OMCT | México: Mecanismo eficaz de seguimiento e investigación de la tortura prioritarias en el caso Ayotzinapa

Ginebra (Suiza), 8 de junio de 2016 – A la luz de su establecimiento inminente, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) urge a las autoridades mexicanas a aceptar y brindar el apoyo necesario al mecanismo de seguimiento con el fin de garantizar la implementación de las recomendaciones del grupo de expertos sobre la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (Guerrero).La OMCT solicita asimismo avances en las investigaciones abiertas por las irregularidades y violaciones a los derechos humanos, y en particular el presunto uso recurrente de la tortura, cometidas durante la investigación del caso.“Tenemos indicios muy claros de que se ha torturado desde los inicios de la investigación. A pesar de eso, seguimos sin tener constancia de que se hayan enjuiciado a los presuntos culpables y se siguen usando declaraciones obtenidas bajo tortura como testimonios clave”, destacó Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.

En el segundo informe, publicado el pasado 24 de abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que terminó su mandato el 30 de abril pasado, expone los resultados de un estudio de 17 casos de personas inculpadas por la desaparición de 43 normalistas en Iguala (Guerrero) la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, las cuales alegaron haber sido víctimas de tortura y malos tratos desde su detención.

Entre los hallazgos del estudio, basado en la documentación disponible en el expediente, los expertos y expertas concluyen que en todos los casos aparecen numerosas lesiones después del ingreso de las personas detenidas a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) o en Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO) según el caso.

A pesar de que los detenidos denunciaron explícitamente haber sido víctimas de tortura ante el Ministerio Público, los expertos resaltan que en el expediente no consta que se hayan adoptado medidas tendientes a investigar tales hechos; tampoco consta que se haya aplicado hasta el momento el Protocolo de Estambul, las directrices de referencia internacionales parta la investigación de casos de tortura; asimismo, en varios casos los exámenes médicos se habrían realizado de forma colectiva, lo que no cumpliría con los estándares mínimos para una evaluación de los detenidos con la exhaustividad y privacidad necesarias.

“Con la implementación del mecanismo de seguimiento, las autoridades mexicanas tienen la oportunidad de abordar las graves deficiencias detectadas por el GIEI en la investigación y demostrar la voluntad real para llegar al fondo de la verdad de lo sucedido con base a pruebas no viciadas”, dijo Helena Solà Martín, responsable del programa de América Latina de la OMCT.

Obstrucción de la investigación e intimidación

La OMCT también solicita la investigación pronta e imparcial y la inmediata separación del cargo de todos aquellos funcionarios públicos implicados en episodios en los que haya indicios sólidos de obstrucción de la investigación del caso, en los términos recomendados en los dos informes publicados por el GIEI, junto con la revisión de la narrativa oficial de los hechos con base a los hallazgos de las investigaciones. En particular, se supo que el Sr. Tomás Zerón, Director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, realizó una diligencia sobre el caso con uno de los inculpados cerca del río San Juan, en el pueblo de Cocula (en la zona donde al día siguiente sería descubierta una bolsa con restos óseos), que no consta en el expediente.

Finalmente, la OMCT exhorta a las autoridades mexicanas a adoptar las medidas necesarias para erradicar los actos de intimidación, estigmatización y criminalización, perpetrados por actores estatales y no estatales, contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, incluyendo los sobrevivientes a los crímenes de Iguala (los cuales son beneficiarios de medidas cautelares de la CIDH), sus familiares y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan. Las autoridades estatales y federales deben redoblar los esfuerzos para proteger a los normalistas y sus familiares y garantizar su derecho a llevar a cabo movilizaciones para exigir justicia, verdad y reparación.

Para información adicional, por favor contacte a:

Helena Solà Martín: [email protected], +41 22 8094939 / Lori Brumat: [email protected], +41 22 8094939 (Ginebra)