Acción Urgente | Gobierno de Chihuahua obstaculiza acceso a la justicia y a la verdad para personas desaparecidas

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Acción Urgente: Gobierno de Chihuahua obstaculiza acceso a la justicia y a la verdad de familiares de personas desaparecidas, así como labor de personas defensoras de derechos humanos.

Red-TDT-CEDHEM
La Red TDT ha recibido información del Centro de derechos humanos de las Mujeres de la realización de diversas acciones por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las personas familiares de distintas personas desaparecidas en los municipios de Cuahtémoc, Cusihuiriachi y Carichí todos ellos en el Estado de Chihuahua.

De la misma manera se refiere que el gobierno del Estado de Chihuahua ha incumplido acuerdos  firmados con las víctimas y sus representantes legales con lo cual se ha obstaculizado también el derecho a defender derechos humanos.

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Acción Urgente | Gobierno de Chihuahua obstaculiza acceso a la justicia y a la verdad para personas desaparecidas

Señor

Por este medio le hago saber que estoy firmando la Acción Urgente elaborada por la Red Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) con información del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en donde se detalla cómo el Gobierno de Chihuahua obstaculiza el acceso a la justicia y a la verdad de familiares de personas desaparecidas, así como labor de personas defensoras de derechos humanos.

Me parece especialmente grave la falta de interés y seriedad que ha mostrado su gobierno en relación con los acuerdos existentes para incorporar a las personas integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como peritas/os independientes para casos de personas desaparecidas en Chihuahua.

Por ello les exijo a través de este correo electrónico:

1. Cesen las acciones tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares de personas desaparecidas.
2. Respeten los acuerdos firmados con los representantes legales de las víctimas y se abstengan de realizar acciones que vulneren su derecho a defender derechos humanos.
3. En virtud de la exigencia y deseo de los familiares de personas desaparecidas reanuden el contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y eliminen las clausulas que han impedido que se firme el contrato respectivo.
4. Expresen públicamente su reconocimiento a los derechos de los familiares de personas desaparecidas, así como de las personas defensoras de derechos humanos que les representan.

Abajo incorporó la Acción Urgente Original de la Red TDT

Acción Urgente: Gobierno de Chihuahua obstaculiza acceso a la justicia y a la verdad de familiares de personas desaparecidas, así como labor de personas defensoras de derechos humanos.

La Red TDT ha recibido información del Centro de derechos humanos de las Mujeres de la realización de diversas acciones por parte del Gobierno del Estado de Chihuahua tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las personas familiares de distintas personas desaparecidas en los municipios de Cuahtémoc, Cusihuiriachi y Carichí todos ellos en el Estado de Chihuahua.

De la misma manera se refiere que el gobierno del Estado de Chihuahua ha incumplido acuerdos firmados con las víctimas y sus representantes legales con lo cual se ha obstaculizado también el derecho a defender derechos humanos.

Hechos

A partir de octubre de 2011 fueron encontradas varias fosas clandestinas en los municipios mencionados. Por las condiciones de los restos humanos encontrados en dichas fosas, su procesamiento conlleva un alto riesgo de que éstos se consuman o extingan y existe la posibilidad de que no se puedan obtener material genético para su identificación, por tanto su tratamiento requiere un grado de especialidad y la tecnología más avanzada para intentar obtener información útil.

Desde los hallazgos, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, señaló que en el estado de Chihuahua no se contaba con la tecnología suficiente para obtener de los restos material genético y, en ello coincidieron funcionarios de la Procuraduría General de la República.

El colectivo de familiares agrupados en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quienes pertenecen en su mayoría a la zona occidente del Estado, es decir a la zona en donde fueron localizadas las tres fosas con restos quemados solicitaron al Gobierno de Chihuahua, en diferentes oportunidades y por distintas vías, la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) como peritas/os independientes, por dos razones:

Porque existen antecedentes en los que ha habido serios errores en el manejo de restos e identificación de personas, atribuibles a las autoridades de Chihuahua y,
Para garantizar la máxima eficacia en el procesamiento de los restos, a través de la participación de las/os expertos de talla internacional.

Existen acuerdos firmados con el Gobernador del Estado de Chihuahua (diciembre 2014) y con la Fiscalía General del Estado (24 de noviembre 2014 y 3 de diciembre 2014) para la contratación del EAAF para intervenir en estos casos. Ante la negativa de las autoridades, las familias han realizado acciones jurídicas solicitando que se garanticen sus derechos a ser tomadas en cuenta como parte de la investigación, al acceso a la justicia y a la verdad.

Lo más relevante es que el laboratorio del EAAF cuenta con tecnología más avanzada para el procesamiento de restos calcinados que, el laboratorio que pretende utilizar el Gobierno del Estado de Chihuahua y el trabajo de las antropólogas argentinas se distingue por ser integral, es decir va más allá que sólo obtener de las muestras material genético.

En conclusión, aceptar la intervención de las/os peritos que solicitan los familiares, garantizaría para todas las familias involucradas mayor certeza y probabilidades de eficacia.

Por ello exigimos a las autoridades a quienes se hace llegar esta Acción Urgente:
1. Cesen las acciones tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares de personas desaparecidas.
2. Respeten los acuerdos firmados con los representantes legales de las víctimas y se abstengan de realizar acciones que vulneren su derecho a defender derechos humanos.
3. En virtud de la exigencia y deseo de los familiares de personas desaparecidas reanuden el contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y eliminen las clausulas que han impedido que se firme el contrato respectivo.
4. Expresen públicamente su reconocimiento a los derechos de los familiares de personas desaparecidas, así como de las personas defensoras de derechos humanos que les representan.

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Hechos

A partir de octubre de 2011 fueron encontradas varias fosas clandestinas en los municipios mencionados. Por las condiciones de los restos humanos encontrados en dichas fosas, su procesamiento conlleva un alto riesgo de que éstos se consuman o extingan y existe la posibilidad de  que  no se puedan obtener material genético para su identificación, por tanto su tratamiento requiere un grado de especialidad y la tecnología más avanzada   para   intentar   obtener   información útil.

Desde los hallazgos, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de  la Fiscalía General  del  Estado  de  Chihuahua,  señaló  que en el estado de  Chihuahua no se contaba con la tecnología suficiente para  obtener de los restos material genético y, en ello coincidieron funcionarios de la Procuraduría General de la República.

El  colectivo  de  familiares  agrupados  en  el  Centro  de  Derechos  Humanos  de  las Mujeres  (CEDEHM),  quienes  pertenecen  en  su  mayoría  a  la  zona  occidente del Estado,  es  decir  a la zona en donde fueron  localizadas  las  tres  fosas  con  restos  quemados solicitaron al Gobierno de Chihuahua,  en diferentes oportunidades y por distintas vías,  la intervención del  Equipo Argentino de  Antropología Forense (EAAF) como peritas/os independientes, por  dos razones:

  1. Porque existen antecedentes en los que ha habido  serios  errores  en  el  manejo  de   restos  e  identificación  de   personas, atribuibles a las autoridades de  Chihuahua y,
  2. Para garantizar la máxima eficacia en  el procesamiento  de  los  restos,  a  través  de  la  participación  de  las/os expertos de talla internacional.

Existen  acuerdos  firmados con  el Gobernador  del  Estado  de  Chihuahua  (diciembre  2014) y con  la Fiscalía  General  del  Estado  (24 de  noviembre  2014 y 3 de  diciembre  2014) para  la contratación del EAAF para  intervenir en estos casos.  Ante la negativa de las autoridades, las familias han realizado acciones jurídicas solicitando que se garanticen sus derechos a  ser tomadas en cuenta como parte de la investigación, al acceso a la justicia y a la verdad.

Lo  más  relevante  es  que   el  laboratorio  del   EAAF  cuenta  con   tecnología  más avanzada  para   el  procesamiento  de  restos  calcinados  que,   el  laboratorio  que pretende  utilizar  el   Gobierno  del   Estado   de   Chihuahua  y  el   trabajo  de   las antropólogas argentinas se distingue por  ser integral, es decir  va  más allá  que  sólo obtener de las muestras material genético.

En conclusión, aceptar la intervención de las/os peritos que solicitan los familiares, garantizaría para  todas las familias involucradas mayor  certeza y probabilidades de eficacia.

Por ello exigimos a las autoridades a quienes se hace llegar esta Acción Urgente:

  1. Cesen las acciones tendientes a obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de los familiares de personas desaparecidas.
  2. Respeten los acuerdos firmados con los representantes legales de las víctimas y se abstengan de realizar acciones que vulneren su derecho a defender derechos humanos.
  3. En virtud de la exigencia y deseo de los familiares de personas desaparecidas reanuden el contacto con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y eliminen las clausulas que han impedido que se firme el contrato respectivo.
  4. Expresen públicamente su reconocimiento a los derechos de los familiares de personas desaparecidas, así como de las personas defensoras de derechos humanos que les representan.

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