su seguridad y su vida. Se pretende perpetuar una moral en el ámbito privado y público por encima del reconocimiento de los derechos humanos; algunos funcionarios atentando contra el carácter laico del Estado mexicano al anteponer sus creencias individuales sobre los derechos humanos reconocidos por el país a nivel internacional (Red TDT, 2015).

      El gobierno mexicano no acepta la gravedad y trata de ocultar la situación de violencia contra las mujeres y las personas de la diversidad sexual. Asienta que cada caso es un hecho aislado. Y lo sitúa como parte del aumento de la criminalidad en el país, de la violencia generalizada y no como una violación a los derechos humanos. De esta forma evade su responsabilidad (Red TDT, 2015).

      Para cambiar la situación de las mujeres, no solo es necesario cambiar las normas sociales, las actitudes y conductas, sino realizar acciones a nivel estructural, comunitario, organizativo, familiar e individual (ONU Mujeres, 2015).

      Mujeres en situación de mayor vulnerabilidad

      Hay entornos en los que la violencia contra las mujeres es mayor, sobre todo cuando están privadas de su libertad, en prisiones, instituciones para personas con discapacidad, centros juveniles. En contextos de crisis humanitarias, como conflictos y guerras, también suele dispararse (ONU Mujeres, 2015). De igual forma en situaciones de crisis económicas o de las instituciones políticas, suele incentivarse o extenderse la violencia contra las mujeres (ONU Mujeres, INM, Comisión Especial para el Seguimiento de los Feminicidios, 2012).

      La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también reconoce que:

      «Algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia»[1].

      Las mujeres en cuyas comunidades se ha sufrido un desastre natural o medioambiental; en zonas afectadas por la pobreza; o en las que se han producido cambios rápidos en su estatus, incrementándose su poder (por ejemplo, aumentando la participación de las mujeres en trabajos remunerados como consecuencia de cambios en los acuerdos económicos o en las políticas de migración), también presentan mayor riesgo a sufrir distintos tipos de violencia por su género (ONU Mujeres, s/f-a).

      En los pueblos indígenas de México se reúnen varios factores de orden histórico, económico y cultural que favorecen las desigualdades étnicas, de clase y de género. Las condiciones precarias de vida son compartidas por mujeres y hombres, pero ellas y ellos acceden de manera diferencial a los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, de tal forma que son las mujeres quienes viven una triple vulnerabilidad, por el hecho de ser mujeres, pobres e indígenas a la vez. Esta desigualdad se manifiesta en las jornadas laborales, la propiedad de la tierra, la salud, el acceso a la educación, la toma de decisiones y muchos aspectos más. La violencia intrafamiliar, en tanto violencia de género, es una de las problemáticas principales que afectan la salud y calidad de vida de las mujeres indígenas.

      En 1989, la abogada activista Kimberlé Williams Crenshaw (1989), acuñó el término interseccionalidad para dar a entender que los sistemas de opresión, dominación y discriminación se intersectan en la vida de las mujeres, los cuales responden a condiciones biológicas, sociales y culturales como el sistema de género, la racialización de las personas, la pertenencia a una etnia no dominante, el clasismo, las discapacidades, la orientación sexual e identidad de género, la religión, el grado académico, la nacionalidad o la pertenencia a alguna casta. Se trata de rasgos que están unidos de modo firme, inextricable, con todos los demás y constituyen identidades diversas.

       

      [1] Al igual que mujeres solicitantes de asilo, trabajadoras migrantes indocumentadas y las mujeres que viven con VIH/SIDA.