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Edición del 17 de julio de 2015

En un contexto en el que los funcionarios públicos responsables de tareas de seguridad han mantenido un patrón en el que minimizan su propia ineficacia, alegando limitaciones impuestas por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, los dichos recientes del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong resultan especialmente graves, independientemente de que tras dialogar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya tratado de atenuarlas.

Pretender diluir el costo político que significa la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, afirmando de manera irresponsable que la misma fue posible, entre otras, por “razones de derechos humanos” es inaceptable. Cabe destacar que la responsabilidad más alta en términos de Seguridad es la Presidencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que ejerce el Presidente de la República y en su ausencia del Secretario de Gobernación.

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México, D.F. a 15 de julio de 2015.- Desde la presentación del informe “La Orden Fue Abatir”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el pasado 2 de julio, se ha vuelto a visibilizar la preocupante situación en materia de derechos humanos, en particular sobre el alarmante uso desmedido de la fuerza, que ha llevado a la comisión de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2006, y en el marco del combate al crimen organizado.

A más de un año de la masacre de Tlatlaya, donde 22 personas perdieron la vida en el Estado de México, el Centro ProDH presentó los principales retos en materia de justicia, verdad y reparaciones en el caso Tlatlaya, el cual consideramos emblemático y una muestra de las consecuencias de la guerra contra las drogas. Las organizaciones firmantes nos hemos sumado a la exigencia de las víctimas de este caso por alcanzar verdad, justicia y reparación, haciendo hincapié en la necesidad de modificar las políticas que han puesto en riesgo la seguridad y los derechos de la sociedad mexicana.

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Ronda uno: empieza la consumación
de un crimen de lesa patria 

Cuauhtémoc Cárdenas

Hoy, 15 de julio, el gobierno de la República asignará los primeros contratos de producción petrolera a empresas mayoritariamente extranjeras. Con esa acción se inicia la consumación de un crimen más de lesa patria y el país retrocederá a la subordinación que, en esta materia, predominó hasta antes de la expropiación petrolera de 1938.

Es el inicio de un camino sin rumbo, de pérdida del control sobre nuestros recursos naturales, de sometimiento de las poblaciones que habitan las regiones petroleras, de pérdida de ingresos para atender necesidades sociales e incluso de debilitamiento institucional del propio Estado para conducir el desarrollo nacional...

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