Opinión | Niñez migrante y refugiada en México: Poco que celebrar, mucho por lo cual luchar

por Campo de Lucha de Movilidad Humana

Cada año, el 30 de abril conmemoramos en México el Día del Niño, y suponemos también que el de la Niña. Pero como cada año, en materia de infancia y derechos no tenemos nada que celebrar. El Campo de Lucha de Movilidad Humana de la Red TDT queremos aprovechar la fecha para recordar cuál es la situación de las niñas, niños y adolescentes (NNA) que llegan a México procedentes de otros países, generalmente desde el Triángulo Norte de Centroamérica.

En primer lugar, es importante recordar las causas que motivan el desplazamiento forzado de NNA en la región, que son múltiples, complejas y relacionadas entre sí, y podemos agrupar de esta forma:

  1. Causas socioeconómicas: búsqueda de empleo que permita mejorar las condiciones de vida en contextos de pobreza o extrema pobreza, o de economías familiares muy débiles.
  2. Causas sociales: búsqueda de la reunificación familiar con progenitores que migraron previamente, situaciones de abandono o desestructuración familiar, violencia, maltrato y abusos en el ámbito intrafamiliar.
  3. Causas políticas: situación de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica , en el marco de los efectos del conflicto armado, del problema de las maras y el crimen organizado, de la corrupción, la impunidad y las políticas públicas neoliberales que dejan a la población en constante amenaza y absoluta desprotección.
  4. Motivaciones personales: construcción de un imaginario colectivo que ve en la migración hacia el norte la mejora del estatus personal y la calidad de vida, dada la desigualdad en términos de desarrollo humano entre Norteamérica y Centroamérica.

El efecto que provocan todos estos factores es el éxodo de decenas de miles de NNA centroamericanos que cruzan la frontera sur mexicana, solos o acompañados, para atravesar el país hacia Estados Unidos, o para quedarse en él, infancia migrante que mayoritariamente huye de violaciones de derechos humanos y de la absoluta desprotección, es decir que son niñas y niños refugiadas, o estrictamente merecedores de ser reconocidos como tales.

rundll32_2016-04-26_11-03-40La respuesta del Estado mexicano no puede resultar más lamentable, pese a que la legislación vigente (tanto en el derecho internacional como en el nacional) impone a las instituciones la obligación de establecer medidas especiales de protección a la infancia, en igualdad con la población local, respetando el Interés Superior del Niño, su derecho a obtener protección internacional, y los principios de no detención y no devolución. Conviene consultar a estos efectos la Convención de Derechos del Niño, la Opinión Consultiva No. 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en México la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, su Reglamento, y su armonización en diversas normativas de nivel local.

Sin embargo, atiendo a las cifras oficiales del año 2015, el peor en varios años y a raíz de la implementación del Programa Integral de la Frontera Sur, el panorama es desolador: el Gobierno de la República, a través del Instituto Nacional de Migración y otras fuerzas de seguridad el Estado como la Policía Federal, el Ejército o la Marina, ha detenido un total de 190.366 seres humanos por razones migratorias, de los cuales 35.704 eran NNA que sufrieron privación de libertad en centros de detención llamados Estaciones Migratorias, o albergues del DIF. La inmensa mayoría de niños y niñas huían de la violencia en Centroamérica, pero 28.017 de ellos (casi el 80%) fueron deportados de manera forzada, devueltos a la realidad de la que intentaban escapar.

A pesar de las mejoras legislativas en materia de derechos de la infancia, de la existencia de instituciones orientadas a la protección de la infancia (como el Sistema DIF) y a garantizar la protección de las personas refugiadas (como la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, COMAR), solo unos pocos cientos de niños y niñas logran acceder al procedimiento de solicitud de refugio, y menos todavía obtienen el reconocimiento del estatuto de refugiado. Una vez más el Estado mexicano marca las distancias entre el Derecho y la realidad, y se mantiene una situación generalizada de violación de derechos, esta vez con la infancia migrante y refugiada.