2015: Impunidad en casos graves de DH y vulnerabilidad para personas defensoras

Banner-logo-nuevo

Comunicado del 30 de diciembre de 2015

2015: Impunidad en casos graves de DH y vulnerabilidad para personas defensoras

  • Al agravio por la impunidad en los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa se agregaron las masacres de Apatzingan, Tanhuato y Narvarte.
  • Datos preliminares de la Red TDT sobre Violaciones a DH indican que el Estado es responsable de cerca de 58% de las vulneraciones a la seguridad de las personas defensoras.
  • La mayoría de las vulneraciones contra personas y colectividades defensoras de DH registrados pertenecen a procesos vinculados a la defensa de la Tierra y Territorio.

El año 2015 ha sido un año marcado por la impunidad en los grandes casos emblemáticos de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, pero también por la criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Ambas situaciones resultan muy graves y son atribuibles al Estado mexicano que ha sido incapaz de resolver casos tan delicados como los mencionados un poco más abajo, pero que también ha participado en cerca de 58% de las violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, según registró de manera preliminar la Red TDT hasta el 1 de diciembre del 2015.

Un ejemplo muy claro de ello es la agresión que por parte del Estado sufrió la comunidad de Santa María Ostula, derivada del hecho de haber implementado un ejemplo de policía comunitaria que logró a través de la organización popular garantizar la seguridad que el Estado no fue capaz. Cabe destacar también que gran parte de estas vulneraciones contra personas y comunidades se dan en el contexto del despojo de sus tierras y derechos ancestrales. Ejemplo de esto es el caso de Juchitan, donde el derecho a la consulta fue vulnerado por diversos vicios en el proceso, lo cual afecta principalmente a las comunidades que reivindican sus derechos ancestrales.

Otra vía de vulneración fueron las reformas legales que violentan de manera estructural la capacidad de ejercicio y defensa de derechos, así como la de protestar, como en el caso de la Reforma educativa y más recientemente la nueva Ley de Hidrcarburos (para más detalles de esto último ver http://redtdt.org.mx/?p=4996).

Recuento de la impunidad

Sin duda , las reivindicaciones por hechos ocurridos en el año 2014 como la ejecución extrajudicial de 6 personas y la desaparición forzada de otras 43, quienes eran estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, o como los ocurridos en el municipio mexiquense de Tlatlaya, dinamizaron la indignación nacional. Pero también ocurrieron nuevos hechos del mismo nivel de gravedad.

Apenas iniciaba el año y ocurría una nueva masacre en contra de un grupo de integrantes de la Fuerza Rural en Apatzingan. Posteriormente, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato, Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, un presunto enfrentamiento entre federales y un “grupo armado” dejó como saldo 42 personas muertas, tres detenidos y un policía federal fallecido.

A estos hechos, ocurridos en zonas rurales del país, se añadiría a finales de julio el multihomicidio de 5 personas en la colonia Narvarte de la ciudad de México, en donde 2 de las personas asesinadas habrían denunciado amenazas desde el entorno del gobierno de Veracruz. Hasta hoy todos estos casos mencionados y muchos más permanecen impunes.

Tampoco podemos olvidar la desproporcionada detención de Cemeí Verdía Zepeda, comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula el día 19 de julio de 2015 donde intervino el Ejército generando acciones de violencia contra la población civil que derivaron en el asesinato del niño Hidelberto Reyes de 12 años de edad. Este hecho forma parte de un patrón que hemos detectado, en el cual la mayor parte de las violaciones de Derechos Humanos y Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos se dan contra líderes comunitarios que suelen favorecer la defensa de los derechos humanos de sus comunidades.

Datos preliminares 2015 sobre violaciones de Derechos Humanos y Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos de la Red TDT

En un registro preliminar, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) identificó del 1 de enero al 1 de diciembre de 2015, 76 casos de violaciones de derechos humanos (VDH) y agresiones cometidas contra defensores y defensoras de derechos humanos en 20 estados de la república. En consistencia con el informe anterior de la Red TDT, los estados con mayor número de VDH y agresiones a defensores y defensoras son Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.

De estas situaciones, alrededor del 85% fueron cometidas hacia personas defensoras de derechos humanos, y el 15% hacia colectivos. Cabe resaltar que la mayor parte de los y las defensoras agredidas pertenecen a procesos colectivos, mismos que se ven directamente afectados por dichas agresiones, lo que incrementa el contexto de riesgo en el que llevan a cabo su labor de defensa. Esto nos indica una estrategia clara para desarticular dichas colectividades a favor de los intereses económicos y políticos afectas por sus luchas.

La mayoría de los casos registrados pertenecen al campo de lucha de Tierra y Territorio, seguidos por Violencia e Inseguridad y DESCA y Políticas Públicas. Esta división nos ayuda a comprender los principales intereses afectados, pero al mismo tiempo es necesario recordar que los derechos humanos son interdependientes e inseparables, y que el contexto nacional de violencia e inseguridad afecta transversalmente a todas las luchas.

El principal derecho afectado es el derecho a la integridad personal, el cual es sistemáticamente violado a través de agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación y amenazas de muerte, lo que nos indica que existe un riesgo a la vida de las personas y a la permanencia de los colectivos y procesos de defensa de los derechos humanos.

Alrededor del 58% de las VDH y agresiones fueron cometidas por actores estatales, mientras que cerca del 42% por actores no estatales, lo que nos muestra la existencia de una cultura de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Frente a esto, el Estado está obligado a generar estrategias integrales para la protección de la labor de defensa de los derechos humanos, al igual que visibilizar su importancia para la construcción de un país democrático.