Carta abierta de la Coordinación Alemana por los DH en México al Presidente Gauck y la Canciller Federal Merkel de Alemania

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Stuttgart/Berlin, 8 de abril del 2016

Visita del Presidente de México: ¡Derechos Humanos en la agenda!

Estimado Señor Presidente de Alemania, estimada señora Canciller Federal,

Los días 11 y 12 de abril se encontrarán en Berlín con el Presidente de México Enrique Peña Nieto. Para este encuentro les pedimos que el tema de violaciones de Derechos Humanos en México sea abordado, debido a que la crisis de derechos humanos ha adquirido dimensiones catastrofales en este país.

De acuerdo con cifras oficiales se desconoce el paradero de casi 27 mil personas desaparecidas en México. Las autoridades casi no han adoptado medidas para aclarar estos crímenes. Un ejemplo de esta inacción es el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, que desde septiembre del 2014 desaparecieron. El caso ha desatado un gran desconcierto en México y a nivel internacional, pues ha revelado la colaboración entre las autoridades estatales con el crimen organizado.

El caso Ayotzinapa es sin embargo sólo la punta del iceberg. Las autoridades mexicanas han comenzado con la investigación, luego de haber recibido fuerte presión internacional. Los resultados de la investigación oficial fueron refutados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El destino de los estudiantes permanece sin ser aclarado.

Este caso representativo deja claro por qué las personas en México han perdido la confianza en las instituciones estatales. No únicamente el crimen organizado sino también las fuerzas estatales de seguridad son responsables de graves violaciones de derechos humanos en México. No obstante la impunidad de las violaciones de derechos humanos es de un 98% y la corrupción alcanza hasta los niveles más altos de la política nacional. Por eso no parece ser probable recibir una sanción por crímenes de violaciones de derechos humanos.

Las detenciones arbitrarias así como la tortura ejercidas por la policía y el ejército mexicano se cometen a la orden del día, so pretexto de la lucha contra el crimen organizado. El objetivo es que a través de la tortura se consigan las confesiones sobre delitos y así se logren rápidamente las averiguaciones. Los polícias y militares que torturan no tienen que temer por un procesamiento penal, mientras en la mayoría de los casos la víctima permanece en la cárcel a pesar de falta de evidencias del delito.

El gobierno mexicano recientemente y después de la gran presión internacional, ha presentado un bosquejo de leyes contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Sin embargo, estas leyes no corresponden con los estándares internacionales. El gobierno mexicano ha rechazado las recomendaciones y resultados de investigación de organizaciones internacionales de derechos humanos y Comités de las Naciones Unidas, para la mejora de la situación de derechos humanos en México. Además, expertos como el Relator Especial sobre la Tortura de las Nacionales Unidas, Juan Méndez, y también los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido atacados y difamados públicamente.

Simultáneamente el gobierno del presidente Peña Nieto trata de promocionar la inversión de mercados internacionales y presentar a México como un lugar interesante para la economía. Nuevas leyes aprobadas en las áreas de energía, minería, extración de gas y petróleo, tienen repercusiones considerables hacia las casi 32 mil comunidades agrícolas en México y a los casi 28 millones de personas que viven en zonas rurales. Los ejidos de comunidades indígenas, garantizados originalmente en la Constitución, han sido excavados. El derecho al consentimiento libre, informado y previo es violado con la realización de numerosos megaproyectos.

Defensores de derechos humanos y periodistas, quienes denuncian y critican estas irregularidades y quienes exigen reformas, son víctimas de campañas de desprestigio, represión e incluso asesinato. El Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y periodistas amenazados, establecido en el 2012, así como la Ley de Protección para las víctimas, han sido medidas insuficientes de protección, de acuerdo con los recientes y numerosos asesinatos de periodistas críticos.

Frente a estos antecedentes queremos pedirles acciones concretas en sus encuentros con el presidente Peña Nieto, con vistas a exigir la mejora de la situación de derechos humanos en México y principalmente que:

  • los dos procesos de legislación de las leyes contra la Tortura y Desapariciones forzadas correspondan con los estándares internacionales y que se disponga de mecanismos efectivos de participación y monitoreo de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en la realización y aplicación de estas leyes;
  • se realicen las recomendaciones en materia de tortura y desaparición forzada, provenientes de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de los Comités de las Nacionales Unidas;
  • en la práctica se garantice el derecho a las comunidades indígenas de su consentimiento, libre, previo e informado en la planeación y realización de megaproyectos, como está establecido en el Convenio 169 de la OIT;
  • se fortalezca el Mecanismo de Protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, basándose en las recomendaciones de la sociedad civil.