Acción Urgente: CEPAD | Se absuelva a integrantes de la Comunidad indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados

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AU/CEPAD/01/2015

Guadalajara, Jalisco, a 6 de octubre de 2015

Gobernador del Estado de Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco
Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes

Magistrado Presidente de la Sexta Sala Manuel Higinio Ramiro Ramos
Magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos

Magistrado Celso Rodríguez González
Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez

P r e s e n t e s

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD), es un organismo de la sociedad civil con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, autónomo e independiente, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos individuales y colectivos. Estamos integrados a la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 75 organizaciones de la sociedad civil cuya labor fundamental consiste en la promoción y defensa de los derechos humanos en distintas regiones del país. Nuestras actividades se ciñen en lo dispuestos por la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, de las Naciones Unidas. Por tal virtud, acudo ante ustedes a promover la siguiente:

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ACCIÓN URGENTE

Se absuelva a integrantes de la Comunidad indígena Coca de Mezcala de delitos fabricados

El CEPAD acompaña jurídicamente a la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de Asunción, Municipio de Poncitlán, Jalisco, en el proceso penal injustamente instaurado en contra de algunos de sus integrantes, acusados por el delito de daños a las cosas en perjuicio del empresario Guillermo Moreno Ibarra, quien desde 1999 se encuentra en posesión ilegal de 10 hectáreas del territorio comunal con la protección de diversa autoridades municipales, estatales y federales. Aunque es una cultura milenaria, la comunidad cuenta con títulos virreinales que datan de 1534 por la corona española y desde 1668 existen documentos que ordenan la restitución de tierras a su favor, reconociéndose sus derechos territoriales y de su isla, así como a sus autoridades comunales.

ANTECEDENTES

A) Ubicada en la ribera norte del Lago de Chapala, la Comunidad Indígena Coca de Mezcala tiene muy presente el movimiento de Independencia, al refugiar a insurgentes buscados por los Realistas tras la derrota de Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Sumada la comunidad Coca a la causa independentista, mantuvo junto con los insurgentes de 1812 a 1816 la defensa de su Isla. Existe un documento del gobierno español donde se compromete a aniquilar al pueblo de Mezcala por ser el único foco de resistencia de los “indios salvajes” en Nueva España. Los pobladores enfrentaron muchas batallas contra militares de la Corona que trajeron marinos incluso desde el puerto de San Blas al “mar chapálico”, y los isleños se hicieron de armas conforme vencían a los españoles. La única arma de Mezcala era la honda, que hasta la fecha se utiliza1.

B) En 1999, el empresario Guillermo Moreno Ibarra se apoderó de diez hectáreas del territorio comunal y forestal, motivo por el cual las autoridades indígenas demandaron su inmediata restitución. Después de varios cambios con motivo de los ajustes jurisdiccionales en los Tribunales Unitarios Agrarios, actualmente corresponde conocer al Tribunal Unitario Agrario Distrito 15, radicado bajo expediente 475/2013. En este procedimiento se dictó sentencia, reconociendo los derechos de la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción, ordenando al Señor Guillermo Moreno Ibarra la desocupación y entrega de la superficie invadida. Con esta sentencia el invasor se inconformó y a la fecha está pendiente se dicte nueva sentencia.

C) Es importante mencionar que a partir de la ilegal ocupación, el invasor ha desmontado un área forestal (bosque) y ha construido una casa en la cima del cerro, resguardada por una malla metálica electrificada y una brecha exclusiva para que circulen sólo sus vehículos. Además ha desviado cauces de barranquillas, todo con la complacencia o permisibilidad de las autoridades del municipio de Poncitlán, Jalisco, de la Comisión Nacional de Agua (CNA), Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente (PROFEPA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Procuraduría Agraria (PA), sin que estas autoridades actuaran, a pesar de las denuncias o quejas presentadas por individuos y el Comisariado del Bienes Comunales.

D) En Asamblea de Comuneros, de fecha 22 de marzo de 2011, se acordó hablar con el invasor Guillermo Moreno Ibarra, para que retirara el panel solar que pretendía instalar en predio “El Comal”, con el propósito de hacer una represa para retener agua y bombearla hasta la finca que construyo en la parte alta del cerro conocido como “El Pandillo”, además provocaría dejar sin agua a los animales de los comuneros y a los que habitan en los cerros cercanos. El 10 de abril de 2011, la asamblea de la comunidad acuerda entrevistarse con el invasor, sin embargo, al pretender hacerlo, en el camino de terracería cerca del predio invadido, fueron recibidos con detonaciones de armas de fuego por personas que se encontraban en las inmediaciones de la casa de Moreno Ibarra. Los hechos fueron denunciados ante la Delegación en Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo la autoridad hasta la fecha ha sido omisa.

Los actos que consideramos dieron motivo a la integración de un juicio injusto, son los siguientes:

HECHOS

A) El 14 de abril de 2011, el prestanombres Crescenciano Santana presentó ante la Agente Ministerio Público de Ocotlán, Jalisco, una denuncia en contra de seis integrantes de la Comunidad a la que posteriormente se sumaría el invasor Guillermo Moreno Ibarra. En la integración de la averiguación previa se dieron diversas inconsistencias jurídicas, una de ellas, no menos importante, es que los acusados no fueron citados para que conocieran el contenido de la denuncia, saber quién los acusaba, ni las pruebas que los incriminaban. Es muy importante señalar que en contra de seis de las diez personas no había acusación o querella.

B) La lideresa indígena Rocío Moreno, fue detenida el martes 6 de septiembre del 2011, a las 17:30 horas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por dos agentes de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia. Uno de los agentes se hizo pasar por periodista y, mediante engaños, la citó a través de su teléfono celular para realizarle una entrevista sobre la isla de Mezcala. Estando Rocío Moreno en la puerta del diario Milenio Jalisco, era uno de los dos agentes, haciéndose pasar por miembro de la redacción de dicho periódico, se acercó a ella.

C) El 13 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de Rocío Moreno, dejándola en libertad por falta de elementos para procesar, toda vez que se comprobó que ella, el día de los hechos, estaba en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, atendiendo asuntos escolares. Esta resolución fue apelada por el Agente del Ministerio Público, correspondiendo conocer de la apelación a la Sala Décima Primera, quien confirmó la resolución de libertad. Para evitar su detención, los otros miembros de la comunidad se presentaron al Juez que los requería.

D) El 18 de septiembre de 2011, el Juez Penal resolvió la situación jurídica de los 9 miembros de la Comunidad: Casciano Pérez Magallón, Cirilo Rojas López, Vicente Paredes Perales, Jorge de los Santos Pérez, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, José Abraham de la Paz Sanabria, Ismael de los Santos González, Salvador de la Rosa Paredes y Petra Sanabria Claro, decretando auto de formal prisión por el delito de daño en las cosas. Con el depósito de una cuantiosa fianza, fueron dejados en libertad bajo caución.

E) El 27 de mayo de 2015, el Juez Penal de Ocotlán, Jalisco, dictó sentencia en contra de los miembros de la comunidad indígena, teniéndolos responsables del delito de daño en las cosas, condenándose a 8 miembros de la comunidad a la pena de 2 años 6 meses y 15 días de prisión. Esta sentencia fue apelada y en los agravios se hicieron valer las violaciones cometidas al debido proceso y la inobservancia mínima del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas.

F) La apelación a la sentencia antes citada, fue turnada a la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, integrada por los Magistrados Celso Rodríguez González, Manuel Higinio Ramiro Ramos y Esteban de la Asunción Robles Chávez registrada bajo el Toca número 880/2015. El 2 de septiembre de 2015 se celebró audiencia de vista.

G) Hasta la fecha no se ha dictado sentencia por parte de la Sexta Sala, ni se ha informado el nombre del Magistrado que está a cargo de proponer la sentencia de apelación, esto contraviniendo el derecho a la información que tanto procesados y abogados tenemos en todo tiempo a saber, constituyéndose en una violación al debido proceso.

Por todo lo antes expuesto, exigimos lo siguiente:

Primero. Al Gobernador del Estado de Jalisco, que ordene se investigue los hechos donde interviene el personal del Ministerio Público adscrito a Poncitlán, Jalisco, y determine las violaciones procesales en generadas por el personal, así como al papel que ha jugado el representante social adscrito al Juzgado penal en Ocotlán, Jalisco.

Segundo. Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco, que en el ámbito de su responsabilidad, vigile que se imparta justicia, pronta y expedita, al considerar que miembros de la comunidad indígena han sido injustamente condenados. Así también exigimos dicte medidas necesarias para iniciar procedimiento administrativo en contra del C. Licenciado Oscar Martín Morales Vázquez, Juez de Primera Instancia en Materia Penal en Ocotlán, Jalisco, por las irregularidades graves cometidas y consentidas en el proceso penal de origen y que han derivado en la condena injusta en contra de miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala.

Tercero. A los Magistrados integrantes de la sexta sala, exigimos atiendan los agravios planteados, derivados de las violaciones cometidas al debido proceso y a la falta de aplicación del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. En consecuencia se absuelva a los condenados (Miembros de la Comunidad Indígena Coca de Mezcala de la Asunción, Poncitlán, Jalisco) del delito que injustamente se les señala.

Esta petición es formulada bajo el manto de la garantía consagrada en el artículo 8 de la Constitución General de la República.

Atentamente

César Octavio Pérez Verónica

Director ejecutivo

defensa@cepad.org.mx

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Calle Madero 836, colonia Americana Oriente. C.P.44160

Teléfono y fax 52 (33) 3613-4066

Guadalajara, Jalisco. MÉXICO.

www.cepad.org.mx

Les pedimos a las personas y organizaciones locales, nacionales e internacionales, solidarias con esta AU que marquen copia al correo interlocucion@cepad.org.mx

Los correos a donde hay que dirigir la Acción Urgente son los siguientes:

Gobernador del Estado de Jalisco

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Correo electrónico: aristoteles.sandoval@jalisco.gob.mx

http://www.twitter.com/AristotelesSD

http://www.facebook.com/jaristoteles.sandoval

Teléfono: 36681800 extensiones 34814 y 55850

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco:

Magistrado Luis Carlos Vega Pámanes

presidente@stjjalisco.gob.mx

https://twitter.com/supremotribjal

https://www.facebook.com/SupremoTribunaldeJusticiadelEstadodeJalisco

Teléfono: 12001500 extensión 303

Magistrados integrantes de la Sexta Sala:

Magistrado Presidente Manuel Higinio Ramiro Ramos

maghiginio@stjjalisco.gob.mx

Teléfono: 12001500 extensión 342

Magistrado Celso Rodríguez González

magcelso@stjjalisco.gob.mx

Teléfono: 12001500 extensión 301

Magistrado Esteban De La A. Robles Chávez

magesteban@stjjalisco.gob.mx