Una mirada general a la violencia
contra las mujeres en México
El 1 de febrero de 2007 la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), resultado de compromisos internacionales y la presión de activistas, académicas, organizaciones y legisladoras feministas. La LGAMVLV representa un parte aguas para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en México y las responsabilidades del Estado en sus distintos niveles de gobierno y poderes públicos para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla. En el ámbito de la violencia contra las mujeres, la LGAMVLV la define como:
Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2015).
De la LGAMVLV se desprenden una serie de mecanismos institucionales y obligaciones en materia de política pública dirigida a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el país, tales como la implementación de órdenes de protección, la creación de refugios para mujeres víctimas de violencia, la conformación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y sus homólogos en las entidades federativas, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y los Bancos Nacional y Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las mujeres (Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 2015).
Sin embargo, a poco más de una década de la aprobación de la LGAMVLV y de las Leyes estatales correspondientes, en México las mujeres continúan sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos y padeciendo dificultades para acceder a la justicia. Los mecanismos creados por la LGAMVLV y las políticas públicas derivadas de la implementación de la ley a nivel federal y estatal han sido insuficientes para detener la violencia que viven las mujeres en todo el país.
Conocer la situación de violencia contra las mujeres en México es una labor que presenta graves dificultades debido a la fragmentación de la información en distintas instituciones del Estado, la falta de acceso a datos oficiales de naturaleza e interés público, la generación de datos incompletos y heterogéneos por parte de las instituciones de procuración de justicia y de atención a mujeres víctimas de violencia, así como la normalización de la violencia y las dificultades en el acceso a la justicia que impide que mujeres víctimas denuncien los delitos cometidos en su contra.
No obstante lo anterior, es posible aproximarse a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México a partir de ciertas encuestas especializadas, específicamente la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), los registros administrativos de atención en los servicios de salud, los registros de incidencia delictiva y procuración de justicia y los correspondientes a defunciones (INMUJERES, s/f). De igual manera, los informes elaborados por organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales permiten dar contexto a la situación de violencia contra las mujeres en el país, considerando elementos que han reconfigurado las relaciones entre las víctimas y los victimarios, los escenarios en donde se comete la violencia y los actos y fines de la misma, tales como la presencia y diversificación de actividades del crimen organizado y la política federal de seguridad pública frente a los grupos de delincuencia organizada.
La ENDIREH es la fuente más cercana a la violencia contra las mujeres en el país. Sus ediciones 2003[1], 2006, 2011 y, la más reciente de 2016, permiten conocer las tendencias de la misma en el ámbito privado – respecto a familiares y a la pareja – y en el ámbito público – ocurrida en el espacio público, la escuela y el trabajo, y ejercida principalmente por desconocidos –.
De manera general los resultados nacionales de la ENDIREH muestran que más del 60% de las mujeres ha vivido alguna expresión de violencia, ya sea emocional, patrimonial, física y/o sexual. De la edición 2006 a la 2011 se aprecia una reducción de 4.2 puntos porcentuales respecto a las mujeres víctimas de violencia, pasando de 67% a 62.8%. Sin embargo, para la 2016 el porcentaje incrementó nuevamente, indicando que el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un episodio de violencia en sus vidas, siendo la emocional el tipo de violencia más recurrente en casi la mitad de las mujeres (49%), seguida de la violencia sexual, padecida por el 41.3% de las encuestadas, la violencia física reportada por un 34% y la patrimonial, económica o discriminación en el trabajo, tipo de violencia que viven o han vivido el 29% de las mujeres (INEGI, 2017c).
[1] En la ENDIREH 2003 sólo se consideró a las mujeres casadas o unidas, por lo que no permite un análisis comparativo con las versiones posteriores de la misma Encuesta. Es importante señalar que las versiones posteriores también presentan diferencias metodológicas, por lo que la comparación de los datos continúa siendo imprecisa.
La última edición de la ENDIREH también reafirma que el ámbito familiar y de pareja es en donde las mujeres viven con mayor frecuencia episodios de violencia, así lo refirieron el 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron alguna pareja. Seguidamente, en el ámbito comunitario el 38.7% de las mujeres reportaron haber sufrido algún acto de violencia, siendo la violencia sexual la más frecuente. En el ámbito laboral, el 26.6% de las mujeres que trabajan o han trabajado expresó haber vivido situaciones de violencia, nuevamente la de tipo sexual fue la más recurrente. Finalmente, en el ámbito escolar, el 25.3% de las mujeres que asisten o han asistido a la escuela reportó haber padecido actos de violencia, en este caso la violencia física presentó mayor porcentaje (INEGI, 2017c).
Si bien la ENDIREH aporta información valiosa respecto a la violencia que viven las mujeres sin que requiera que ésta configure un delito dentro de los códigos penales federal y estatales y sin ser un acto denunciado[1], por su misma naturaleza no indaga sobre otras formas de violencia punibles de interés para el presente informe, como lo son la trata de mujeres y niñas ya sea con fines de explotación sexual o laboral – aunque sí incorpora la prostitución forzada como parte de la violencia sexual –, la desaparición de mujeres y el feminicidio, así como formas de violencia institucional, siendo el caso la negación al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en víctimas de violación o la aplicación de las causales de excepción en los tipos penales de aborto existentes en el país, por mencionar algunas. Por otro lado, la aproximación a la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, a partir de la ENDIREH, no es sistemática; tampoco refleja la diversidad de contextos en que viven las mujeres, es el caso de las mujeres rurales, indígenas y discapacitadas.
Por su parte, el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) registra las atenciones brindada por los Servicios Estatales de Salud[2]; entre los datos que recopila se encuentran las lesiones atendidas[3] correspondientes a los tipos violencia contra las mujeres especificadas en la LGAMVLV[4]. Estos datos muestran un claro incremento en las atenciones brindadas por violencia económica, psicológica, física y sexual del año 2010 hasta alcanzar un pico máximo en el año 2015. Sin embargo, para el año 2016 las atenciones de los cuatro tipos de violencia descendieron significativamente (Figura 2).
[1] En México únicamente el 10.3% de los delitos son denunciados, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (INEGI, 2017b); respecto a los delitos sexuales, de acuerdo a la misma encuesta, la cifra negra sería del 92.9%. Por su parte, la última edición de la ENDIREH (2017) muestra que el 78.6% de las mujeres que han padecido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o última pareja a lo largo de su relación no acudieron a ni una instancia de atención.
[2] Esta información es parcial ya que se refiere únicamente a personas atendidas en los Servicios Estatales de Salud. No se cuentan con datos de mujeres atendidas en los servicios del IMSS, del ISSSTE o privados.
[3] Una mujer pudo ser atendida en más de una ocasión, generando un doble registro. Así mismo, en el registro, se pudo asentar más de un tipo de violencia en una sola atención.
[4] De acuerdo a la base de datos referente a «Lesiones» y la categoría «Intencionalidad».
La última edición de la ENDIREH también reafirma que el ámbito familiar y de pareja es en donde las mujeres viven con mayor frecuencia episodios de violencia, así lo refirieron el 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron alguna pareja. Seguidamente, en el ámbito comunitario el 38.7% de las mujeres reportaron haber sufrido algún acto de violencia, siendo la violencia sexual la más frecuente. En el ámbito laboral, el 26.6% de las mujeres que trabajan o han trabajado expresó haber vivido situaciones de violencia, nuevamente la de tipo sexual fue la más recurrente. Finalmente, en el ámbito escolar, el 25.3% de las mujeres que asisten o han asistido a la escuela reportó haber padecido actos de violencia, en este caso la violencia física presentó mayor porcentaje (INEGI, 2017c).
Si bien la ENDIREH aporta información valiosa respecto a la violencia que viven las mujeres sin que requiera que ésta configure un delito dentro de los códigos penales federal y estatales y sin ser un acto denunciado[1], por su misma naturaleza no indaga sobre otras formas de violencia punibles de interés para el presente informe, como lo son la trata de mujeres y niñas ya sea con fines de explotación sexual o laboral – aunque sí incorpora la prostitución forzada como parte de la violencia sexual –, la desaparición de mujeres y el feminicidio, así como formas de violencia institucional, siendo el caso la negación al derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en víctimas de violación o la aplicación de las causales de excepción en los tipos penales de aborto existentes en el país, por mencionar algunas. Por otro lado, la aproximación a la violencia contra las mujeres en las entidades federativas, a partir de la ENDIREH, no es sistemática; tampoco refleja la diversidad de contextos en que viven las mujeres, es el caso de las mujeres rurales, indígenas y discapacitadas.
Por su parte, el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS) registra las atenciones brindada por los Servicios Estatales de Salud[2]; entre los datos que recopila se encuentran las lesiones atendidas[3] correspondientes a los tipos violencia contra las mujeres especificadas en la LGAMVLV[4]. Estos datos muestran un claro incremento en las atenciones brindadas por violencia económica, psicológica, física y sexual del año 2010 hasta alcanzar un pico máximo en el año 2015. Sin embargo, para el año 2016 las atenciones de los cuatro tipos de violencia descendieron significativamente (Figura 2).
[1] En México únicamente el 10.3% de los delitos son denunciados, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (INEGI, 2017b); respecto a los delitos sexuales, de acuerdo a la misma encuesta, la cifra negra sería del 92.9%. Por su parte, la última edición de la ENDIREH (2017) muestra que el 78.6% de las mujeres que han padecido violencia física y/o sexual por parte de su pareja o última pareja a lo largo de su relación no acudieron a ni una instancia de atención.
[2] Esta información es parcial ya que se refiere únicamente a personas atendidas en los Servicios Estatales de Salud. No se cuentan con datos de mujeres atendidas en los servicios del IMSS, del ISSSTE o privados.
[3] Una mujer pudo ser atendida en más de una ocasión, generando un doble registro. Así mismo, en el registro, se pudo asentar más de un tipo de violencia en una sola atención.
[4] De acuerdo a la base de datos referente a «Lesiones» y la categoría «Intencionalidad».
Del total de lesiones de mujeres atendidas por cuestiones de violencia de género en el periodo de 2010 a 2016, más del 50% fueron por violencia psicológica, mientras que el 31% fue por violencia física, el 9% por violencia sexual y el 4 % por la económica (Figura 3).
