Garantizar derechos de la mujer, responsabilidad del Estado: Red TDT

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Garantizar derechos de la mujer, responsabilidad del Estado: Red TDT


Posicionamiento Día Internacional de la Mujer 2016

La lucha contra la opresión, la explotación, la violencia y la discriminación contra las mujeres tiene una referencia histórica el 8 de marzo. La emancipación de las mujeres parte del principio de la lucha por la igualdad de derechos y en contra de todo tipo de sociedad clasista, patriarcal y machista. No hay plenos derechos sin los derechos de las mujeres. Estos derechos se han construido históricamente, no han sido producto de concesiones gratuitas desde el poder, son logros desde el movimiento de mujeres.

Este contexto histórico es actualizado por una realidad que desmiente los discursos oficiales. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio durante 2012 y 2013 fueron asesinadas 3,892 mujeres en el país. De estos casos solo 15.75% (613) fueron investigados como feminicidios, lo que significa una gran ausencia en la  actuación legal por parte de las procuradurías de justicia en México. Nuestro país ocupa el lugar 83 de 135 países en Brecha de Género según reporte del World Economic Forum en 2013.

A pesar de la reciente reforma que elevó los derechos humanos a rango constitucional, en México persiste la falta de garantías para el ejercicio de los mismos por parte de las mujeres. En el país existen todo tipo de violencias contra las mujeres, impedimentos para el acceso de ellas a la justicia, incluidos los obstáculos para la debida diligencia, para el ejercicio y la defensa de la no-discriminación y para que las mujeres tengan condiciones de igualdad de derechos en todos los ámbitos del quehacer social.

Ejemplo claro de esto es el tema de la discriminación laboral que se refleja en la permanencia de trabas para que las mujeres accedan a un trabajo digno y bien remunerado y en las condiciones generales de precariedad laboral para la mayoría de las mujeres obreras y campesinas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH) el 76% del total de mujeres trabajadoras percibe entre uno y cinco salarios mínimos; situación que está lejos de garantizar una calidad de vida digna.

Pero si solo el 5%de las mujeres en el país tiene un ingreso superior a los 5 salarios por día, quizá lo más preocupante de todo es que, además de esta violencia estructural, al menos una quinta parte (21%) de las trabajadoras han enfrentado algún tipo de violencia en su centro de trabajo, según el reporte PROIGUALDAD 2013-2018. De acuerdo con el INEGI, en 2013, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia y 68% de las mujeres de entre 30 y 39 años han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Asimismo, datos del Sistema de Procuradurías Estatales refieren que en 2015 han sido asesinadas un promedio de 7 mujeres por día, siendo 68% de ellas asesinadas por sus cónyuges o familiares.

Estos son indicadores que demuestran que la violencia machista ha llegado a límites insostenibles en el país, con feminicidios registrados en todos los estados de la República. Así las mujeres se han organizado y hoy podemos contabilizar 13 estados del país que están solicitando que sea decretada la Alerta de género. Pero la violencia alcanza a distintas labores e identidades: en México alrededor de 3 millones de mujeres se dedican al trabajo sexual, entre las que se incluyen mujeres transgénero, quienes de 2008 a 2011 en México sufrieron 87 asesinatos.

En cuanto a la mortalidad materna que debiera ser ya totalmente prevenible en México, el sistema de salud no ha reducido la razón de mortalidad materna (RRM) en la última década, siendo las hemorragias y la eclampsia, condiciones totalmente evitables, las principales causas de muerte de las mujeres mexicanas embarazadas, principalmente las mujeres en condiciones de pobreza. Muchas de las muertes atribuidas a las hemorragias son por complicaciones de abortos que se practican en condiciones insalubres y de alto riesgo para las mujeres.

Por ello es necesario que desde el Estado se realicen acciones concretas para superar rezagos legales para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres. Por ejemplo, las Leyes estatales para que las mujeres vivan una vida libre de violencia, en su mayoría aún no responden a los estándares de la Convención de Belem Do Pará.

Por lo anterior exigimos al estado mexicano:

  •  Implementar el marco regulatorio para proteger los derechos laborales de las mujeres, revisando las legislaciones federal y estatales con integración de las perspectiva de género y de las herramientas legales para el acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras.
  • Ratificar los convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), claves para la igualdad de género en el trabajo incluyendo las responsabilidades familiares, la maternidad y el trabajo en el hogar remunerado.
  • Que las dependencias cuenten con información sistematizada y desagregada sobre la atención que se brinda a las víctimas de violación, con el propósito de conocer si ésta  cumple con  los criterios establecidos en la  Norma-046.
  • Que exista una coordinación entre la Secretaría de Salud y los Ministerios Públicos, con el objetivo de que  las mujeres víctimas de violación sean  canalizadas para recibir la atención integral.
  • Homologar el tipo de feminicidio de manera objetiva con los elementos establecidos en el tipo penal federal, con circunstancias objetivas de accesible acreditación y que contemple un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio.
  • Incorporar la obligatoriedad de generar e implementar protocolos de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género y derechos humanos en toda muerte violenta de mujeres, en el código único de Procedimientos Penales.
  • Adoptar medidas, incluyendo en materia legislativa, de política pública y programas estatales, para abordar las causas subyacentes de la violencia contra las mujeres trans. Estas medidas deben asegurar que las mujeres trans tengan acceso sin discriminación al empleo formal, educación, salud y vivienda.