Codehutab | Revista: A 10 años del desastre en Tabasco; inundaciones, entre la injusticia y el abandono.

Tras haberse cumplido 10 años  el pasado 27 de octubre del presente.  En este marco, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C., presentó la revista: A 10 años del desastre en Tabasco; inundaciones, entre la injusticia y el abandono.

Entre los últimos tres días de octubre y la primera semana de noviembre de 2007, Tabasco vivió la mayor inundación de los últimos tiempos.  Este acontecimiento cubrió el 70 por ciento del territorio estatal y la propia capital, la ciudad de Villahermosa, provocando un estado de emergencia que se prolongó poco más de tres meses.

La justificación que dio, tanto el gobierno local como federa es que era un fenómeno natural, incluso, el  presidente  de la República en turno, Felipe Calderón, señaló el “efecto de la luna” como una de las causas.  Lo cierto es que uno de los factores de las inundaciones es producto de la política privatizadora de las contra reformas del gobierno federal, que ha privilegiado a los productores independientes de energía eléctrica, por encima de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).  Lo anterior se pudo constatar en el informe anual 2016  de la CFE, en donde en los últimos ocho años se observa claramente como la generación de energía por parte de las empresas privadas ha ido en aumento.  Por ejemplo, en 2009 éstas producían 76.5 porciento de un total de 230.64 (TWh); y en 2016 generaron el 88.41 por ciento, de un total de  254.35 (TWh), mientras se mantiene un promedio de producción por parte de la CFE del 165 (TWh) durante éstos ocho años.

Cabe mencionar, que la participación de los particulares, en especial de los extranjeros, en la generación de energía eléctrica aparece en el país desde el año 1992, con las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y que desde el año 2013, con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto, se exime al Estado de mantener el monopolio de la energía eléctrica, por lo que modifican los artículos 25, 27 y 28 de nuestra carta magna, permitiendo con esto que las empresas nacionales o extrajeras puedan producir y vender este servicio.

Mario Govea Sansón (2007), ingeniero jubilado de Luz y Fuerza del Centro, señaló que” la Secretaría de Energía estaba privilegiando generar electricidad con gas para que fueran rentables las inversiones de las empresas privadas, sin importar que las consecuencias las pagara el pueblo tabasqueño”.

Después de este grave desastre vivido en Tabasco a finales del año 2007, los gobiernos federal  y estatal se vieron en la necesidad de rediseñar un plan que calmara  la inquietud y desesperación de todo un pueblo.  Por lo que el gobierno de Andrés Granier Melo y Felipe Calderón (2008-2012), crearon el Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT), con un presupuesto total de 9 mil 377 millones de pesos, en donde no se realizaron las obras que realmente frenaran las inundaciones en el estado.  Con la llegada de Arturo Núñez Jiménez  a la gubernatura del estado, una vez más se vuelve a renombrar a los planes y programas contra inundaciones,  dando origen en primera instancia al Programa Nacional Contra Contingencias Hidráulicas en el año 2013, posteriormente se presenta en Tabasco  el Programa Hidráulico de Tabasco (PROHTAB), que opera actualmente.  Mismo que al mes de junio de 2016, la CONAGUA reportó vía infomex 1610100125916, haber ejercido 7 mil 300 millones de pesos presupuestados; en donde para obras de infraestructura hidroagrícola hay avances del 7 por ciento; en obras en materia de alertamiento  el 71 por ciento; en obras en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado el 100 por ciento  y en materia técnica, reportó que no hay obras.

Dentro de estas “obras de relumbrón” que el gobierno presumió, citamos la obra que anunció en su momento como la de mayor impacto para controlar las inundaciones en el estado.  Nos referimos a la compuerta “El Macayo”, que fue inaugurada en el año 2013 y a la que se le asignó un mil 100 millones de pesos, la cual solo sirve para salvaguardar a la ciudad de Villahermosa, desviando el agua del río Carrizal hacia el río Samaría, condenando a las comunidades de la Chontalpa a vivir en una constante inundación.

Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), detectó obras inconclusas, omisiones, presuntos actos de corrupción e incumplimiento de normas por parte de las autoridades locales y federales, que impidieron prevenir mayores riesgos en las inundaciones de Tabasco, lo que derivó en la Recomendación 061/2011, al gobierno estatal, ocho ayuntamientos y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), al acreditarse violaciones a los derechos, a la seguridad jurídica, legalidad, propiedad y posesión, ante las quejas que recibió de 60 comunidades de Tabasco.

Lo cierto es que a 10 años del desastre en Tabasco, a siete años de la Recomendación por parte de la CNDH y de las cantidades millonarias que se han asignado  para la prevención y atención de inundaciones en el estado, las víctimas no han visto ningún beneficio y las comunidades más pobres siguen padeciendo los estragos de las inundaciones en sus parcelas por el desalojo constante de agua de las presas ubicada en los altos  del estado de Chiapas.

http://redtdt.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Revista-Inundaciones.pdf