Fray Juan de Larios | Pronunciamiento


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Pronunciamiento por declaraciones irresponsables del Subprocurador de Personas No Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.

 

Saltillo, Coahuila a 19 de enero de 2016

Con profunda indignación, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos constata de nueva cuenta del desdén, la falta de seriedad, profesionalismo y respeto del Subprocurador de Personas No Localizadas de la Procuraduría de Coahuila, Juan José Yáñez Arreola. En un artículo titulado “Piedras Negras un campo de exterminio en el estado de Humberto Moreira”, aparecido en “El Español” (elespanol.com), es entrevistado por el periodista Diego Enrique Osorno y declara que el caso de los Cinco Sordomudos desaparecidos en Piedras Negras “desembocó en una prisión estatal ubicada en la ciudad de Piedras Negras (donde) asesinaron e incineraron personas  de  manera  sistemática  en  el  interior  (…).  Entre  las  víctimas  se  encuentran (…) personas ajenas al mundo criminal como los vendedores sordos (…).

El Centro de Derechos Humanos, que representa a las víctimas y familiares del caso los Cinco Sordomudos, en ningún momento de la revisión trimestral de la Averiguación Previa, hemos sido informados de ninguna prueba o indicio que apuntale este dicho. No obstante, de existirlo, las familias tienen todo el derecho a enterarse de manera directa y no por un medio de comunicación, y el señor Yáñez está obligado a cuidar la reserva de la investigación y seguir los protocolos de atención psicológica para comunicarlo a las familias.

El Señor Yáñez Arreola incurre en violaciones al artículo 85 del Código de Procedimientos Penales de Coahuila y al artículo 206 de la Ley de Procuración de Justicia de Coahuila:

ARTÍCULO 85. RESERVA DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. Todas las actuaciones de la averiguación previa serán en reserva; salvo los casos en que el ofendido, víctima, representantes o sus abogados; el inculpado o su defensor; tengan derecho de acceder en los términos de los artículos 46 fracción II y 53 fracción V. Se sujetará al procedimiento de responsabilidad que corresponda, al servidor público que quebrante la reserva de las actuaciones; o permita indebidamente el acceso a los expedientes que se formen con motivo de l a averiguación; o del mismo modo proporcione copia o información de ellos o de los documentos que obren en la misma. En cualquier caso, será motivo de destitución dar indebidamente copia de los expedientes.

ARTÍCULO 206. SANCIONES Y FIGURA TÍPICA DE USO INDEBIDO DE INFORMACIÓN RESERVADA. Se aplicará prisión de seis meses a tres años; multa de la mitad a dos tantos del beneficio obtenido; destitución de empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación hasta por ocho años para desempeñar otro: Al servidor público que por sí o por interpósita persona y sin causa justificada, difunda o dé a conocer información que la ley estime como reservada de cualquier entidad pública; siempre y cuando la tenga o consiga por razón de su cargo o medios de ley y con ello dañe o ponga en peligro la seguridad de personas o a otros bienes jurídicos.

No es la primera vez que el señor Yáñez, en un afán protagonista, hace declaraciones inexactas o no probadas con el fin de “mostrar resultados” en casos de desaparición y desaparición forzada . Su incapacidad ha sido demostrada no sólo en la falta de resultados para encontrar a alguno de los 145 desaparecidos de Fuerzas Unidas por Nuestros Desparecidos en Coahuila (FUUNDEC) en 48 averiguaciones bajo su responsabilidad, también consta en el Diagnóstico1 que se realizó a la Subprocuraduría por un grupo de expertos colombianos encabezados por el Fiscal Pedro Díaz, e impulsado por este Centro de Derechos Humanos y Fuundec, con el apoyo de Open Society. Este diagnóstico cuyas recomendaciones fueron aceptadas por el Gobernador Rubén Moreira y que son la base para la reciente reforma a la ley orgánica de la Procuraduría del Estado de Coahuila señala entre otras cosas:

Los resultados de las encuestas a los servidores públicos indican un significativo grado de deficiencias de gerencia y liderazgo, manifestado en la falta de una buena comunicación interinstitucional, vacíos en la coordinación, desorden en las oficinas, mal manejo de tiempo, falta de trabajo en equipo e insuficiencia en la descripción de funciones.

No tuvimos información alguna de sanciones administrativas a personal de la Procuraduría aunque el EIP recibió información sobre actuaciones irregulares de los ministerios públicos, fabricación de pruebas en ciertos casos e  información sobre el uso de la tortura que debería sido investigado.

Los investigadores no están dedicados exclusivamente a los expedientes, no cuentan con herramientas tecnológicas apropiadas, no hay disponibilidad de recursos logísticos y los existentes no son utilizados de la mejor forma. Tampoco hay manejo y preservación de la evidencia bajo custodia asociada a los casos y no se analiza y procesa la información recolectada durante las diligencias y peritajes, lo cual influye desfavorablemente en la dirección y gestión de las actividades que se realizan, así como en los resultados de la investigación.

Fueron múltiples y constantes las quejas de las familias de las personas desaparecidas en relación con el trato y desempeño de los servidores públicos desde el momento en que les reciben  la denuncia y durante la etapa de investigación.

Las más de veinte entrevistas que se realizaron  familiares de las víctimas, permitió deducir el alto nivel de frustración frente a la ausencia de resultados en las investigaciones.

Y su primera recomendación señala:

Diseñar y aplicar un proceso de rigurosa selección del Subprocurador de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas, con perfil calificado y experiencia en este tipo de investigaciones, con sensibilidad hacia las víctimas y buenas relaciones con la académica y las organizaciones de víctimas.

Las recientes declaraciones del señor Yáñez en el reportaje en mención, es sólo una muestra de su mala conducción como investigador y como funcionario público. Es por esto que es necesario poner un alto y retomar el proceso de reestructuración de la Subprocuraduría de manera integral.

Este Centro de Derechos Humanos demanda al Gobierno del Estado:

  1. Retomar el proceso de selección de la nueva persona a cargo de la nueva Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, que supla al Señor Juan José Yáñez Arreol Este proceso debe contemplar las recomendaciones del informe de los expertos colombianos y la consulta a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.
  1. Ofrecer una disculpa a los familiares del caso por exhibir declaraciones de manera irresponsable e indolente, y establecer mecanismos de no repetición congruentes con los derechos de las víctimas.
  1. Revisar con los familiares el expediente del caso de los Cinco Sordomudos para explicarles los medios de convicción que sostienen que fueron victimados dentro de la cárcel de Piedras Negras.

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1 Informe del Equipo Internacional de Peritos. Proyecto de Asistencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, Subprocuraduría de Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas y Atención a Víctimas, Ofendidos y Testigos. En el Marco del Proyecto México de Open Society Justice Initiative. 4 De Octubre De 2015.