Comisión Ciudadana de DDHH del Noroeste | Sobre crisis migratoria en ciudades fronterizas
Mexicali, B.C., a 10 de octubre de 2016
CARTA ABIERTA
A LAS AUTORIDADES FEDERALES DE GOBERNACIÓN, RELACIONES EXTERIORES, TRABAJO, SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y MIGRACION
A LAS LEGISLATURAS FEDERAL Y LOCAL DE BAJA CALIFORNIA
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE TIJUANA Y MEXICALI
A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali, Baja California, viven hoy una situación excepcional, emergente, derivada de una migración atípica y masiva de familias provenientes de Haití y de la República Democrática de Congo, cuyo objetivo es solicitar asilo humanitario a los Estados Unidos de América (EUA).
Los afrodescendientes se suman a los flujos tradicionales de migrantes económicos, mexicanos y centroamericanos, provenientes del sur o deportados de los EUA, y a las personas desplazadas internas que llegan a Tijuana desde Michoacán, Guerrero y otros estados; mujeres, niñas, niños y adolescentes que huyen de la violencia criminal, institucional y familiar en sus lugares de origen, con la ilusoria expectativa de obtener el asilo en los EUA.
Estos grupos de migrantes se encuentran hoy varados en la frontera de Baja California en condiciones de alta vulnerabilidad, instalados en las garitas de entrada a los EUA, en la vía pública y hacinados en los albergues, lo que provoca conflictos, sobre todo entre los haitianos, que son la mayoría.
Los haitianos que trabajaron en Brasil para el mundial de futbol y las pasadas olimpiadas, entran al país por la frontera sur con un permiso de estancia temporal expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM); viajaron con sus ahorros de años y después de un riesgoso y peligroso viaje de 11 mil kilómetros que dura varios meses, la mayoría haciéndose pasar por ciudadanos originarios de la República Democrática del Congo, país en constante conflicto interno (México no tiene representación diplomática en este país, por lo que sus ciudadanos no pueden ser deportados), esperan la ficha correspondiente para la entrevista con la autoridad estadunidense. Se sabe también que hay tráfico y venta ilegal de fichas para estas entrevistas. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde señaló en su reciente visita a Mexicali, que existen fuertes sospechas de que oficiales del INM venden a los haitianos los permisos de internación legal en la frontera sur.
La falta de información precisa y oportuna sobre los flujos de migrantes congoleños y haitianos facilita la especulación sobre una migración masiva y sobre posibles actos de corrupción de las autoridades. De hecho, nadie, ni la autoridad, ni los albergues ni los medios de comunicación, han coincidido en las cifras sobre el número de afrodescendientes que han llegado a la frontera norte, cuántos hay en la frontera sur de México y cuántos están en los países centro y sudamericanos dispuestos a transitar por México para su pretendido ingreso a los EUA.
Hasta la fecha, el INM, autoridad responsable de regular la movilidad de extranjeros en el país, ha sido omiso en la atención integral de la problemática. Tampoco se conocen acciones del XXI Ayuntamiento de Mexicali en cuanto a la atención humanitaria a los afrodescendientes que llegan a este municipio. Éstos han recibido la atención primaria por parte del municipio de Tijuana y, de manera especial, por los albergues de la sociedad civil de Tijuana y Mexicali que tradicionalmente ofrecen comida, cobijo, ropa y servicios de sanidad a personas en condición de movilidad, además de las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado de Baja California y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC).
Por otro lado, la autoridad migratoria estadunidense ha declarado que a partir del 23 de septiembre se redujo sensiblemente el asilo humanitario a los haitianos, repartiendo sólo 100 fichas por día para las entrevistas, que no garantizan el asilo, quedando miles en espera, hacinados, en Tijuana y en Mexicali. Se conocen casos de familias haitianas en que la mujer y los hijos son admitidos en asilo, pero el padre no, quien se queda en México o es deportado. Esta separación familiar pudiera representar una estrategia para desalentar las solicitudes de asilo a los EUA. Quienes logran entrar a este país para el análisis individual y son rechazados, son deportados a un Haití devastado y en ruinas, lo que provoca nerviosismo e incertidumbre entre las familias que se encuentran varadas en Tijuana y en Mexicali. Entrar indocumentados a los EUA y ser capturados por la Patrulla Fronteriza es una deportación inminente.
Es urgente que el gobierno federal mexicano desarrolle, junto con los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil, estrategias tendientes a resolver este fenómeno migratorio desde la perspectiva humanitaria y de desarrollo, no como un asunto de Seguridad Pública, de Seguridad Interior o de Seguridad Nacional, garantizando el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de estas personas.
México es una Nación con una composición pluriétnica y pluricultural, con una fuerte tradición de solidaridad con los pueblos del mundo. Igualmente, ha asumido compromisos con la comunidad internacional, siendo Estado Parte de los tratados que dan origen al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En el caso que nos ocupa, incluso con intervención de la Cancillería, México debe hacer efectivos los mecanismos internacionales tendientes a proteger los derechos de las personas en situación de migración, incluidas las personas afrodescendientes que cruzan el país para llegar a la frontera norte.[1]
Por lo anterior, son preocupantes las ideas en torno al rechazo a los afrodescendientes expresadas en los medios de comunicación y en las redes sociales por parte de ciudadanos fronterizos. Proliferan mensajes que denotan expresiones de racismo, xenofobia y discriminación en contra de los haitianos y congoleños por su origen étnico y nacional y por el color de su piel. Es increíble que en Baja California se den estas manifestaciones a pesar de ser una región forjada por inmigrantes, por 5 etnias indígenas nativas y por indígenas jornaleros agrícolas y sus familiares provenientes del sur del país.
La falta de una vigorosa cultura de los derechos humanos en México, aunado a un bajo nivel de conciencia política y social de buena parte de la población, más la desinformación, el miedo y el temor a los extranjeros de color, son el caldo de cultivo para sectores ultraconservadores que aprovechan la situación para promover en las redes sociales y en los medios, noticias alarmantes como la probable propagación de enfermedades como el ébola, el cólera y el Sida a causa de los afrodescendientes; o que vienen a quitar el trabajos a los bajacalifornianos.
Incluso, promueven la idea de que son personas criminales, adictas, traficantes, sucias, flojas, agresivas y que el gobierno los va a mantener, entre otra información infundada (similar estrategia que explota el candidato republicano Donald Trump para sus fines propagandístico-electorales entre los sectores más atrasados de la sociedad estadunidense, tomando como blanco a la población mexicana). La gente se pregunta, también, quién está haciendo negocio a costa de la migración haitiana al permitir su ingreso en el país.
El gobierno mexicano y la sociedad civil tenemos una tarea muy importante que hacer para frenar el avance de estas expresiones contrarias a los anhelos humanitarios, que tienen una fuerte aceptación en una población desinformada y prejuiciada. Debemos contrarrestar a estos sectores radicales que ponen en riesgo la dignidad, los derechos, la seguridad y la integridad de las y los migrantes, sobre todo de los afrodescendientes.
En consideración a lo anterior, la COMISIÓN CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS DEL NOROESTE, A.C., coincide con otros organismos en la necesidad de implementar un Plan Estratégico integral, urgente, con perspectiva de derechos humanos y en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, que contemple las siguientes acciones:
1) El reconocimiento formal de la crisis por parte del gobierno federal, no sólo como declaración mediática, para declarar la emergencia migratoria humanitaria en los municipios de Tijuana y Mexicali, a efecto de desarrollar un programa estructural de acción y destinar recursos suficientes del Fondo de Apoyo a Migrantes u otros para enfrentar la contingencia;
2) Por parte de las autoridades correspondientes y bajo los principios de transparencia, eficiencia, objetividad y máxima publicidad, mantener a la población debida y oportunamente informada sobre los flujos migratorios de haitianos, congoleños, centroamericanos y mexicanos en condición de desplazamiento interno, particularmente a la población fronteriza de Baja California; los criterios en que los ciudadanos de Haití y de Congo son beneficiados con permisos temporales para su internación en México y su costo; cuántos de ellos han recibido dichos permisos y por cuánto tiempo se expiden; las condiciones de salud de estos grupos sociales, en especial de los afrodescendientes y, en general, toda la información que merece conocer la sociedad mexicana;
3) Con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), proveer instalaciones suficientes de estancia temporal para las familias haitianas, congoleñas y personas desplazadas internas mexicanas, con todos los servicios de alimentación, cobijo, servicios sanitarios y otros, bajo la coadyuvancia y colaboración de las organizaciones de derechos humanos y los albergues de atención a migrantes;
4) Desarrollar un programa integral de largo plazo para una eventual RECEPCIÓN, ACOGIDA E INTEGRACIÓN VOLUNTARIA de haitianos, congoleños y familias mexicanas desplazadas, provenientes del interior de la República, que se incorporen tanto a la sociedad de Baja California como a otras entidades, desarrollando acciones para ofrecer residencia legal, actas de nacimiento a recién nacidos, trabajo digno, vivienda adecuada, servicios de salud y educación, integración cultural, seguridad pública, servicios públicos y otros, a fin de garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales;
5) Con enfoque de derechos humanos, implementar en los medios de comunicación un programa de sensibilización y educación dirigido a la sociedad fronteriza y mexicana en general, respecto a los principios de solidaridad, fraternidad, respeto a las diferencias y no discriminación de las personas por su origen étnico y nacional, color de piel, edad y otros, tendiente a contrarrestar los sentimientos de xenofobia, racismo, discriminación y temor hacia los migrantes afrodescendientes;
6) A través de la Cancillería, suscribir con los Estados Unidos de América y con los países centroamericanos y del Caribe, ACUERDOS DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y NO REPATRIACION de ciudadanos haitianos, africanos y de otras nacionalidades que se encuentran en las fronteras y/o en tránsito hacia los EUA en busca de asilo, para dar alternativas de vida digna a las familias que están en espera de resolver su solicitud en los EUA, y que por motivos fuera de su voluntad no puedan acceder a este beneficio, y
7) Establecer un programa especial de atención integral y de protección a las personas DESPLAZADAS INTERNAS mexicanas provenientes del interior de la república (Michoacán y Guerrero, principalmente), que huyen de la violencia criminal, institucional y familiar, y que también están pernoctando en Tijuana con la perspectiva de recibir asilo en los EUA. Muchas de estas personas tienen temor de que las bandas criminales que las amenazan en sus lugares de origen tengan presencia en la frontera norte.
Reiteramos que nuestra propuesta no va dirigida a generar dependencia de los migrantes respecto del gobierno mexicano y de la ciudadanía en general, sino que, bajo los principios constitucionales de igualdad, equidad y no discriminación y de acuerdo la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el gobierno mexicano, en absoluta coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, construya las condiciones para que haitianos, congoleños, centroamericanos y de otras nacionalidades, así como mexicanos en condición de desplazamiento, puedan acceder en el país a una vida conforme a la dignidad de la persona humana.
Finalmente, apelamos a la tradicional solidaridad internacional y vocación pacifista del Estado Mexicano. Apelamos también a reconocer que, a lo largo de la historia universal, se ha demostrado que la fusión de las razas genera riqueza económica, social y cultural.
Atentamente:
DANIEL SOLORIO RAMÍREZ RAÚL RAMIREZ BAENA
Presidente Director Ejecutivo
- ANTONIETAS ROBLES BARJA, Vicepresidenta
SORAYA VÁZQUEZ PESQUEIRA, Vocal
LUS ALBERTO HERNÁNDEZ MORALES, Vocal
ALVARO DE LACHICA, Vocal
CHRISTIAN ROJAS ROJAS
- DOLORES RUIZ
FABIOLA TERESA VARGAS
[1] Entre los más importantes: la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración y el Programa de Acción de Durban, el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y las Recomendaciones Internacionales a México en materia de Derechos Humanos giradas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
