Posicionamientos de la Sociedad Civil ante visita ONU-DH

Posicionamiento por parte del Secretario Ejecutivo de la Red TDT Fernando Ríos Martínez en el espacio de organizaciones Nacionales

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Sr Zeid Raad Hussein
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Una parte sustantiva de la crisis generalizada que vivimos ahora es por el modelo económico en México y que además amenaza la vida de las próximas generaciones. El modelo económico actual está agudizando las condiciones que afectan a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que han desregulado la tierra, así como el despojo del agua, las selvas y bosques; así como la Reforma Energética y la ley de minas, son agravantes que ya están afectando el patrimonio y la vida de cientos de comunidades y están ocasionando conflictos socioambientales, represión política y despojo de los bienes a sus propietarios y ejidos en su mayoría pobres.

Los megaproyectos o grandes proyectos de desarrollo, tienen graves impactos en lo ambiental y en lo social. La minería extensiva, el fracking, la creación de Presas, acueductos, termoeléctricas, gaseoductos, proyectos carreteros, turísticos, parques eólicos, la siembra de soya y maíz transgénico son ejemplo de la devastación de grandes regiones.

La realización de estas obras se realiza sin la consulta a los pueblos indígenas y comunidades equiparables, como debiera hacerlo, de acuerdo al convenio169 de la OIT. La reciente consulta de Juchitán, la cual pretende ser modelo tuvo enormes irregularidades. Todos los principios fueron violentados y finalmente la consulta fue una simulación.

Cuando los pueblos afectados presentan los recursos jurídicos le son negados sin argumentos suficientes (no se comprueba la afectación o no hay interés legítimo). Las comunidades se enfrentan que a pesar de existir sentencias que los amparan o suspensiones dictadas por jueces, estas no se han cumplido o han tenido grandes dificultades para lograr que se cumplan, ya que son las empresas y las mismas autoridades quienes no cumplen con ellas recayendo en desacato y no hay mayores sanciones para ellas. La raíz de todo esto es que no existe la independencia judicial.

El pueblo Yaqui a pesar de contar con resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin contar con la Manifestación del Impacto Ambiental se construyó el acueducto.

Con esto se pone en juego la vida misma de las comunidades, a quienes les une un vínculo espiritual con la tierra, no es una mercancía como pretenden hacerlo ver. El territorio es concebido como algo muy profundo, en la que se cimientan sus relaciones, sus valores y cultura; los espacios son parte de su cosmovisión que los une con sus ancestros y es el legado para las generaciones futuras.

Las consecuencias de estas políticas carentes de perspectiva de sustentabilidad, es el desplazamiento de comunidades, la pérdida de sus bienes, derrames de substancias tóxicas, el riesgo de algunas especies animales y vegetales, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación de recursos naturales y la contaminación de agua y aire. Además de la afectación a los derechos a la salud, la alimentación, la vivienda, la cultura, al medio ambiente y con ello la afectación devastadora de una mayor pobreza.

Ante esto las comunidades se han organizado para proteger su territorio y con ello la vida de las generaciones futuras, sin embargo, la respuesta de las autoridades ha sido condenar a la cárcel a los líderes de los pueblos, judicializar la lucha con órdenes de aprehensión y promover los ataques a las personas defensoras.

Las consecuencias para quienes se han opuesto al saqueo ha sido un combate incesante . Por ejemplo en la zona nahua de la costa michoacana han asesinado a más de 32 personas indígenas, entre ellos un niño de 12 años, este último asesinado por un convoy militar. Así en otras regiones. Además ante la fuerza con la que ha surgido el crimen organizado en los últimos años, éste grupo en connivencia con autoridades han despojado de los bienes comunes en múltiples regiones.

La documentación del Comité Cerezo, reporta que de junio de 2014 a mayo de 2015 registraron 448 eventos de agresiones contra 248 personas defensoras, 47 organizaciones y 35 comunidades. Esto refleja un aumento constante durante los últimos años. Las agresiones en el periodo de Enrique Peña Nieto ha crecido de manera alarmante. Además han surgido varias iniciativas de ley que pretenden legalizar la represión política para controlar cualquier tipo de disidencia. En este contexto las empresas privadas se han constituido en agresores frecuentes de las personas defensoras de la tierra y el territorio, junto con las autoridades y los caciques locales y regionales.

Por otro lado, la cosificación de la vida humana ha tenido consecuencias culturales terribles. México ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a nivel mundial, según un informe sobre Feminicidio en México, elaborado por ONU Mujeres, los casos de feminicidio en el país han registrado un aumento sostenido desde al año 2007. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, según datos de las Procuradurías de Justicia de los Estados, cada día en México se asesinan 6 mujeres, en el 2012 y 2013 se asesinaron al menos a 3892 mujeres en el país. Además una de cada tres personas desaparecidas es mujer y casi la mitad de ellas es menor de edad.

La respuesta ante los efectos del modelo económico ha sido la implementación de programas sociales que no han aportado cambios sustanciales, pues estamos en los mismos niveles de pobreza que hace 20 años. Estos programas asistenciales dividen y crean dependencia y por si fuera poco, son utilizados como propaganda y manipulación política.

Por otro lado, como consecuencia de una política que favorece la desigualdad, nos encontramos con porcentajes de pobreza muy similar a hace 20 años. (46.2 % y en extrema pobreza 9.5). Donde solamente los “no pobres” y no vulnerable es de solo 20.5%. Esto tiene su explicación en que los beneficios del insuficiente crecimiento económico se va a un reducido porcentaje de la población. El 10% más rico posee el 64% de toda la riqueza del país; los 16 mexicanos más ricos acumulan 142, 900 millones de dólares. La desigualdad ha significado que millones de hogares se encuentren con ingresos que no cubren las necesidades mínimas, mientras los hombres más ricos se encuentren en esta posición a base de despojar a las comunidades de sus bienes y recursos más preciados.

Denunciamos que este modelo económico traerá más muerte, despojo y riesgo para las próximas décadas de seguir así.


Posicionamiento por parte del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios como representantes de la región Norte del país en el espacio de organizaciones regionales

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México, D.F., Octubre 5, 2015

Zeid Ra’ad Al Hussein
Alto Comisionado para los Derechos Humanos

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios acompaña desde el año 2009 a familiares de personas desaparecidas en Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León y Durango, que suman a la fecha, a 519 personas desaparecidas.

Las desapariciones en el noreste del país surgen a raíz de la llamada “guerra contra el narcotráfico”, particularmente por la disputa entre grupos del crimen organizado que con el apoyo o aquiescencia del Estado, ha resultado en un nivel de violencia exacerbado.

De acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el noreste del país entre 2008 y 2014, el número total de expedientes abiertos por homicidios dolosos es de 17,983 que pueden incluir más de una víctima. De estos, el año 2011 registra 4,282 como el año de mayor número de homicidios en la región.

Por su lado el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación, reporta un total nacional de 26,599 personas extraviadas o desaparecidas1. La región noreste representa poco más de la tercera de esa cifra con 9,512 personas.

Tanto el Secretariado Ejecutivo como el RNPED recogen la información de las averiguaciones abiertas de las Procuradurías locales y de la Procuraduría General de la República (PGR), lo que significa un subregistro del número de delitos reales dado que “la cifra negra” de delitos no denunciados es del 92%. El número total de personas desaparecidas podría llegar a números de seis cifras.

En Coahuila hemos documentado de primera mano, 158 eventos de desaparición entre 2008 y 2013, que representan 357 víctimas, de las que se desconoce su paradero a consecuencia de la privación de su libertad por agentes del Estado, por grupos del crimen organizado o la combinación de estos. En 22 eventos hemos podido documentar el involucramiento directo de autoridades en la desaparición, siendo la más recurrente la actuación de las fuerzas municipales de seguridad pública, quienes en todos los casos detienen injustificadamente a las víctimas para posteriormente entregarlas a grupos del crimen organizado, y ocultar su paradero, en un patrón que se repite en Nuevo León, Tamaulipas y Durango.

Si bien 22 eventos son pocos con respecto a los 158 registrados, estos se distribuyen en 6 municipios, donde ocurrieron el 81% (133 casos) de las desapariciones registradas por el Centro de Derechos Humanos en Coahuila, lo que hace muy posible que la cifra de desapariciones cometidas por autoridades en colusión con el crimen organizado, sea significativamente más alta.

Frente a este panorama generalizado sólo hemos encontrado impunidad. De 61 casos que acompañamos jurídicamente sólo 4 se han consignado ante un juez, y a la fecha, no hay ninguna sentencia firme; 57 casos siguen en investigación después de 3 años o más. En ningún caso existe información sobre la suerte o el paradero de las víctimas.

En la lucha de las madres de los desaparecidos, el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado ha sido fundamental para entablar un diálogo con el gobierno, y para avanzar en una legislación que reconozca la desaparición forzada y atienda las necesidades de las familias que en su mayoría quedaron desamparadas por la desaparición. Sin embargo no es suficiente.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas ha sostenido que las desapariciones en México se dan en un contexto generalizado y expresiones similares han tenido el relator contra la tortura y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales con respecto a los temas de su propio mandato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo sintetizó recién, diciendo que “México vive una grave crisis de derechos humanos”.

Esta crisis hunde sus raíces primero, en una profunda corrupción en donde ya no se sabe dónde acaba la autoridad y dónde comienza la mafia; y en una igualmente grave incapacidad institucional que cierra la pinza de la impunidad, condenándonos a que las graves violaciones a derechos humanos se repitan.

El descrédito y la desconfianza en las instituciones han mermado el estado de derecho y el sentido mismo del Estado. No necesitamos una Oficina del Alto Comisionado en esa lista desprestigiada.

En el contexto de la renovación del acuerdo de las actividades de la Oficina en México y considerando la resolución 48/141 donde expresa que el Alto Comisionado deberá f) Desempeñar un papel activo en la tarea de eliminar los actuales obstáculos y de hacer frente a los desafíos para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como se refleja en la Declaración y Programa de Acción de Viena, México hoy necesita:

  • Una Oficina en México del Alto Comisionado para los derechos humanos que oriente sus prioridades para romper la espiral de corrupción e impunidad, como condición para que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho. La cooperación técnica que brinda debiera orientarse hacia la construcción de modelos contra la corrupción y contra la impunidad, quizá con el apoyo de otras agencias y expertos internacionales.

  • Una Oficina en México que levante la voz, señalando las obligaciones del Estado mexicano frente a las violaciones a derechos humanos pero sobre todo reivindicando públicamente los derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos. La labor de monitoreo y observación debiera mostrar sus resultados de manera pública y constante a través de informes periódicos y temáticos, y pronunciamientos de prensa.

Las organizaciones de derechos humanos y los colectivos de víctimas hacemos votos porque así sea.

Atentamente,

Michael W. Chamberlin

1 www.rnped.segob.gob.mx. Consultado el 04/10/15

 

Posicionamiento por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en el espacio para expresar la posición de la Sociedad Civil en torno al modelo y rol de la oficina de la ONU-DH en México

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INTERVENCIÓN EN EL MARCO DE LA VISITA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Sea muy bienvenido a México y gracias por este espacio, el cual valoramos mucho. Hace 22 años, cuando se adoptó la Declaración y Programa de Acción de Viena no hubiéramos pensado en el avance de los derechos humanos en el discurso, en la ley y en la visión integral e interdependiente de los mismos. Hoy en día, México es un indiscutible actor en el ámbito internacional. Las reformas de derechos humanos en Naciones Unidas; el impulso de tratados; la defensa de la CIDH en el mal llamado Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano; y la promoción de otras discusiones en organismos multilaterales (como la OEA y la CELAC), son solo algunos ejemplos de su rol.

No obstante, nuestro país tiene que ser congruente en el ámbito interno. La grave crisis de derechos humanos (calificada así por varios mecanismos de Naciones Unidas y recientemente por la CIDH), tiene que ser atendida.

El contexto que ha escuchado el día de hoy evidencia la urgencia que tenemos de que se monitoree el actuar público y que se apoye a las instituciones cuando tienen voluntad y capacidad de realizar transformaciones estructurales. Hoy más que nunca necesitamos una Oficina que esté al lado de quienes han sufrido gravísimas violaciones de derechos humanos y las documente. Hoy más que nunca necesitamos una Oficina que funja como un importante canal con los comités y mecanismos de derechos humanos. Hoy más que nunca necesitamos una Oficina se mantenga firme ante serios embates de este país que tiene un peso importante en el ámbito internacional, y para ello el o la nueva representante también jugará un rol fundamental.

Desde 2012 a la fecha, México es el país con mayor número de peticiones presentadas anualmente ante la CIDH, cosa nunca antes vista en la historia del Sistema Interamericano. Ello, sumado a los informes de diferentes comités, relatores y grupos de trabajo, da un panorama complejo respecto de la situación de los derechos humanos en nuestro país.

Dicho ello, retomo algunos temas de las dos cartas que le enviamos recientemente.

En primer lugar, el mandato de la Oficina debe ser lo más integral posible y para ello debe ser al menos el mismo que en otras oficinas. Entre otros, debe poder rendir un informe anual de labores en donde retome las buenas prácticas y también las preocupaciones existentes.

Segundo: y retomando tanto las recomendaciones de la Junta de Síndicos como el plan de trabajo de la Oficina, consideramos que un efectivo monitoreo y apoyo en el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia (para el combatir la impunidad y la corrupción) así como de comisiones públicas de derechos humanos, sería una decisiva apuesta. El de México, es el sistema de ombudsman más caro del continente: para este año, contarán con poco más de 2 mil novecientos millones de pesosi (aproximadamente 170 millones de dólaresii). Si estas oficinas fueran autónomas, técnicamente competentes, si no actuaran en base a intereses políticos y si cumplieran su mandato de manera adecuada, serían importantes aliados en el mejoramiento de la situación de derechos humanos en nuestro país. Todas tienen estatus “A” ante Naciones Unidas.

Tercero: A problemas regionales, respuestas regionales: Mesoamérica es una de las regiones más violentas y desiguales del mundo (especialmente el triángulo norte de Centroamérica). Por ello, un abordaje realista e integral de problemas complejos, transnacionales, con patrones o actores similares como el crimen organizado, la militarización y privatización de la seguridad, migración, trata, los megaproyectos que violen derechos humanos, y los ataques defensoras y periodistas, tendría mayor impacto si las Oficinas incrementaran su trabajo conjunto, al igual que los mecanismos extra-convencionales.

En cuarto lugar, es urgente una estrategia más enérgica respecto del actuar de empresas violatorias de derechos humanos.

Quinto: nos parece muy pertinente la coordinación con los órganos del Sistema Interamericano para el seguimiento de decisiones. Han sido muy atinadas la emisión y supervisión conjunta de pronunciamientos y decisiones de ambos sistemas internacionales de protección (como se hizo en su momento con las sentencias de la Corte Interamericana, que evidencian el impacto del Derecho Internacional en problemas que no habían cambiado en décadas), la visita conjunta de relatores de libertad de expresión en 2010, la diversidad de pronunciamientos en efemérides y creemos que también puede lograrse mucho con el seguimiento al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y del informe de país que emita la CIDH en virtud de su reciente visita.

Sexto: el actuar coordinado de las unidades de la OACNUDH en un estado federal y la importancia de la presencia en las entidades federativas es un gran reto: a parte de las nacionales/federales, tenemos 32 instituciones de todo: transparencia, ombudsman, fiscalías, poderes judiciales y gobernadores. En la abrumadora mayoría de los casos, los grandes problemas de derechos humanos están fuera de la Ciudad de México y por ello es fundamental la presencia de la Oficina. Para defensores y defensoras en riesgo o que impulsan batallas titánicas por la vigencia de los derechos humanos, un pequeño gesto da esperanza.

Finalmente, resaltamos las diversas intervenciones que el personal de su Oficina hatenido como mediador y propiciador del diálogo entre autoridades, sociedad civil y víctimas, la cual esperamos que continúe. Termino como inicié: a más de 20 años de Viena, hoy más que nunca agradecemos y necesitamos la presencia de la Oficina en México, que aborde todos los derechos en su integralidad.

i En total, $ 2,916,032,716.26 de pesos. La información fue tomada de los presupuestos expuestos como información obligatoria de transparencia en los sitios web de cada una de los organismos públicos de derechos humanos.
ii A un tipo de cambio de 17 pesos por dólar, serían US $171,531,336.25.