Contra violencias machistas. Por los derechos de las mujeres a vivir sin acoso en las calles ni violencia sexual.

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El 24 de marzo las calles vieron marchar a miles de mujeres en el país contra las violencias machistas. Tomar conciencia del respeto a los derechos de las mujeres será consecuencia de importantes movilizaciones en las calles. Desde la Red TDT nos comprometemos en la defensa de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos, para no permitir que continúen los feminicidios impunes y se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género.

El Estado es el responsable de que no disminuya el feminicidio. Los datos sobre el feminicidio en México confirman que la Secretaría de Gobernación (Segob) incumple su obligación de generar políticas públicas eficaces contra esta forma extrema de violencia de género, según establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

En 2014 se registró en el país un promedio diario de 6.3 defunciones femeninas, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, presentado ayer y elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Segob.

El documento muestra que en el estado de Chihuahua –cuya grave situación de feminicidio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH)– se registró la menor disminución de asesinatos de mujeres, y que en Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora hubo incluso un aumento de esta violencia.

El Estado mexicano tiene responsabilidad en la persistencia de la violencia feminicida, sobre todo porque no ha cumplido con recomendaciones internacionales que datan de los años 90. Las cifras del informe hacen muy evidente que a pesar de tener 20 años de denuncias sobre desapariciones y asesinatos de mujeres, y tener casi 10 años de una LGAMVLV, no son ni de cerca los resultados que se esperaban como consecuencia de la sentencia sobre el caso Campo Algodonero, sobre la omisión del Estado mexicano ante el feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A la Segob le corresponde  diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura de respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y diseñar, con una visión transversal, la política orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mexicanas.También le compete el monitoreo de esa política pública y la sanción a quienes incurran en actos discriminatorios o contrarios a lo que marca la ley, como, por ejemplo, los medios de comunicación. Además, a la Segob le toca garantizar el cumplimiento de todas las recomendaciones internacionales hechas a México desde los años 90 hasta la actualidad, respecto a la violencia contra las mujeres, incluido el total acatamiento de la sentencia de la CoIDH de 2009 por el caso Campo Algodonero. Este último fallo ordenó, entre otras medidas, la elaboración de protocolos de investigación y la capacitación del personal de procuración de justicia.

La erradicación de la discriminación es una obligación de cumplimiento inmediato, y  la violencia contra las mujeres, que tiene como causa y consecuencia la discriminación, es algo que la Segob debe atender de manera prioritaria y permanente, y no a través de campañas esporádicas.

Entre otros datos del informe destaca que los asesinatos de mujeres aumentaron 92.9 por ciento en México entre 2007 y 2014. En esos siete años, se alcanzó el punto máximo de homicidios de mujeres registrados en las últimas tres décadas. Asimismo, en 2008 y 2012 hubo un incremento importante de crímenes contra mujeres que alcanzó la cúspide en 2012, con 2 mil 761 casos; pero –de acuerdo con el reporte– en 2013 los asesinatos bajaron a 2 mil 594, y para 2014 volvieron a disminuir para quedar en 2 mil 289 casos de feminicidio. En su informe, ONU-Mujeres recomendó a la Segob priorizar la respuesta ante la violencia contra las mujeres y las niñas en las agendas de todos los órdenes y niveles de gobierno. Igualmente, la dependencia debe vigilar que se homologuen en el ámbito local todos los tipos de la violencia de género, en especial el tipo penal de feminicidio; además de que se estandaricen los protocolos de actuación judiciales para investigar las muertes violentas de mujeres, y mejorar la prestación de servicios y atención a las víctimas. Cabe acotar que tales recomendaciones se refieren a muchas de las funciones que por ley la Segob debería de haber cumplido desde hace nueve años, cuando se promulgó la LGAMVLV.