DF y Saltillo | Conferencias simultáneas del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México


Boletín de prensa

  • El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresa su indignación por la pérdida de tiempo valioso para iniciar de manera decidida los trabajos en la legislación en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares y las consecuencias negativas de esta dilación.
  • Familiares y acompañantes de víctimas exigimos al poder Ejecutivo presentar su iniciativa e invitamos al poder Legislativo a retomar mecanismos de participación sustantiva para que la Ley sobre Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares sea aprobada durante el próximo período ordinario de sesiones.

El 10 julio de 2015 se publicó el decreto por el que se reforma el artículo 73 constitucional que faculta al Congreso a legislar en esta materia y establece un plazo de 180 días para cumplir con esta obligación, cuyo término se cumplirá el próximo 6 de enero de 2016.

Hasta ahora el Ejecutivo no ha presentado su iniciativa de Ley y el proceso legislativo no ha iniciado, lo cual se observa como una muestra de desinterés de quienes tienen en sus manos poner fin a la impunidad y a la incertidumbre de las víctimas. Tampoco se han formalizado mecanismos de participación sustantiva de organizaciones de familiares y de la sociedad civil en la discusión y elaboración de la legislación.

El presupuesto asignado a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas para este 2016 disminuirá en más de 30% en relación a lo que le había sido asignado en 2014. Esto muestra que el gobierno continúa sin reconocer la magnitud de las desapariciones en México y pretende actuar con una clara falta de compromiso y responsabilidad para priorizar esta problemática nacional que se agrava día con día.

Insistimos enfáticamente en que esta Ley General de Personas Desaparecidas contenga la obligatoriedad de dotar del presupuesto suficiente para implementarla con los recursos humanos, materiales y técnicos que subsanen el déficit actual de personal ministerial, policial y pericial indispensable para la integración eficaz de los expedientes en las diferentes instancias de investigación y búsqueda de los desaparecidos en México. Así como para procesar la identificación de los miles de cuerpos sin nombre en fosas comunes y clandestinas del país. Esta Ley General  debe contemplar mecanismos especializados de búsqueda de personas con herramientas y metodologías de investigación y análisis contextual que actualmente no existen.

Para toda la sociedad mexicana y especialmente para los familiares de personas desaparecidas es primordial contar con una legislación que garantice mecanismos de búsqueda eficaces para encontrar a nuestros seres queridos y asegure la investigación efectiva que permita sancionar a los responsables para que, con base en la verdad, se establezcan políticas públicas de prevención para que ninguna familia tenga que pasar nunca más por este indescriptible sufrimiento.

Por esta razón, entre agosto y octubre de 2015, impulsamos un proceso de 6 consultas en diferentes partes del país en las que participaron 35 organizaciones de familiares de personas desaparecidas y 40 organizaciones civiles. A través de este proceso, los familiares identificamos desde nuestra experiencia los puntos indispensables que debe contener esta ley, buscando que sea justa, adecuada, que responda a las necesidades de “las víctimas y familiares de víctimas de desaparición”, acompañados por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El resultado lo constituye el documento “Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México”, mismo que ha sido entregado a las 3 comisiones del Senado encargadas de la dictaminación de la futura legislación. Exigimos que dicho documento sea la base para la nueva ley.

Instamos al Ejecutivo a presentar su iniciativa de Ley y al Legislativo a reconocer e incorporar el esfuerzo, conocimiento y experiencia de las organizaciones de familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes como la parte central de la ley. Así mismo, reconocemos la apertura del Senado para trazar una ruta de trabajo e invitamos a los y las legisladoras a formalizar mecanismos de participación sustantiva de organizaciones de familiares y de organizaciones acompañantes, así como de expertos de la sociedad civil nacional e internacional, en la discusión y elaboración de la legislación, como lo recomendaron el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en febrero de 2015 y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.

 

Atentamente:

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Los colectivos de familiares que han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del documento son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familiares de Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Familiares de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Distrito Federal); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEM) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Frente de Víctimas del Estado de Morelos (Morelos); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua);Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala; Plataforma de Víctimas de Desaparición en México (Distrito Federal); Red de Madres Buscando a sus Hijos, A.C. (Estado de México); Red Eslabones por los Derechos Humanos; Red Nacional de Enlaces; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa.; Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, A.C.; Voces Unidas por la Vida.

 

Las organizaciones de la Sociedad Civil que han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del documento son: Bordamos por la Paz (Jalisco); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Cauce Ciudadano-Red Retoño (Distrito Federal); Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (Chiapas); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Guerrero); Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de La Nada Ocosingo (Chiapas); Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C. (Coahuila); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales, (Chiapas); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (Guanajuato); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Distrito Federal); Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca A.C. (Oaxaca); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. (Coahuila); CEPS Justicia y Participación; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) (Nuevo León); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Dimensión de Justicia, Paz y Reconciliación (Distrito Federal); Diócesis de Zamora (Michoacán); Fe y Política de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social; Freedom House México (Distrito Federal); Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Guatemala); Fundación de Diego Lucero A.C. (Michoacán), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C. (Distrito Federal); Fundar. Centro de Análisis e Investigación, A.C. (Distrito Federal); Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas “COLEM”, A.C. (Chiapas); ID(H)EAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (Distrito Federal); Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (Chihuahua); La 72 Hogar-Refugio para Personas Migrantes (Tabasco); Mexicanas y Mexicanos en el Exilio (Texas, EE.UU.); Mujeres de Pacto, A.C. (Chihuahua); Red Mesa de Mujeres, A.C. (Chihuahua); Red por los Derechos de la Infancia en México; Servicio Jesuita al Migrante México; Servicio Jesuita al Migrante Nicaragua; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ) (Distrito Federal); South Texas Human Rights Centre; Taller de Desarrollo Comunitario, A.C. (Guerrero); Universidad Autónoma del Estado de Morelos; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. (Chiapas); Zacatecanos por la Paz (Zacatecas) y el Centro de Colaboración Cívica A.C. (Distrito Federal), en carácter de facilitador del proceso.

 

Así mismo, organismos internacionales como Amnistía Internacional México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH México) han participado como asesores técnicos en este proceso.

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